Vecinos de Madrid reclaman al Defensor del Pueblo el cierre de Valdemingómez por incumplir la normativa europea

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado formalmente este miércoles la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para paralizar la actividad de la incineradora de Valdemingómez hasta que se resuelvan las graves irregularidades detectadas en su funcionamiento. En un escrito registrado esta mañana, la organización vecinal reclama el cese inmediato de las operaciones en la planta de Las Lomas, ubicada en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, ante la falta de adaptación a las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) que la Unión Europea exige desde diciembre de 2023.

En el escrito, la FRAVM denuncia que, año y medio después del plazo legal establecido, la Comunidad de Madrid no ha emitido una Autorización Ambiental Integrada (AAI) actualizada que incorpore dichas MTD de obligado cumplimiento. "Existen evidencias de que la incineradora no ha adaptado plenamente sus instalaciones ni sus procedimientos a los valores límite de emisión ni a las condiciones operativas exigidas", señala la federación en una nota.

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Entre las nueve irregularidades documentadas por la entidad, destaca que la planta opera actualmente con una AAI caducada. Además, durante el proceso de revisión de la autorización, la documentación pública reveló que la instalación carece de elementos esenciales como un Sistema de Gestión Ambiental adecuado y un Plan de Gestión de Accidentes, ambos exigidos por la UE.

La incineradora también incumpliría el Reglamento de Emisiones Industriales, sostiene el texto, al omitir la comparación de sus emisiones con los niveles asociados a las MTD y no documentar adecuadamente la monitorización continua de dioxinas, furanos y PCB. Una situación que, según la Federación, vulnera el derecho a la protección de la salud y un medio ambiente sano, reconocido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, especialmente para los residentes en un radio de 10 kilómetros, más expuestos a las emisiones tóxicas.

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A la vista de este cúmulo de irregularidades, la FRAVM alerta en el escrito dirigido a Gabilondo un posible caso "infracción sistemática y continuada" de la legislación ambiental por parte de las autoridades madrileñas, y critica que el Ayuntamiento planea prolongar la vida de la instalación al menos 15 años más, beneficiando a las empresas concesionarias en detrimento de la seguridad ciudadana.

En este sentido, la entidad recuerda que, desde enero de este año, los colectivos vecinales y ecologistas han realizado hasta tres movilizaciones para exigir el cierre de la planta para 2025, compromiso adquirido por el Ayuntamiento durante el mandato de Manuela Carmena. En este sentido, la organización asegura que continuará utilizando "todos los medios a su alcance" para lograr el cese definitivo de la incineradora, cuya actividad, según estudios científicos, representa un riesgo demostrado para la salud pública y el entorno.