Fuenlabrada blindará su reglamento para evitar otro "bochornoso espectáculo" como el de Noelia Núñez

El Ayuntamiento de Fuenlabrada no quiere revivir una situación como la que protagonizó la exconcejala y exportavoz del PP, Noelia Núñez, que se vio obligada a dimitir el pasado mes de julio tras reconocer que había mentido en su currículum. Para eso, ha puesto marcha un proceso de modificación del Reglamento Orgánico Municipal con el objetivo de evitar que se repitan episodios así.

La propuesta, impulsada por el equipo de gobierno y aprobada con los votos favorables de PSOE y Más Madrid —y el rechazo de PP y Vox—, subraya que resulta "necesaria" una actualización del reglamento para impedir lo que califica de "bochornoso espectáculo" que terminó con la renuncia de Núñez a todos sus cargos.

Esta iniciativa abre un periodo de debate en el que esperan que se impliquen todos los grupos municipales para establecer un marco normativo que refuerce la transparencia y evite lo que la moción define como "una estafa a la ciudadanía" y "una falta de respeto".

El consistorio sostiene que "las instituciones deben velar para que esto no vuelva a repetirse por el bien de la sociedad", en palabras recogidas en el texto aprobado, que además reclama "dar pasos que mejoren la calidad corporativa" de la institución.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha expuesto que lo que ha pasado este verano ha sido "el detonante", pero que la advertencia de que debían modificar este reglamento para actualizarlo a la nueva normativa venía de antes.

El antecedente Núñez

La polémica estalló en verano, cuando Noelia Núñez reconoció públicamente que no había completado el doble grado universitario que figuraba en su currículum. La dirigente del PP dejó entonces su acta de concejala, su puesto como portavoz del grupo popular en Fuenlabrada, su escaño en el Congreso de los Diputados y su cargo de vicesecretaria general en el Comité de Dirección del PP nacional.

El documento aprobado también alerta del riesgo de que se normalicen "los bulos y discursos autoritarios y populistas que buscan socavar la democracia", y plantea la reforma del reglamento como un ejercicio de "autoexigencia política" destinado a blindar la confianza ciudadana en las instituciones locales.