CCOO y UGT protestan contra una ley que consolida "la infrafinanciación crónica" de las universidades con Ayuso y los rectores en Miami

Con el curso prácticamente terminado, un bochorno castigador y la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación y cuatro de los seis rectores de las universidades públicas en Miami en un viaje para promocionar el sistema universitario de la región, alrededor de una sesentena de personas se han concentrado esta tarde ante la sede de la Consejería de Educación en protesta contra lo que se va conociendo de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc). Una ley, que según el borrador hasta la fecha conocido, "consolida la infrafinanciación crónica de nuestras universidades", según han denunciado en un manifiesto UGT y CCOO, convocantes de la manifestación.

A juicio de los sindicatos, el modelo hacia el que apunta Sol vincula la sostenibilidad de las universidades, ya bastante comprometida, "a la captación de fondos privados". Además, bajo el pretexto de potenciar la excelencia, entienden los responsables de UGT y CCOO, "abre la puerta a la privatización, priorizando convenios empresariales que condicionarán la agenda investigadora y la oferta académica". El borrador conocido establece un modelo de financiación plurianual por seis años con tres componentes, una financiación básica, una segunda parte de financiación específica y una tercera pata vinculada a objetivos.

El texto establece, además, posibles herramientas de autofinanciación para las universidades con el objetivo de que completen sus ingresos propios. La cifra que se viene manejando, no explicitada en el borrador, es que las universidades sumen con sus propios recursos hasta un 30% de su presupuesto. Un aspecto especialmente criticado. "No es una visión realista", denuncia ante la sede de la Consejería Jesús Escribano, secretario de Universidades de CCOO Madrid. "Esto no lo concibes en cualquier otro ámbito de la administración pública. Tú no financias el 70% de un hospital ni el 70% de un colegio. Eso significa sobrecargar las tasas universitarias y luego buscar unos recursos que es muy difícil de encontrar".

El asunto económico no obstante, no es el único que preocupa a los sindicatos. "Al amparo de 'regular la convivencia', introduce un régimen sancionador que limita la libertad de expresión, de reunión y de cátedra, amordazando la crítica y penalizando la protesta", han denunciado. En el borrador se contemplan sanciones de hasta 100.000 euros por permitir manifestaciones no autorizadas contra actividades permitidas o de 15.000 euros por colocar una pancarta sin permiso.

"Ante ese panorama exigimos la retirada inmediata del anteproyecto y la apertura de un proceso de negociación real, con calendario, actas públicas y participación efectiva de estudiantes, delegadas y delegados de personal docente investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios y las diferentes plataformas y asociaciones de la comunidad universitaria", han leído los convocantes. Pese a las reiteradas afirmaciones de que el proyecto de ley universitaria está siendo consensuado, los sindicatos afirman que solo ha habido con ellos una reunión, el pasado septiembre.

Una exigencia, sin embargo, que el consejero, Emilio Viciana, difícilmente habrá escuchado, pues se encuentra a más de 7.000 kilómetros, en Miami, adonde ha acudido junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para tratar de atraer estudiantes internacionales, particularmente latinoamericanos, hacia las universidades madrileñas. Junto a ellos han viajado cuatro de los seis rectores de las universidades públicas madrileñas, los otros dos no han podido por motivos de agenda, para contactar con otras universidades y, según ha asegurado el Gobierno regional, "abordar la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) y recoger todas sus aportaciones y los aspectos esenciales de la financiación para seguir avanzando en la elaboración de la normativa".

El propio gobierno regional ha difundido varias fotos de Ayuso y los rectores a la mesa, particularmente una en una estampa de cordialidad que ha sorprendido a parte de la comunidad universitaria. "Vamos a quedarnos con lo positivo. Esperemos que en esa reunión se haya podido hablar y no quede en una foto hecha para nada, porque el recorte es real", afirma Escribano.