La justicia da la razón a la Comunidad de Madrid frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la titularidad de La Cantueña

La justicia ha fallado a favor de la Comunidad de Madrid en relación con la titularidad de la finca en que se ubica el centro de acogida de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. El juzgado de lo contencioso administrativo 32 de Madrid ha estimado el recurso de la Comunidad de Madrid interpuesto contra el acuerdo con que el Ayuntamiento de la localidad pretendía revertir dicha titularidad, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín. "Es la novena ocasión, y la segunda sentencia, en que la justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en relación con el uso de La Cantueña en este momento, donde se instala un centro de acogida de menores", ha asegurado García Martín.

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó un acuerdo por el que pretendía revertir al consistorio la titularidad de la finca, cedida a la Comunidad de Madrid en virtud de un convenio firmado en diciembre de 1999. La corporación tomó la decisión después de que se supiera que el Gobierno de Ayuso optara por ubicar allí un centro de acogida de menores migrantes no acompañados.

El acuerdo impugnado se encontraba suspendido después de que la Comunidad de Madrid presentara el recurso contencioso administrativo contra el mismo y se dictaran medidas cautelares. La Comunidad, de hecho, inició y concluyó las obras para adecuarlo a su nuevo uso, unas obras contra las que también pleiteó el Ayuntamiento de Fuenlabrada. En la actualidad La Cantueña funciona como centro de acogida con un total de 96 plazas.

Ahora queda revocado, según ha informado García Martín, "tras señalar el juzgado que el Ayuntamiento de Fuenlabrada no puede pretender la recuperación de una finca al no haberse interesado por ella durante más de 25 años". De esta forma, ha añadido el portavoz del Ejecutivo regional, se reconoce a la Comunidad "el pleno dominio" sobre el terreno y la facultad para usar la finca.

"Una cuestión de plazos"

Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, no obstante, se considera que la resolución judicial no cuestiona su competencia para acordar la reversión de los terrenos por el incumplimiento del convenio por parte de la Comunidad. "La sentencia", argumentan fuentes del consistorio, "solo se refiere a una cuestión de plazos para anular la tramitación de la reversión del suelo". Es por ese motivo por el que la recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) y el Consorcio Urbanístico de La Cantueña establecía la titularidad de los terrenos del Imade, que quedaba obligado a destinarlos "a aquellos usos que, dentro de lo previsto en el planeamiento urbanístico, redunden en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada". Es el argumento por el que el consistorio acordó la reversión de la titularidad el pasado julio.

La sentencia, sin embargo, entiende que el plazo que el Ayuntamiento fuenlabreño tenía para considerar resuelta la cesión era de 15 años a empezar a contar en 2005, pues el convenio, publicado en 2000, establecía cinco años para comenzar la explotación y mantenerla durante 30 años. Entre 2000 y 2005 no hubo explotación alguna del centro según recoge la sentencia.

"No podemos compartir el criterio del Ayuntamiento de Fuenlabrada que este plazo debe extenderse sobre los 30 años en que se fija como mantenimiento de la explotación, sobre la consideración que lo verdaderamente relevante es la condición de mantener y respetar la legalidad y los extremos contenidos en el plazo de 30 años que deben estar en todo este plazo, ya que, este juzgador considera que para mantenerse esta legalidad, debe de haberse iniciado la explotación, y para ello existía un plazo de cinco años, trascurrido este nada se puede mantener, ya que nunca se inició", se lee en el fallo judicial.

"La prescripción existente en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada", prosigue el texto, "hace que la Comunidad de Madrid, sobre el terreno y la construcción tenga pleno dominio, y con ello facultad para llevar a cabo las siguientes actuaciones". A pesar de lo cual, añade, la jueza, "con ello no se quiere prejuzgar lo ajustado o no a derecho de las mismas".

Constantes fricciones

La Cantueña ha sido objeto constante de fricciones entre el Gobierno de Ayuso y el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, que entiende que la ubicación del centro de acogida, en un antiguo polígono industrial, y el modelo que propugna no favorece la integración de los menores migrantes no acompañados allí atendidos.

La Comunidad ha apuntado hacia La Cantueña como el destino principal de los menores que tenga que acoger procedentes de Canarias en función del reparto acordado tras la reforma de la Ley de Extranjería hace apenas dos semanas, para lo que acometería obras de ampliación. El número exacto de menores que deberá acoger cada comunidad autónoma está por definir. Según una estimación adelantada por Junts cuando informó del acuerdo al que había llegado con el Gobierno para aprobar la reforma de la Ley de Extranjería, a Madrid acudirían más de 700, frente a los menos de una treintena que recibiría Cataluña.

El centro fue, además, escenario de una pelea en sus instalaciones a finales del pasado mes de marzo fruto de la cual resultaron detenidos 12 de los menores acogidos. Varios trabajadores del centro resultaron heridos.