Los últimos residentes de San Francisco rechazan el primer intento de desahucio del Ayuntamiento

Más de un año después de que se les notificase la necesidad de dejar temporalmente los apartamentos para acometer unas obras estructurales, este miércoles 18 de junio los últimos cuatro residentes que se resisten a abandonar la residencia de San Francisco, en La Latina, han rechazado el primer intento de desalojo por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Arropados por alrededor de una veintena de personas, incluidas representantes de las Vecinas Corniseras y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, y encabezados por su portavoz y cabecilla de la resistencia, Alejandro Ibáñez, los cuatro han firmado un papel negándose a autorizar el desahucio administrativo. Así, entre pitos, y algún tímido cántico, vecinos y residentes del barrio de Palacio han mostrado su rechazo al alzamiento que permitiría iniciar las obras proyectadas por el Consistorio en el inmueble.

Ya lo avanzó hace unos días el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que el pasado viernes aseguró que el Ayuntamiento no ha tenido "otro remedio" que desahuciar a estas personas que impiden el inicio de las tan "necesarias" obras. El regidor madrileño lamentó también que en todo el tiempo transcurrido no hayan querido "aceptar absolutamente ninguna" de las distintas alternativas habitacionales que se les ha ofrecido para el transcurso de los trabajos.

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Con esta negativa se agota la vía administrativa y se abre la judicial, que previsiblemente terminará con un juez firmando una orden de desahucio. "Entonces ya veremos qué pasa", ha afirmado Ibáñez, que hasta entonces se niega en rotundo a dar su brazo a torcer. Teme, como lo hacen los otros tres residentes que le secundan, que el Ayuntamiento no cumpla su promesa de reubicarles de nuevo en el inmueble una vez terminadas las obras. "Nos quieren desalojar para hacer pisos turísticos", afirma con rotundidad Ibáñez, pero "no lo voy a permitir mientras viva".

Desde el Gobierno municipal niegan la mayor. Fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad que dirige José Fernández insisten en que el único objetivo es subsanar las "importantes deficiencias" que presenta el edificio. Un proceso que, según los técnicos municipales, "debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios y dada la envergadura de los trabajos", indican estas mismas fuentes.

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Seguridad comprometida

Para abordar esta situación, el Ayuntamiento planificó euna reforma integral con un presupuesto de 3,8 millones de euros, cuya ejecución estaba prevista para finales de 2024. Sin embargo, 14 meses después las obras no han podido iniciarse todavía debido a la negativa de estos cuatro últimos residentes a abandonar el inmueble.

En todo este tiempo, el Área de Políticas Sociales ha intentado convencerles para salir, como así lo han hecho los otros 57 residentes del centro. Sin embargo, ante la reiterada falta de respuesta, se activaron los procedimientos legales correspondientes: el pasado 29 de mayo se notificó a los residentes un plazo de cinco días hábiles para el desalojo voluntario de los apartamentos. Tras su negativa a acatar esta disposición, este 18 de junio se ha intentando ejecutar el lanzamiento administrativo.

El Ayuntamiento reitera su compromiso de que, una vez finalizada la obra, todos los residentes podrán regresar a sus mismos apartamentos manteniendo idénticas condiciones económicas. Cabe destacar que las obras permitirán habilitar siete plazas adicionales en unidades actualmente inhabitables debido a sus deficiencias, incrementando así la oferta de vivienda para los madrileños.