Vecinos de un edificio de Lavapiés presentan la primera querella por acoso inmobiliario en España

Ha pasado más de un año desde que los vecinos y vecinas de Tribulete 7 se enteraron de que la socimi Elix Rental Housing había comprado todo el edificio, situado en el barrio de Lavapiés (Madrid). En este tiempo, aseguran que han sufrido "presuntas coacciones y amenazas" para que se vayan. Muchos no lo han hecho. Ahora, han presentado la que es la primera querella colectiva por acoso inmobiliario de España.

Durante todos estos meses, los vecinos que siguen en el edificio se han unido para resistir en sus casas alquiladas. Algunos llevan allí años; otros, más de tres décadas. Aseguran que la idea del fondo es echarlos para "sustituirlos por turistas". Y lo harían, supuestamente, dañando algunas de las viviendas.

Por eso, apoyados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el pasado 22 de mayo presentaron esta la querella colectiva de España por acoso inmobiliario y coacciones. Afirman que, desde que tuvieron conocimiento de que Elix Rental Housing, el fondo inmobiliario gestionado por AltamarCAM Partners, quería comprar el edificio han "sufrido presuntas coacciones y amenazas", unas "más sutiles y otras menos", con el objetivo de que abandonen los hogares.

Obras

La compra se hizo efectiva en marzo del año pasado. Ocho meses después, en noviembre, los vecinos exponen que la sociedad inició las obras con los inquilinos viviendo allí. Desde entonces, aseguran que se "han sumado repetidos episodios de lo que se conoce como presunto mobbing inmobiliario para conseguir" que abandonen sus viviendas alquiladas lo antes posible.

"Tanto el fondo como el arquitecto y los obreros nos habían dicho que no iban a picar sobre las viviendas mientras estuviésemos allí", explica una vecina a este periódico. Pero, según lamenta, no ha sido así. "De hecho, un vecino se tuvo que ir porque le caía un caño de agua en el comedor. Su vivienda quedó inhabitable. Como algunos pisos están vacíos, hay goteras que se han estancado, provocando que el agua llegue incluso a la segunda planta (el edificio tiene seis)", afirma. Las fuertes lluvias del invierno en Madrid no ayudaron.

Añade que el fondo apunta que las goteras provocadas han sido "una cosa fortuita" y niega que haya esa intencionalidad en las obras. Por el contrario, los informes de la policía y los bomberos, que "han tenido que intervenir en más de cuatro ocasiones desde que se iniciaron las obras", como recogen en un comunicado, si muestran haber visto "indicios".

La versión de la socimi es distinta. Exponen que las obras acometidas en el edificio "están orientadas a la mejora de la accesibilidad, el refuerzo estructural del arranque de los pilares y la renovación de la cubierta, acciones imprescindibles para garantizar la seguridad y habitabilidad del inmueble, en línea con las especificidades técnicas del Ayuntamiento de Madrid".

"Como propietarios, existe la responsabilidad legal de ejecutar estas mejoras para proteger a los residentes mantener el inmueble en condiciones de uso y, para dichas obras, la compañía cuenta con todos los permisos necesarios según la normativa vigente", explican a este periódico. También señalan que han ofrecido "desde el inicio alternativas para los vecinos" que se han visto afectados de forma directa por las obras, "poniendo a su disposición opciones de reubicación temporal en otras viviendas y alojamientos adaptados a sus necesidades".

Los vecinos insisten en que ni son "obras necesarias" -hablan de un solárium en la cubierta, por ejemplo-, ni les facilitan el plan completo de las mismas.

Más de un año de reivindicaciones

Mientras tanto, las negociaciones no avanzan para todos. Durante más de un año, la comunidad de Tribulete 7 ha llevado a cabo varias reivindicaciones junto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Tras convertir las viviendas en un auditorio el 3 de febrero del año pasado, de sacar los muebles de sus casas a la calle el 17 de marzo y de celebrar un funeral por la muerte de los barrios con Biznaga tocando en los balcones el 14 de diciembre, ahora pasamos a la vía judicial para intentar detener esta escalada descontrolada de especulación inmobiliaria que está expulsando a los vecinos que, como los de Tribulete 7, pagan el alquiler con las nóminas de sus trabajos", añaden en el comunicado.

Ni quieren irse de su edificio ni de Lavapiés, un barrio que, según un informe publicado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid en 2024, ha perdido 10.000 vecinos en los últimos cinco años.