Madrid señala "falta de interés" del Gobierno con los migrantes y "controlar las fronteras" tras la advertirle el TS

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha señalado la "falta de interés" del Gobierno de España para "actuar y ayudar" a los menores migrantes no acompañados y para "controlar las fronteras" tras la amenaza del Tribunal Supremo (TS) de este jueves, en la que apremió al Ejecutivo central a que tomara medidas urgentes para solventar la situación de los más de 1.000 menores migrantes que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo.

En declaraciones a los medios tras su visita a una residencia en Getafe, Dávila ha reiterado que el Gobierno regional lleva "casi dos años" advirtiendo de esta situación. "El Gobierno de España tiene que poner medidas para evitar que las personas sigan perdiendo la vida en el mar tratando de llegar a nuestro país, tiene que activar Frontex, tiene que ponerse a trabajar con los ministerios implicados en el control de fronteras, el de Asuntos Exteriores, el del Interior y el de Defensa", ha desgranado.

Así, Dávila ha agregado también que el Gobierno central "no tiene un plan" y que los 1.000 menores migrantes a los que se refiere el TS son "su responsabilidad". "Esto lo que demuestra es la falta de interés que tiene para actuar, para ayudar a estas personas, para controlar las fronteras. Esto favorece una inmigración irregular en manos de las mafias, que tanto mal hacen para estas personas y en concreto para los menores, que les hacen rehenes y víctimas", ha ampliado.

La migración es uno de los temas que estaba recogido en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, a la que ha acudido la madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así, Dávila ha explicado que iban a incluir estas reclamaciones.

Además, respecto al reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas que lleva meses coordinándose, Dávila ha mencionado que todavía no hay una nueva fecha de reunión de la Conferencia Sectorial para seguir desgranando cómo será finalmente el reparto.

"Seguimos esperando a que el Gobierno de España nos diga en base a qué criterios va a proceder a ese reparto ilegal, que todas las comunidades autónomas del PP y creo que también Castilla-La Mancha han llevado al Tribunal Constitucional (TC). Hay una invasión de las competencias de las autonomías y también de los derechos humanos de estas personas", ha detallado la consejera madrileña.