La Asamblea de Madrid insta al Gobierno a paralizar las reformas judiciales promovidas por Bolaños

La Asamblea de Madrid instará al gobierno de la Comunidad a que inste, a su vez, al Gobierno de la nación a retirar los proyectos de reforma judicial impulsados por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por constituir lo que entiende como "un asalto evidente a la independencia del Poder Judicial". Así consta en la proposición no de ley (PNL) aprobada en el Pleno de este jueves de la cámara regional con los votos a favor del PP, grupo que impulsó la iniciativa, y de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

En concreto lo que reclama el texto aprobado es la retirada "inmediata" del proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y de los anteproyectos de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para favorecer que la instrucción en los procedimientos penales pase de jueces a fiscales. La iniciativa coincide con las protestas promovidas por cinco asociaciones de jueces y de fiscales, todas salvo Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales contra estos cambios legales. Tras un parón en toda España el pasado 11 de junio, estas asociaciones han convocado una huelga los tres primeros días de julio.

Según el escrito al que se ha dado luz verde, estas reformas, no solo transgreden "los principios de mérito y capacidad" recogidos en la Constitución para el acceso a la función pública, sino que "atacan sin paliativos la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal, afectando de esta forma la separación de poderes". Entre otras cuestiones, la reforma que impulsa Bolaños introduce el llamado cuarto turno para la carrera fiscal y lo amplía en el caso del acceso a la carrera judicial. Este cuarto turno alude al acceso a la judicatura de juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional sin tener que superar la oposición de llamado turno libre. También contempla un sistema de becas para opositores o la inclusión en el examen de una prueba escrita para valorar el razonamiento jurídico.

La PNL reclama también financiar a las comunidades autónomas con las competencias de justicia transferidas, como es Madrid, para hacer frente a los costes de aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, la conocida como ley Bolaños, que establece en su articulado, además de otros aspectos, la obligatoriedad de acudir a órganos de mediación antes de presentar una demanda judicial en matera civil o mercantil. Cálculos del ejecutivo regional sitúan esos costes en 44 millones de euros solo en el primer año.

La Asamblea madrileña pide de esta forma al gobierno madrileño que eleve sus reclamaciones al de Sánchez. Una invitación, no obstante, que el gabinete regional no necesita. La propia Isabel Díaz Ayuso lleva meses denunciando en una escalda de su discurso la pretensión que atribuye al presidente del Gobierno de transformar España en una "democracia popular" por encima de la ley y es rara la semana en que el portavoz de su ejecutivo y consejero de Justicia, Miguel Ángel García, no arremete contra estas reformas tras la reunión del Consejo de Gobierno. La Comunidad, de hecho, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la Ley de Eficiencia, única de estas normas ya aprobada y en vigor.