Ayuso llevará a los tribunales el real decreto para el reconocimiento de universidades privadas del Gobierno

La semana pasada, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo planteado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Económica y Fiscal para una quita de deuda autonómica. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también anunció un posible recurso contra la Ley de Eficiencia de la Justicia impulsada por Félix Bolaños. Y hoy se ha sumado un tercero.

Aún está pendiente de aprobación, pero el real decreto que prepara el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para endurecer los requisitos para el reconocimiento de universidades, también va a ser recurrido ante la justicia por la Comunidad de Madrid por entender que ataca a las universidades privadas e invade competencias autonómicas. Lo ha dado a entender la propia Ayuso esta mañana en un desayuno informativo al referirse al proyecto como "un atentado contra la Constitución" que niega "la libertad de empresa" y la "seguridad jurídica". "Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance" contra el decreto, ha asegurado.

En el encuetro, además, la presidenta madrileña ha desgranado las claves de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la región, un proyecto en el que su gabinete lleva dos años trabajando y la filtración de cuyo primer borrador hace unos meses causó fuerte contestación, principalmente por lo relativo a la financiación de los centros públicos.

La cuestión de la financiación está, de hecho, en el centro de las protestas que la comunidad universitaria viene planteando este curso con varias convocatorias de huelga y encierros en facultades.

Según lo avanzado hoy por Ayuso, el nuevo sistema de financiación para las universidades públicas será plurianual y revisable cada cinco años. Además, incluirá tres niveles. Por una parte, se establecerá una financiación básica para el funcionamiento de los campus. Un segundo nivel contemplará necesidades específicas de cada universidad, como por ejemplo, la rehabilitación de edificios. Por último, una tercera pata de la transferencia de recursos públicos hacia las universidades se vinculará a la consecución de determinados objetivos. Entre ellos se menciona la potenciación de la formación dual en títulos de grado y máster o el fomento de pruebas de admisión específicas a grados como Educación Infantil y Primaria, con objeto, se argumenta desde el Gobierno regional, de aumentar la exigencia para acceder a ellos.

Instrumentos de autofinanciación

La nueva ley persigue, además, que las propias universidades se autofinancien en parte. Para ello prevé herramientas como la gestión de sus propias carteras de inversión, los préstamos entre universidades de sus remanentes en condiciones preferentes o la gestión de sus inmuebles. Por otra parte, y para favorecer un abaratamiento de los costes de funcionamiento, se activará una central de compras y se buscará el desarrollo de servicios de gestión administrativa comunes.

Otra de las novedades de la LESUC tiene que ver con el sistema para la realización de prácticas por parte de los alumnos. En la nueva norma, que unificará todas las enseñanzas superiores, desde las universidades y la investigación científica, a la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios, la llamada formación dual es un tema troncal para el Ejecutivo regional. De hecho, uno de los principales anuncios hechos hoy por la presidenta madrileña es la creación de un distrito único de prácticas, coordinado por una comisión en la que estarán representados los distintos agentes implicados y con una aplicación informática unificada. Numerosos estudiantes, particularmente de algunos grados de FP, están encontrando en los últimos cursos muchas dificultades para realizar las prácticas obligatorias ante la falta de oferta, otro de los temas que tiene en tensión a la comunidad educativa.

Acreditaciones de profesores de toda España

La LESUC, ha adelantado hoy Ayuso, también permitirá el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España y será la primera norma en el territorio nacional, presumen en el Ejecutivo regional, que fomente el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación.

En pleno choque con el Gobierno central a cuenta del mencionado real decreto para el endurecimiento de los requisitos para el reconocimiento de universidades privadas, la nueva norma dotará de rango universitario a las escuelas de negocios y establecerá la obligación de que las universidades informen a las familias de si los másteres que ofertan son oficiales o no "para evitar confusiones". Además, ha desvelado hoy la presidenta madrileña, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar tanto en universidades públicas como privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma.

Aprobación definitiva antes de fin de año

Asimismo, la LESUC contempla aspectos como el fomento de la colaboración público privada, la posibilidad de que se reconozcan créditos a los alumnos por actividades de voluntariado, la eliminación de cargas burocráticas para la actividad investigadora medidas de protección para las Humanidades con el objeto de que determinadas titulaciones no desaparezcan por falta de demanda.

El texto que prepara el Gobierno madrileño saldrá a audiencia e información pública en junio, según ha confirmado hoy la propia Ayuso, tras lo cual y presentadas las posibles alegaciones y propuestas, pasará a la abogacía y llegará al Consejo de Gobierno entre septiembre y octubre. "Después, en el trámite parlamentario habitual, entre octubre y diciembre, en el último periodo de sesiones de este año [en la Asamblea regional], vería la luz", ha explicado.