PROTESTAS PROPALESTINAS
Cibeles reitera su intención de querellarse contra el Gobierno por las protestas de la Vuelta
Los servicios jurídicos municipales están "estudiando todas las posibilidades", según la vicealcaldesa, que ha exigido la dimisión del ministro del Interior y del delegado del Gobierno

Inma Sanz atiende a los medios este martes. / Ayuntamiento de Madrid

Como ya avanzara la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - quien en una entrevista el lunes contó que había hablado con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para evaluar el "perjuicio económico y de imagen" causado por las protestas de la Vuelta-, esta mañana la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, ha confirmado la intención del Ayuntamiento de querellarse contra el Gobierno central por el boicot a la competición.
En declaraciones a los medios tras un acto, Sanz ha insistido en la mala imagen y el "daño reputacional" causado a la capital "de manera consciente" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que en palabras de la portavoz municipal "permitió esas actitudes violentas" que resultaron en 22 policías heridos, y ha anunciado que el Consistorio está estudiando "todas las posibilidades" para exigir responsabilidades a Moncloa.
"Los servicios jurídicos son los que lógicamente tendrán que ver si hay alguna vía, alguna posibilidad en ese sentido", ha detallado Sanz, antes de subrayar que desde el Consistorio no van a cesar de "denunciar que ya está bien este ataque sistemático y permanente a Madrid por parte de del Gobierno de España", incluyendo lo sucedido el domingo, que "fue exactamente lo que el Gobierno de la Nación quiso que ocurriera".
Preguntada por la información publicada este martes por El Mundo, en la que afirma que la policía identificó a supuestos miembros condenados de la kale borroka durante las protestas del domingo, la portavoz municipal ha asegurado no tener información al respecto, pero ha conminado a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska a "explicar" la presencia de estos individuos, así como de otros "vinculados a grupos del entorno de Hamás".
De confirmarse, ha apuntado Sanz, no se trataría de "cuatro antisistemas que han vuelto locos en Madrid", sino de personas "condenadas por kale borroka" y "personas vinculadas a grupos terroristas", por lo que "la irresponsabilidad en la que incurrió el gobierno de España el domingo, desde luego debe tener consecuencias".
En este sentido, la vicealcaldesa ha vuelto a exigir la dimisión de Marlaska y del delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, por el "absoluto fracaso"del dispositivo de seguridad desplegado y por no ser "dignos de estar al frente de un cuerpo que se está jugando la vida y su integridad física por personas que les dejan abandonadas”.
Finalmente, la delegada de Seguridad y Emergencias también ha valorado la declaración realizada este mismo martes por la comisión de investigación de la ONU, en la que ratifica que, efectivamente, Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, afirmando que "hay que dejar trabajar" a la Corte Penal Internacional para determinar si se aplica esa calificación o no. Hasta la fecha "no había esa solicitud" y las causas abiertas contra Netanyahu "no eran por este tipo jurídico concreto", ha argumentado Sanz, antes de invitar a "esperar a ver qué se concluye en esa Corte Penal".
El Ayuntamiento seguirá pagando el patrocinio de la Vuelta
En otro orden de cosas, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado favorable a mantener el pago del patrocinio de la Vuelta Ciclista a España, pese a que la última etapa no concluyera en Cibeles, porque considera que sería "injusto" añadir un perjuicio económico al daño ya causado a la "imagen internacional".
En una entrevista en Cope esta mañana, el regidor popular ha recordado que el Ayuntamiento tiene un contrato de patrocinio con la organización y ha defendido que "si La Vuelta no se pudo acabar no es porque la organización no hiciera todos los esfuerzos necesarios para que se pudiera celebrar".
Almeida ha insisitido en que le parece "un tanto injusto que, además de castigar la imagen internacional, encima tuvieran que sufrir un perjuicio económico y un castigo". En este sentido, ha subrayado que "en mi opinión, desde luego deberíamos mantener y pagar ese patrocinio", antes de añadir que, si existiera algún obstáculo administrativo, se buscarán soluciones alternativas para solventarlo.