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DISTRITO DE SALAMANCA

Tensión en el barrio de La Guindalera por el posible uso social de un nuevo hostal

Almeida pide explicaciones tras las quejas vecinales, y CEAR aclara que todavía no se ha acordado usar plazas del alojamiento para Primera Acogida

Imagen de un Velvet Hostel en Puente de Vallecas.

Imagen de un Velvet Hostel en Puente de Vallecas.

María G. San Narciso

María G. San Narciso

Madrid

En el local del antiguo ambulatorio del Parque de las Avenidas, en el barrio de La Guindalera, va a abrir próximamente sus puertas el hostal Velvet Hostel. Según ha podido confirmar este periódico con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), podría proporcionar plazas hoteleras para el programa de Primera Acogida de personas que llegan al país pidiendo protección internacional.

En las últimas semanas, varias vecinas y vecinos de los tres portales del Parque de las Avenidas que estarían encima de este hostal han mostrado su rechazo a la apertura de un albergue juvenil en su edificio. Este miércoles, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también aseguró que están "preocupados" por este tema.

"Como no puede ser de otra manera, comprendemos la preocupación que tienen los vecinos. Hace ya tiempo que le he dado la instrucción a la concejala del distrito de que mantenga un contacto permanente con los vecinos del Parque de las Avenidas, y al responsable de Urbanismo, Borja Carabante, para que fiscalice cuáles son las condiciones en las que ese hostal se puede abrir y con qué uso. Debe cumplir la normativa de manera estricta para prevenir posibles situaciones futuras", indicó.

También pidió al Gobierno de España que, en el caso de estar detrás de esta utilización, "aclare si tiene alguna intención de usar esa infraestructura" y para qué. "Ya nos hemos encontrado en esta ciudad con situaciones similares, en las que el Gobierno trae a personas que se encuentran en determinadas situaciones, sean irregulares o peticionarios de asilo, y no se da ningún conocimiento al Ayuntamiento".

Añadió que, "sin querer faltar el respeto" a estas personas, quieren evitar "malentendidos y situaciones que se pueden generar con los vecinos", que ya han denunciado ante varios medios que quieren crear un "centro de inmigrantes encubierto".

Todo en el aire

Pero según Paco Garrido, coordinador de CEAR en Madrid, no es necesario pedir permiso del Ayuntamiento para disponer de plazas hoteleras de Primera Acogida en su ciudad, como ya se tienen en otros puntos de la Comunidad de Madrid. "Faltaría que una persona extranjera tuviera que informar a un municipio para entrar en un hotel", expone. Además, ni siquiera han firmado nada todavía, ni está el albergue terminado.

De momento, explica que lo único que ha hecho la propiedad es ofrecerles la instalación por si les podría interesar para algunos de los programas que gestionan en el marco del trabajo que realizan junto con el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Por eso, tilda la polémica de "un poco extraña".

"[El albergue] Ni siquiera está en funcionamiento. De hecho, ni siquiera tiene la licencia definitiva, ni hemos firmado nada", añade.

Qué es el programa de Primera Acogida

El recurso no sería un centro de personas refugiadas, que se rigen por otra normativa y que sí debería contar con ciertas licencias, sino que se destinaría para la Primera Acogida.

Esta funciona en el marco de un programa organizado y gestionado por CEAR para personas que son derivadas por el Ministerio de Inclusión tras solicitar protección internacional. Una vez que se les adjudica el recurso, pueden estar en su plaza desde 15 días hasta meses.

En todo momento, el alojamiento está obligado a recoger la información de las personas que residen, "como cuando vamos a un hotel". Allí viven el tiempo que se tarde en tramitar sus informes. Después, pasaría a un centro o un piso habilitado para tal efecto.

Además, está destinado únicamente para quienes no disponen de recursos, para evitar así que se encuentren una situación de calle. Las beneficiarias son siempre familias y personas adultas, no menores no acompañados, cuya competencia ostenta la comunidad autónoma.