Las trabajadoras de atención domiciliaria en huelga vuelven a concentrarse para exigir mejoras laborales

Sin dejarse amedrentar por la lluvia, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 7 de enero, han vuelto a concentrarse este lunes para exigir mejoras laborales y salariales. Desde la Plaza de la Villa, donde se ha celebrado esta mañana la comisión ordinaria de Políticas Sociales, Familia e igualdad del Ayuntamiento de Madrid, decenas de trabajadoras pertrechadas de batas, silbatos, cacerolas y pancartas, han reclamado una vez más la aplicación del incremento salarial prometido para este año.

Acompañando a las trabajadoras han estado presentes Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, y Ana Lima, la responsable de Servicios Sociales en el Grupo Municipal Socialista. "Es una vergüenza que 30 días después de comenzar este conflicto laboral, el Partido Popular no haya sido aún capaz de sentarse de cara con estas trabajadoras y de poner todos los medios a su disposición para solucionar el problema ya", ha criticado Maestre, cuya formación entregó la semana pasada 10.000 firmas en apoyo de las trabajadoras y para pedir al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del ramo, José Fernández, una reunión formal con las afectadas.

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Para la líder de Más Madrid, se trata de una muestra de la "racanería y tacañería" del Consistorio querer "ahorrarse 3 millones de euros a costa del salario, de las espaldas y del esfuerzo de estas trabajadoras". Por ello, ha subrayado Maestre,  "o vamos a parar como no van a parar ellas, ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad, hasta que los pliegos salgan y recojan la subida salarial" pactada entre la patronal y los sindicatos. En la misma línea, Lima ha incidido en que la situación está "perjudicando muchísimo" a las trabajadoras; así como a "muchas personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia" que no están recibiendo la asistencia que necesitan. "Esta es una situación que se puede parar ya y se debe parar ya si hay voluntad política", ha reclamado la edil del PSOE-M.

En respuesta a la movilización, Almeida ha asegurado que el Gobierno municipal está trabajando para hacer “los mejores pliegos posibles”, garantizando así las "mejores condiciones" para las trabajadoras y que los usuarios sigan recibiendo la ayuda. “Es un servicio fundamental en Madrid para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; para nuestros mayores, por ejemplo; para personas que tienen algún tipo de discapacidad”, ha recalcado el regidor popular.

Una prórroga sin subida

Lo que llevan pidiendo desde mediados de diciembre es la actualización de unos pliegos que permitan reconocer la subida salarial contemplada en el convenio colectivo firmado el pasado mes de febrero y publicado en mayo, pero que han sido prorrogados tanto por parte del Ayuntamiento como de la Comunidad. La prórroga -hasta junio de 2025 en el caso del Ayuntamiento de Madrid y hasta abril de 2025 en el caso de la Comunidad- no tiene en cuenta la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni el aumento del coste de la vida, ni el incremento salarial para las trabajadoras previsto en el convenio colectivo sujeto a la adjudicación de los nuevos pliegos de condiciones.

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Una parte importante de la atención domiciliaria es un servicio público, dependiente tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, subrogado a una serie de empresas que se encargan de su gestión y que funcionan mediante un sistema de copago según el nivel de renta. A día de hoy, atiende alrededor de 85.000 usuarios a día de hoy en toda la región. Tanto el Gobierno regional como el municipal señalan como responsables de la situación al incremento de la demanda en los últimos años y, sobre todo, al Gobierno central, que aporta tan solo el 29% de la dependencia de Madrid, cuando tendría que estar financiando el 50%", según la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad.

“Estamos en el proceso de búsqueda de financiación ante el problema que nos ha generado el Gobierno de España, que no está aportando a las comunidades autónomas los recursos económicos para sufragar la atención a la dependencia”, subrayan desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento. Pese a este déficit presupuestario, una y otra administración afirman estar trabajando para sacar el nuevo expediente de contratación "a la mayor brevedad posible” - que "supondrá "un incremento de inversión superior al 80%", según la Consejería-, aunque no confirman cuándo estará listo.