Madrid refuerza el control en urgencias para detectar nuevas drogas: una medida preventiva ante "una verdadera epidemia"

La Comunidad de Madrid pone en marcha un nuevo protocolo de actuación para detectar la presencia de nuevas drogas en pacientes atendidos en los servicios de urgencias de los hospitales públicos. Una medida con la que se pretende prevenir una crisis sanitaria ante la detección del auge de sustancias psicoactivas.

Se trata de drogas de diseño, muchas de ellas aún legales, de fácil síntesis, alto riesgo para la salud y distribución masiva a través de canales digitales. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha señalado durante la firma del protocolo, que “pueden convertirse en una verdadera epidemia si no se actúa con rapidez”, en alusión directa al caso del fentanilo en EE.UU.

"Un fenómeno creciente"

Las muestras se recogerán en pacientes atendidos por sospecha de consumo de estas sustancias en urgencias y serán analizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid. Durante la fase piloto, en la que participan cinco hospitales públicos de la región, ya se han identificado drogas de nueva generación en seis pacientes.

Desde el inicio de 2025, se han registrado 79 muertes relacionados con el consumo de drogas en Madrid, dos de ellos vinculados a nuevas sustancias. "Estos datos confirman que estamos ante un fenómeno creciente al que debemos hacer frente desde todos los frentes posibles", ha añadido el consejero.

A partir de la información recogida, se elaborarán indicadores que permitirán seguir la evolución de estas sustancias, evaluar su impacto y ajustar las estrategias de prevención.

Compromiso institucional

Por otro lado, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha subrayado que Madrid es la única comunidad autónoma que cuenta con un plan regional "pionero y realista" contra las drogas, peor insiste en que esta lucha “requiere la implicación de toda la Administración y de la sociedad en su conjunto”.

El protocolo tendrá una duración inicial de dos años y podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro. Su implementación representa un paso clave en la detección precoz y la reacción rápida ante amenazas emergentes.