El número de viviendas turísticas que se dieron de baja del registro de la Comunidad Madrid se disparó un 30% en 2024

Este año se han tramitado 1.100 expedientes frente a los 835 de 2023

Una pegatina contra la plataforma de alquileres turísticos Airbnb en Madrid.

Una pegatina contra la plataforma de alquileres turísticos Airbnb en Madrid. / MARISCAL / EFE

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

El pasado mes de junio el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba un nuevo Plan de Refuerzo del Control de la Actividad de las Viviendas de Uso Turístico. La principal medida que contemplaba era el aumento del número de agentes dedicados a la supervisión del funcionamiento de este tipo de alojamientos. El número de efectivos se ha duplicado al pasar de 16 a 33. Coincidiendo con ello, el número de bajas de viviendas turísticas en la región ha crecido considerablemente respecto al año pasado.

En 2024 ese aumento ha sido concretamente de un 30%. En los últimos doce meses se han tramitado 1.100 expedientes de este tipo frente a los 835 de 2023. En ese periodo, los inspectores de la Comunidad de Madrid han notificado 682 requerimientos de licencia urbanística municipal para el ejercicio de esta actividad y han dictado 375 resoluciones por las que se declara la imposibilidad de realizarla.

El aumento de plantilla no es la única medida prevista en el plan de refuerzo de control. Desde Sol se está trabajando en un endurecimiento de las sanciones contra las viviendas de uso turístico irregulares, particularmente en los casos de reincidencia. Además, se buscan fórmulas para estrechar la colaboración e intercambio de información entre las distintas localidades de la región.

El de las viviendas de uso turístico es, no obstante, un gato al que las administraciones no terminan de poner cascabel. En una ciudad como Madrid, el Ayuntamiento admite la existencia de 16.100 pisos de esta clase de los que solo 1.131, apenas un 7%, tienen licencia para operar. Al mismo tiempo, un 30% de los visitantes de la ciudad se alojan en ellas, y el turismo es una fuente de ingresos cuyo chorro nadie quiere cerrar. Por otra parte, según estimaciones de Cibeles, el alquiler de pisos para uso turístico permite duplicar los ingresos a los propietarios respecto al alquiler tradicional: hasta 19.737 frente a 10.138 euros anuales de media.

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de la capital presentaba su propio plan para regular este mercado, bautizado con el nombre de Plan Reside, pues persigue, según el equipo de José Luis Martínez-Almeida, preservar el carácter residencial del centro de Madrid y eliminar los problemas de convivencia entre turistas y vecinos al tiempo que pretende ordenar el funcionamiento de las viviendas de uso turístico.

La principal medida que contempla es la prohibición, en los que se denomina Área de Planeamiento Específico (APE) 001, una zona a grandes rasgos delimitada por la calle de Raimundo Fernández Villaverde por el norte y Madrid Río por el sur, de los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales de manera que se concentren en inmuebles específicamente destinados a esta actividad: turistas por un lado, vecinos por otro.

La tramitación de ese plan impedirá su entrada en vigor hasta bien entrado 2025. Hasta entonces, y desde el pasado mes de abril, el consistorio de la capital puso en marcha cuatro medidas para atajar la expansión de las viviendas de uso turístico, que han crecido en un 50% en los últimos siete años, un periodo en el que los establecimientos turísticos convencionales crecieron un 9,85%.

La pasada primavera, el Ayuntamiento de la capital suprimió la concesión de nuevas licencias para esta actividad, reforzó la plantilla de la Subdirección General de Inspección y Disciplina con 10 nuevos efectivos para sumar un total de 75, publicó un listado de las 1.131 que operan con licencia y elevó las sanciones de 1.000, 2.000 y 3.000 euros por sucesivas reincidencias a 30.000, 60.000 y 100.000 euros respectivamente.

A la altura de noviembre de este año se habían impuesto en la ciudad 183 multas de 30.000 euros por este motivo. Del total de 2.000 inspecciones realizadas en 2023 se verificó que 448 se dedicaban a uso turístico y se ordenó el cese de 356. Además, se revirtieron a uso residencial 221.