La Comunidad de Madrid creará una aceleradora urbanística para reducir a la mitad el tiempo de tramitación de proyectos escogidos

En la Comunidad de Madrid hay un horizonte con dos cifras. Se prevé la construcción de 248.000 viviendas en los próximos 15 años. El dato se volvió a manejar la pasada semana en MIPIM, el salón inmobiliario más grande del mundo, que se celebra anualmente en la ciudad de Cannes, donde se presentó ante inversores internacionales la disponibilidad de hasta 97 millones de metros cuadrados de suelo para edificar.

La cuestión es que para alcanzar ese objetivo se precisa avanzar más rápido. No se trata solo de atraer promotores sino de simplificar o acortar plazos, una circunstancia la de aligerar la burocracia de la que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la propia presidenta hacen pública bandera en cuanta ocasión tiene, la última en su defensa del “liberalismo a la española” que hizo el pasado lunes en Londres invitada por el Centro de Estudios Políticos.

En ese sentido iban encaminadas algunas de las medidas de la controvertida ley ómnibus aprobada a finales del año pasado y que permite, entre otras cuestiones, la tramitación de licencias desde el momento de la reparcelación de un suelo, lo que supone un adelanto estimado por el propio Gobierno regional en cerca de un año.

Ahora se presenta un nuevo instrumento para adelantar determinados proyectos urbanísticos que se consideren de especial interés o relevancia. El gobierno regional creará a tal fin una aceleradora urbanística, con la vista puesta en la generación de suelo residencial entre sus objetivos. El Consejo de Gobierno autorizaba ayer la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública del proyecto de decreto para la creación de este órgano.

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Esencialmente, para lo que servirá esta aceleradora será para dar prioridad a operaciones urbanísticas que se entienda que tienen mayor impacto positivo, y la manera de hacerlo será centralizando en ella el seguimiento de los plazos de emisión de los distintos informes dependientes de organismos de la Comunidad de Madrid y que son preceptivos para darles luz verde, entre ellos los medioambientales. La gestión conjunta de toda esta documentación, mantiene la administración regional, permitirá reducir a la mitad los plazos de aquellos proyectos que entren en la aceleradora.

No se trata solo de proyectos para la construcción de vivienda. Uno de los tipos de proyectos que se tendrán en cuenta para ser acelerados serán, por ejemplo, los instrumentos de planeamiento para la implantación de redes públicas. Pero la generación de suelo residencial está en la base de la creación de esta herramienta. Otro de los criterios que se considerarán a la hora de elegir planeamientos ‘acelerables’, trasladan desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, son los planes “en el marco de un desarrollo equilibrado” que contemplen un aumento del parque residencial capaz de acoger un incremento del 20% de población en municipios de menos de 5.000 habitantes o de un 10% en el caso de los de más de 5.000 habitantes. Y se pone el ejemplo del Plan General de Las Rozas, aprobado inicialmente, y que propone un incremento de más de un 30% de la población.

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“Evidentemente, no todos los proyectos urbanísticos van a pasar por la aceleradora”, aseguran fuentes de la Consejería. “Pero sí aquellos que tengan mayor interés para los municipios”. Una vez seleccionados, se podrá agilizar los trámites y acortar los tiempos.

Aunque estará adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que es la que tiene las competencias autonómicas de urbanismo, en el nuevo órgano colegiado y de carácter interdepartamental, estarán también representadas las consejerías de Economía, Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Cultura, en tanto responsable de velar por el patrimonio cultural, y Presidencia, Justicia y Administración Local. Además, se está abierto a incorporar representantes de otras administraciones que puedan estar implicadas. Desde Sol se apunta, por ejemplo, a la Dirección General de Carreteras o la de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.