Nueva semana de protestas en Madrid por la educación y la sanidad públicas: "Basta de privatización"

La educación y la sanidad, dos de los pilares del estado de bienestar, protagonizan esta semana dos manifestaciones en Madrid para denunciar su deterioro. Aunque ambas están organizadas por colectivos distintos, y en días diferentes, comparten una preocupación común: frenar lo que consideran un proceso sistemático de desmantelamiento de los servicios públicos en favor del negocio privado.

La primera en arrancar será la de la educación pública. Prevista inicialmente para el pasado 29 de abril —pero aplazada por el apagón informático que paralizó la región—, se celebra al fin este jueves. Todas las etapas educativas de la Comunidad de Madrid están convocadas para salir a las calles.

La marcha empieza a las 18 h. desde Atocha y termina en Sol. Tanto el personal docente y laboral de Educación Infantil como Primaria, Secundaria, Educación Especial, Formación Profesional y Régimen Especial, así como el de las universidades públicas y las escuelas infantiles de gestión indirecta, saldrán junto al estudiantado por distintos motivos. Casi todas las reivindicaciones tienen como fondo lo que llaman una "asfixia presupuestaria" que, según las plataformas convocantes, se materializa en una educación de peor calidad, en docentes más quemados, en la privatización de la pública, y en menos contratos y de peor calidad entre el personal laboral y docente.

En la rueda de prensa previa a la huelga de los días 27 y 28 de abril, Paloma González, profesora de Secundaria de Lengua y Literatura en un centro madrileño y portavoz de Menos Lectivas, un movimiento de asambleas de docentes, explicó cómo no hay ninguna duda del descontento entre los y las profesionales. Lo saben porque hicieron un referéndum en 163 asambleas de centros. De los 5.501 docentes que participaron, el 92,8% se mostró en contra del acuerdo alcanzado en marzo por la Mesa Sectorial de Docentes de la Enseñanza Pública.

El texto recogía la generalización de las 19 horas lectivas en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial a partir del próximo curso, lo que, según exponen los firmantes, supondrá la incorporación de al menos 750 docentes. También supone demora la implantación de las 18 horas entre quienes no son tutores -como en los años previos a la crisis económica- hasta el curso 2028-2029, adoptada por la mayoría de las comunidades autónomas. Además, se establece la reducción de una hora de permanencia en los centros para el cuerpo de maestros, pero no se reduce de 25 a 23 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria como se viene pidiendo.

La posible reducción horaria para el próximo curso a 18 y 23 horas supondría, explican las convocantes, la contratación de más de 4.000 docentes y un gasto de 144 millones de euros, un 11,7% de los gastos derivados a la escuela concertada. Sobre esto, Paloma González recalca que, con respecto a 2010, hay casi 2000 profeses y profesoras menos en la Comunidad de Madrid. También recuerda que son de las comunidades que menos cobran, pese a tener uno de los precios de vivienda más caros en España.

Universidades 'asfixiadas'

A nivel universitario, el descontento se ha hecho cada vez más notable en los últimos meses. Este mismo martes, los rectores de las seis universidades públicas madrileñas han vuelto a denunciar la insuficiencia financiera en la que se encuentran. Lo hicieron en el acto Universidades públicas: presente y futuro, donde se debatió sobre la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) de la Comunidad de Madrid.

Esta norma, que según el gobierno de la Comunidad de Madrid todavía se está negociando, podría facilitar que haya nuevas universidades privadas en la región, donde ya existen 13 y está aprobada una 14ª. El artículo 30 del borrador expone que "cualquier universidad española, pública o privada, radicada en otra comunidad autónoma podrá solicitar la adscripción de un centro ubicado en la Comunidad de Madrid en los términos definidos por la normativa nacional y la presente ley, en cuyo caso se requerirá autorización del Consejero competente en materia de universidades de la Comunidad de Madrid, mediante orden".

Otra cuestión polémica de esta nueva Ley de Universidades es que, según anunció el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se plantea "un régimen sancionador específico con sanciones para el vandalismo, la ocupación o los escraches", destinados a mantener "el orden y el decoro" y garantizar el "buen funcionamiento" de la vida académica.

Además de todo esto, las plataformas convocantes, que ya el 28 de abril celebraron una huelga universitaria, hablan de "décadas de asfixia financiera que se consolida con los últimos presupuestos de Ayuso". En el acto de este lunes, la rectora en funciones de la Universidad Autónoma, Amaya Mendikoetxea, aseguró que Madrid, con 5.000 euros anuales por alumno y el 0,4% de su PIB, es la comunidad que menos aporta a su sistema universitario en términos relativos.

También denunció retraso "de décadas" en acordar un sistema de financiación que garantice la suficiencia y la equidad". Otros rectores, como el de la Universidad Carlos III o el de la Complutense, pidieron un Pacto de Estado.

Sanidad, salvar lo que es de todos

En el caso de la sanidad pública, la plataforma 'Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid', que reúne a más de 100 asociaciones vecinales, plataformas y entidades, busca volver a teñir de blanco las calles de Madrid en una manifestación convocada para este domingo día 25. Lo hacen frente unas políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso enfocadas en el "el desmantelamiento y los recortes para beneficiar a las empresas privadas".

Bajo el lema 'Salvemos nuestra Sanidad Pública', la protesta ha sido convocada con el mismo formato que las manifestaciones masivas que impulsó este espacio vecinal en la pasada legislatura, con cuatro columnas que partirán a las 12.00 horas desde Callao, Atocha, Plaza del Doctor Marañón y Hospital La Princesa para recorrer las calles de la capital hasta converger a las 13.00 horas en la Plaza de Cibeles.

En la confluencia del Paseo de Recoletos con la calle Alcalá, frente al Palacio de Linares, se situará un escenario donde la periodista Olga leerá un manifiesto en el que se denunciará "el abandono deliberado de la Sanidad Pública madrileña por parte de la Comunidad de Madrid". "Una sanidad que nos pertenece a todas y a todos, pero que el Gobierno del Partido Popular está desmantelando para convertirla en un negocio privado. La situación es insostenible", se indica en el mismo.

Estos días, varias médicas, como Mar Noguerol, han expuesto por qué es necesario que todos los y las profesionales sanitarias, así como la población madrileña, salga a la calle. "Sabemos por un informe reciente, que hemos extraído en todos los centros de salud de Madrid, que 764.000 pacientes no tienen médico de Familia o pediatra asignado" o que "poco más de una cuarta parte de estos centros tienen su plantilla médica al completo". "O que hacen falta más de 500 médicos para cubrir las vacantes actuales".

En otro vídeo expuesto en redes sociales, la periodista Maruja Torres recuerda que para erradicar las listas de espera, o para que los profesionales cuenten con buenas condiciones laborales, se necesita "más financiación y menos privatización".