El Gobierno lleva al Tribunal Constitucional la ley de Ayuso para bloquear la designación de la Casa de Correos como Lugar de Memoria

Como ya había anunciado que haría, el Gobierno lleva al Tribunal Constitucional la ley aprobada a finales del año pasado por la Comunidad de Madrid para bloquear la designación de la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional madrileño, como Lugar de Memoria. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy elevar la impugnación, según ha asegurado la ministra portavoz, Pilar Alegría, al término de la reunión.

La decisión, ha añadido Alegría, se lleva adelante "después de que la Comunidad de Madrid declinara la invitación al diálogo que se planteó por el Ministerio de Política Territorial para resolver las discrepancias sobre este asunto".

La declaración de la sede del Gobierno regional como Lugar de Memoria viene siendo un nuevo frente en el enfrentamiento entre los Gobiernos de Sánchez y Ayuso desde que el pasado octubre, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática iniciara expediente para dar ese reconocimiento a un lugar que acogió durante el franquismo la Dirección General de Seguridad y en el que se practicaron torturas. Tal declaración implica, entre otras cosas, que se promueva "la instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo" en virtud del artículo 53.2 de la Ley de Memoria Democrática.

Desde el Gobierno de Ayuso se ve como un ataque frontal contra el que se ha buscado desde el inicio dar batalla política, legal y judicial. La cuestión, de hecho, ya había llegado al Tribunal Constitucional llevado por el propio gobierno madrileño. Hace dos semanas, de hecho, el pleno del órgano de garantías admitía a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Ayuso contra la incoación del expediente.

Por otra parte, desde el Gobierno regional se ha intentado el blindaje legal del edificio. Se hizo a través de una enmienda a una ley para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico en la que se establecía que cualquier placa o distintivo que quiera colocarse en el edificio de la Puerta del Sol "que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia" requerirá de la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En el Ministerio de Política Territorial se entendió desde el principio que esta reforma legal entraba en colisión con la propia Ley de Memoria Histórica, por lo que se vio abierta la vía a recurrirla al Tribunal Constitucional. Desde el otro lado, en el Gobierno de Ayuso se alega que la incoación del expediente invade competencias autonómicas por tratarse de un inmueble titularidad de la Comunidad de Madrid. Esa es la base sobre la que presentaron el recurso al Tribunal Constitucional admitido a trámite hace unos días.

Desde Sol se señala que el edificio está totalmente resignificado desde que hace 40 años el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, lo fijara como sede del Gobierno regional. A finales del mes pasado, Ayuso expresó su indignación por carta al ministro Ángel Víctor Torres, al que pedía "que dejéis a la Real Casa de Correos ser lo que ha sido y es, por respeto y consideración hacia las incontables personas que la aprecian y disfrutan; sin buscarle significados manipuladores, divisorios, oportunistas y nocivos".