Madrid cifra en 2.300 millones la deuda del Gobierno con la Comunidad en materia de dependencia

Hasta 2.300 millones de euros. Esa es la cantidad en la que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso cifra la deuda que acumula el Gobierno central con la Comunidad de Madrid en materia de dependencia. La cantidad la ha expuesto la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid para exponer el plan de construcción de 40 residencias hasta 2030.

Frente al "compromiso" de aportar un 50% de los gastos de atención a la dependencia, el Gobierno "solo aporta un 27% y la Comunidad de Madrid, un 73%", ha señalado Dávila, quien ha establecido la diferencia acumulada desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno, en 2018, en esos 2.300 millones de euros. La infrafinanciación de la dependencia es uno de los argumentos que se suele emplear en el debate sobre la necesidad de actualizar el modelo de financiación autonómica, uno de los puntos que los consejeros del Partido Popular han exigido incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana en Barcelona.

Durante el debate, Dávila ha informado de que la consejería que dirige ha recibido ofertas de cesión de hasta 123 parcelas para la construcción de las 40 residencias previstas, procedentes de hasta 59 ayuntamientos. Por el momento, los técnicos han visitado ya 41 solares, 25 de ellos en la ciudad de Madrid y el resto en otros 11 municipios. "Ya hemos solicitado la cesión formal de 17 al Ayuntamiento de Madrid, entre ellas, una en el barrio de Las Rosas, en San Blas, donde construiremos la primera”, ha detallado. “Pronto podremos anunciar el resto de las ubicaciones", ha añadido.

El plan pasa por la construcción de 40 residencias y otros 40 centros de día bajo la fórmula de colaboración público privada, tanto para la construcción como para la futura gestión de los centros. Dávila ya había explicado que los nuevos centros se organizarán en unidades de convivencia con un máximo de 25 personas cada una y de manera que en total las residencias tendrían un máximo de 150 plazas y un mínimo de la mitad de sus habitaciones individuales.

Hoy ha añadido algunos detalles sobre su diseño. Según ha avanzado Dávila, está contemplado que estén dotadas de equipos de telemedicina, grúas de techo, habitaciones con toma de oxígeno y sensores de movimiento, control de errantes, salas de estimulación sensorial, sistemas para la rehabilitación cognitiva, así como de programas para la detección y atención a la soledad.

"Firmaron sentencias de muerte"

El modelo, sin embargo, ha sido abiertamente criticado por la diputada socialista Silvia Monterrubio, quien ha afirmado que detrás del plan no hay sino "un pelotazo" al que ha tratado de poner números. "Usted anuncia 40 residencias con 150 plazas. Son 6.000 camas que suponen cerca de 200 millones de euros de facturación al año. De esas 6.000 plazas ustedes anuncian que van a hacerse 2.400 plazas públicas. ¿Quiere esto decir que su plan ya parte con un 60% de camas privadas?", se ha preguntado.

"El negocio es redondo", ha proseguido. "Suelo público, dinero público, construcción privada, plazas privadas y el resto, de gestión externalizada. Es decir, un negocio disfrazado de servicio público", ha señalado antes de afirmar que "ya conocemos las consecuencias de anteponer el beneficio económico al bienestar de los mayores".

La referencia a la gestión en las residencias durante la primera ola del covid era clara, aunque ha llegado mucho más lejos la representante de Más Madrid Diana Paredes, que ha acusado al gobierno madrileño de diseñar "un plan macabro" para dejar morir a 7.291 personas mayores. "No solo firmaron protocolos de la vergüenza", ha asegurado, "firmaron sentencias de muerte".

Desde Vox, entretanto, no se ha cuestionado el modelo público privado, pero sí se ha puesto en duda que la consejería haya realizado el "trabajo de campo" necesario para el despliegue del plan por los distintos municipios. Ha sido el diputado Ignacio Arias quien ha intervenido por parte de la formación de ultraderecha, que, además, ha aprovechado la polémica sobre las residencias en pandemia para cuestionar el Estado autonómico al afirmar que "no todos nuestros mayores son iguales". "Hay mayores de primera, de segunda y de tercera", ha concluido.