Madrid insta formalmente al Gobierno a paralizar las reformas de la justicia en marcha

De los incontables frentes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene con el central, el de la justicia es uno de los que más beligerantemente alimenta. La semana pasada, el portavoz del ejecutivo regional, Miguel Ángel García, a la sazón consejero de Justicia, informaba al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso contencioso administrativo presentado desde Sol contra la Ley de Eficiencia de la Justicia. Hoy, desde el mismo atril, García ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a instar al Gobierno central a que reitre el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación de la Carrera Judicial y Fiscal y desista del anteproyecto para la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El anuncio ha tenido lugar el mismo día en que jueces y fiscales de toda España han protagonizado un parón promovido por la mayoría de asociaciones. Solo Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han rehusado secundarlo.

Entre los argumentos esgrimidos por el portavoz del gabinete de Isabel Díaz Ayuso contra la reforma del acceso a la carrera judicial está la opinión de que orilla los principios de igualdad, mérito y capacidad para promover "un acceso arbitrario a la judicatura". En relación con la modificación del Estatuto fiscal, que adapta esta figura a la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Crimina que hará recaer en ellos en vez de en los jueces la instrucción, García ha asegurado que resta autonomía a los fiscales mientras da un poder "casi absoluto" al fiscal general del Estado, "que en un contexto como el actual, con un fiscal general del Estado al borde de sentarse en el tribunal, nada puede preocupar más a los españoles".

"Estos proyectos, desde luego, suponen un asalto evidente a la independencia del poder judicial, un ataque indisimulado a nuestro estado de derecho, que socava uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la Constitución española y pone en peligro el régimen de libertades y de convivencia que nos dimos todos los españoles en 1978", ha zanjado.