Un matadero clandestino de San Fernando de Henares distribuía carne sin control sanitario a restaurantes asiáticos de Madrid

Desmantelada una red dedicada a la comercialización ilegal de productos cárnicos sin ningún tipo de control sanitario ni trazabilidad. La operación Pox, llevada a cabo por el Seprona de La Guardia Civil, ha dejado cinco detenidos de origen español, chino, árabe y senegalés y otras 12 personas están siendo investigadas en varios mataderos clandestinos en las provincias de Madrid, Ávila y Toledo. Los animales, recogidos de otras explotaciones ganaderas, eran transportados y sacrificados en condiciones “deplorables, sin exámenes sanitarios y sin respetar la normativa de bienestar animal", señala el comandante de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona, José Carlos Martínez

Los arrestados, pertenecientes a la organización criminal, introducían ganado caprino y ovino en la cadena alimentaria de varios restaurantes asiáticos de los barrios madrileños de Usera y Fuenlabrada. "A todos ellos se les investiga por delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales" informa el comandante. El matadero clandestino ubicado en San Fernando de Henares, municipio al este de la capital, funcionaba como epicentro central del entramado. El resto de animales eran trasladados a un degolladero autorizado en la provincia de Ávila, donde convivían actividades legales e ilegales. 

A lo largo de las actuaciones se han intervenido 10.000 euros en efectivo, documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental empleado para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios. Durante la operación, más de 350 animales han tenido que ser sacrificados debido a las condiciones severas de inanición, malformaciones y enfermedades que presentaban. Los agentes de la UCOMA han realizado un total de siete registros, cuatro de ellas en domicilios y tres en explotaciones ganaderas. 

Propagación de la viruela

Al mismo tiempo, nueve restaurantes asiáticos se encuentran bajo inspección: cuatro de ellos ya se encuentran cerrados de forma cautelar. El principal investigado, responsable de gestionar el matadero situado en la provincia de Toledo, no había censado la explotación en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), por lo que cualquier entrada o salida de animales de dicha instalación es considerada ilegal. Junto a otro de los implicados, desplazaban ovejas y cabras hasta las localizaciones clandestinas con documentación falsificada, con el objetivo de pasar desapercibidos.

La carne, distribuida entre restaurantes y particulares a través de canales no autorizados, se ofrecía en cartas gastronómicas y se repartían a domicilio a través de plataformas digitales. La organización criminal estaba compuesta por varios escalones jerárquicos, en los que cada integrante desempeñaba un rol en específico con el objetivo de sortear los controles de las autoridades y multiplicar los beneficios económicos. Aunque aún no se ha analizado toda la documentación, el comandante de la Guardia Civil ha señalado que los beneficios para la red eran cuantiosos, toda vez que adquirían la cabeza de ganado a unos 40 euros y la vendían a entre 90 y 100 euros. Calificado como una modalidad de blanqueo de capitales, destacan los pagos en efectivo y en “B” o la facturación por debajo del precio real del ganado para evadir impuestos. 

Este tipo de movimientos ilegales de ganado presentan un alto riesgo para la propagación de enfermedades como la viruela ovina y caprina, que daría nombre a la operación policial, provocando pérdidas millonarias en el sector. No solo eso, sino que la seguridad alimentaria, pilar fundamental para la protección de la salud pública, también estuvo en riesgo. La introducción de estos productos cárnicos en el mercado sin trazabilidad, control veterinario y al margen de la legalidad, supondría un riesgo por la transmisión de enfermedades y la alteración del sistema de distribución alimentaria. Es por eso que la operación Pox ha requerido colaboración de Europol, así como de otras Unidades de la Guardia Civil o la Policía Municipal de la capital.