La nueva Ley de Ordenación del Turismo regional reconocerá expresamente las viviendas turísticas entre las modalidades de alojamiento

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado en su reunión de hoy la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública de la futura Ley de Ordenación del Turismo, un texto que actualizará la actual, de 1999 y que, entre otras cuestiones, actualizará y elevará a rango legal nuevas modalidades de los servicios de alojamiento. En esas nuevas modalidades se dará cabida a las viviendas de uso turístico, no reconocidas en el catálogo actual. También a otras modalidades como los hostels o las áreas de acogida y pernocta de autocaravanas.

La nueva ley que de esta forma inicia su tramitación mencionará expresamente a las viviendas turísticas. Actualmente, el catálogo de modalidades de alojamiento no menciona más que a establecimientos hoteleros, apartamentos, campamentos y establecimientos de turismo rural, si bien incluye un epígrafe que sirve de paraguas para "cualquier otra que reglamentariamente se determine".

El texto, en estado todavía muy preliminar a la espera de las aportaciones de ciudadanos y organizaciones que surjan, no regulará, no obstante, las viviendas turísticas, ha avanzado el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García. "No es una cuestión que será regulada de manera específica a través de esta ley, pero se recogerá en el catálogo como una modalidad más de turismo".

García ha avanzado, en cualquier caso, que la nueva ley favorecerá el uso de las declaraciones responsables como medio para el inicio de actividad con objeto de aligerar cargas burocráticas. "Es una práctica generalizada de este Gobierno", ha subrayado. "Creemos que hay que dinamizar la actividad económica y hay que facilitar que aquellos que quieren iniciar una actividad, en este caso en el sector del turismo, puedan abordarlo", ha declarado no sin insistir en que para garantizar el cumplimiento de las normas existen los mecanismos de inspecciones y revisiones.

Entre las principales novedades, se encuentra también el cambio del régimen sancionador. Según García no se endurecen las sanciones pero se adapta el régimen, entre otras normas, a la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Se establece un plazo máximo de seis meses para resolver estos procedimientos, así como las reclamaciones y solicitud de dispensas en alojamientos turísticos.

Además, se ampliarán los derechos y deberes de los usuarios, así como los de las empresas y establecimientos del sector. En este sentido, también se incorporará un artículo sobre seguros y garantías. La actualización de la norma incluye también la mención a la libertad de precios de la actividad turística.