Rivas, primer municipio en denunciar a Ayuso por no declarar zona tensionada

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por negarse a declarar el municipio como zona tensionada en aplicación de la Ley Estatal de Vivienda.

La demanda, presentada tras agotar la vía administrativa, busca obligar al Ejecutivo autonómico - totalmente contrario a intervenir el mercado inmobiliario- a activar este procedimiento, el cual permitiría aplicar medidas excepcionales para contener los precios del alquiler y ampliar el parque público de viviendas.

En palabras de la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo (Izquierda Unida), impulsora de la iniciativa, la inacción del Gobierno regional "deja en indefensión a las familias" y vulnera el derecho a una vivienda digna. "No puede decidir qué leyes aplica y cuáles no. Su boicot a la norma estatal perjudica directamente a quienes luchan por pagar un techo", ha subrayado Castillejo en rueda de prensa.

Los cuatro municipios de Madrid que piden ser zona tensionada y ponen en jaque la financiación para vivienda del Gobierno

Solicitud formal rechazada

El 25 de septiembre de 2024, el Consistorio ripense solicitó formalmente la declaración de zona tensionada, alegando que el municipio cumple los requisitos legales: incremento sostenido de precios del alquiler por encima del IPC y falta de oferta asequible. La Ley de Vivienda faculta a las comunidades autónomas a declarar estas áreas, poniendo en marcha así medidas como congelar rentas o limitar subidas.

Sin embargo, la Consejería de Vivienda regional rechazó iniciar el trámite, argumentando que la Comunidad de Madrid había recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional (TC).Sin embargo, según argumentan desde el Consistorio local, este recurso no suspende la aplicación de la norma —vigente desde mayo de 2023—, especialmente tras el rechazo del TC a la mayoría de los cuestionamientos previos.

Rivas, con 100.000 habitantes y una demanda creciente de alquiler, registra precios medios de 14 euros el metro cuadrado, un 35% más que en 2019. "Sin medidas, jóvenes y familias seguirán desplazándose a municipios más baratos", ha lamentado la alcaldesa local.

Madrid y Rivas piden modificar su frontera e intercambiar más de un millón de metros cuadrados

Posible precedente legal

El recurso judicial subraya que la negativa regional incumple la obligación de "garantizar derechos fundamentales", según Castillejo. El caso podría sentar un precedente en la aplicación de la Ley de Vivienda, cuya implementación ha generado tensiones entre comunidades gobernadas por el PP, como es el caso de Madrid, y el Gobierno central.

Desde la Consejería de Vivienda, dirigida por el PP, no se ha emitido una respuesta oficial, aunque en anteriores ocasiones han tachado la ley de "invasión competencial". El TSJM tendrá ahora la última palabra sobre si la Comunidad de Madrid está obligada a tramitar la declaración. Si el fallo favorece a Rivas, el municipio se convertiría en el primero de la región en activar las herramientas de la Ley de Vivienda, presionando a otros ayuntamientos a seguir su ejemplo.