Ticketmaster en el punto de mira: la OCU denuncia ante Consumo "cobros irregulares y abusivos" por las entradas de Bad Bunny

Bad Bunny continúa estando en boca de todos. El cantante puertorriqueño ha conseguido vender más de 600.000 entradas en menos de 24 horas y ser uno de los artistas que rompe todos los récords con su gira  'Debí tirar más fotos World Tour' en la que dará un total de doce conciertos en España, diez de ellos en la capital. Desde que comenzó la preventa, la compra de entradas se convirtió en un verdadero caos: colas virtuales que superaban las 200.000 personas, fallos en las plataformas y precios que no han dejado de subir hasta alcanzar cifras muy elevadas.

Como consecuencia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a la compañía de venta de entradas Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo por el cobro "irregular y abusivo" de las entradas online para los conciertos de Bad Bunny previstos en Barcelona y Madrid. Además, la organización sostiene que Ticketmaster incrementó el coste de las entradas con hasta tres conceptos diferentes.

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Por ejemplo, una entrada con un coste mínimo de 79,50 euros ha incrementado su precio hasta los 269,30 euros al sumarse tres gastos adicionales: 3,30 euros en concepto de donación, 36,50 euros por gastos de gestión y 150 euros por cargo vip adicional. Según recoge Europa Press, no es la primera vez que la OCU denuncia este tipo de gastos añadidos al considerarlos "abusivos", ya que es el propio usuario, no el vendedor, quien asume el peso de la gestión de compra de una entrada por internet. "Es él quien teclea o selecciona la fecha, el tipo y número de entradas y el método de pago, para lo cual debe introducir sus datos personales y guardarlo todo en su dispositivo o imprimir la entrada. "¿Qué gestión justifica un cobro de nada menos 36,50 euros por entrada?", sostiene la organización que defiende que "no son transparentes para el usuario", ni "reembolsables", e incluso, "hay una cuantía por "donación y un cargo extra VIP que es casi el doble del precio original de la entrada", añade. Estos gastos, además de ser opacos, no son reembolsables, lo que agrava aún más la situación para el consumidor.

Uno de los aspectos más polémicos ha sido el uso de precios dinámicos, un sistema que ajusta los precios en tiempo real "según el mercado". El problema es la falta de transparencia: no se explica claramente qué factores influyen en esos aumentos ni se protege al comprador ante cambios repentinos durante el proceso. Ante esta situación, la OCU ha pedido al Gobierno una regulación específica para este tipo de tarificación. Entre sus propuestas se encuentran mantener el precio original mientras se realiza la compra, impedir que los precios se basen en datos personales y limitar el sobreprecio en reventa a un 20% como máximo.

Además, añaden que estos gastos añadidos suelen estar ocultos "casi hasta el mismo momento de pago" y la empresa no los considera reembolsables, por lo que el usuario pierde cualquier derecho al recuperar su importe en caso de que se vea obligado a solicitar un cambio o una devolución. Incluso, ha denunciado el hecho de que sean precios "dinámicos" que varían "en función del mercado", sin que se indique cómo afecta y cuáles son los factores. En consecuencia y para evitar abusos en la aplicación de precios dinámicos, OCU urge la aprobación de una normativa que los regule y que contemple la obligación de informar al consumidor, desde un principio, de su política de precios dinámicos; la obligación de respetar el primer precio que se ofrece al usuario mientras éste no salga del proceso de compra; también deberá fijarse una subida máxima durante un tiempo para el caso de que el usuario vuelva a consultar el precio; la prohibición del uso de precios dinámicos en productos y servicios básicos, entre otras medidas.

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Por su parte, la OCU exige sanciones contundentes para las empresas que oculten cómo funcionan sus algoritmos o utilicen prácticas engañosas como simular una alta demanda. También solicita que las compañías que aplican precios variables deban presentar informes periódicos a las autoridades de consumo sobre los riesgos y el funcionamiento de sus sistemas. La meta es asegurar una supervisión más rigurosa y proteger a los consumidores de posibles abusos o prácticas desleales.