Medina y Luceño, absueltos del delito de estafa: todas las claves del 'caso mascarillas'

La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido este miércoles la sentencia relativa al 'caso mascarillas', con los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina -- hijo de Naty Abascal y el duque de Feria -- como protagonistas. Estaban acusados de un presunto 'pelotazo' de casi seis millones de euros en comisiones, que habrían logrado agenciarse mediante la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid durante los peores momentos de la pandemia.

Luceño ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel y al pago de una multa de 3.500.000 euros, así como a abonar una indemnización de 1.351.386 euros a la Agencia Tributaria, por los delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública. La Sala sí lo ha absuelto del delito de estafa y falsedad en documento mercantil. Medina, por su parte, ha salido indemne de todos los cargos que se le atribuían. Tal y como señala la sentencia, en el juicio no se pudo probar que los acusados asegurasen a Elena Collado, trabajadora del Ayuntamiento responsable de la negociación, que no cobrarían ningún tipo de comisión. Quedan así indemnes de las acusaciones de estafa que se cernían sobre ellos.

La Audiencia absuelve a Medina y condena a Luceño a tres años y ocho meses de cárcel por delito fiscal y falsedad

Los hechos: ¿qué se ha juzgado en el 'caso mascarillas'?

Con el estado de alarma en marcha en España por la crisis sanitaria originada por el Covid-19, el Ayuntamiento de Madrid recibe una oferta para la adquisición de mascarillas, guantes y kits de diagnóstico de la enfermedad. Luis Medina se pone en contacto con el consistorio madrileño para realizar su propuesta. Después habría sido su socio, Luceño, quien se habría encargado del acuerdo económico final.

El equipo de José Luis Martínez-Almeida desembolsó 6,24 euros por cada mascarilla, con diferencia el precio más alto invertido por un ayuntamiento español de una ciudad de más de 300.000 habitantes, tal y como señala el fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol. Incluso, fueron más caras que las pagadas por el Ministerio de Transportes a los integrantes de la trama Koldo. En este caso, este material costó 2,50 euros por unidad.

En suma, el Ayuntamiento pagó hasta 15,8 millones de euros por un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos de detección del virus y dos millones y medio de guantes. Todo este material procedería, según la versión de Luceño, de un empresario malasio llamado San Chin Choon, que representaría a la sociedad 'Leno'.

El Gobierno de Maduro tacha de "censura" la suspensión de un ciclo de cine venezolano en Casa de América

Material defectuoso

Pese a su desorbitado coste, el material adquirido no resultó de la mejor calidad. Los guantes eran mucho más pequeños de lo estipulado -- apenas cubrían la muñeca, cuando debían llegar hasta el codo -- y los test de detección no terminaban de cumplir su labor debido a una baja sensibilidad.

El Ayuntamiento puso una queja, tras la que Luceño devolvió casi cuatro millones de euros mediante una transferencia bancaria. En lo que refiere a estos defectos, la sentencia indica que los acusados eran "meros intermediarios" y no podían conocer que dichos defectos pudiesen existir. En todo caso, podría haberse dado un incumplimiento contractual por parte de la empresa vendedora de los productos.

¿De qué se acusó a Medina y Luceño?

Según señaló el juez instructor del caso, Adolfo Carretero, los acusados "aprovecharon la imperiosa necesidad" de conseguir material sanitario que existía en aquel momento para embolsarse comisiones millonarias. Concretamente, 5,1 millones de euros a Luceño y un millón a Medina.

Carretero acusó a Luceño de un delito de estafa agravada, un delito continuado de falsedad en documento mercantil, un delito contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular. En cuanto a Medina, se le atribuye un delito continuado de estafa agravada y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

¿Qué condena pedía la Fiscalía?

El fiscal Rodríguez Sol pidió en su acusación 15 años de prisión para Alberto Luceño y 9 años para Luis Medina, además de unas multas de 5 millones de euros y 450.000 euros, respectivamente. También exigió una indemnización a la Empresa de Servicios Funerarios de 7,9 millones de euros, entidad pública que adquirió el material.

El magistrado rechazó imputar a cualquier responsable municipal de la compra, pese a las acusaciones populares de PSOE y Podemos. El delito será juzgado como un "engaño" al gobierno municipal. En este sentido, Almeida se mostró "tranquilo" en los días previos al comienzo del juicio oral. "Nos engañaron. No hubo ninguna colaboración del Ayuntamiento", subrayó el alcalde.

Una decena de vehículos de alta gama, tres relojes Rolex y una vivienda en Pozuelo

Con el dinero obtenido de las comisiones, Medina optó por adquirir un yate. Luceño, por su parte, pagó una vivienda en el municipio de Pozuelo de Alarcón, tres relojes Rolex y una decena de vehículos de alta gama, entre los que se incluyen un Ferrari, un Aston Martin y un Lamborghini. Carretero acordó la incautación de estos bienes durante la fase de instrucción.