El PP se autoenmienda y elimina la tasa de basuras para los colectivos vulnerables en la ciudad de Madrid

"Tasazo" y "sanchazo" son dos de los términos que más le gusta utilizar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en relación con la tasa de basuras. Con ello trata de hacer ver que es una carga fiscal que impone a los madrileños obligado por una normativa estatal. En concreto, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que en su artículo 11 establece que los ayuntamientos deben crear una tasa para implantar sistemas de pago por generación de residuos que respondan a la fórmula de "quien contamina paga". En otras palabras, que sean los ciudadanos quienes paguen el servicio de recogida y tratamiento de residuos en función de los desperdicios que generen.

La búsqueda de una fórmula para calcular un coste individualizado ha sido definida como "un calvario" en el equipo de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo. Finalmente se ha optado por un sistema basado en un 80% en el valor catastral de la vivienda y en un 20% en la cantidad de residuos generados no por cada hogar sino en cada barrio, con un leve coeficiente corrector en función de lo mejor o peor que se separaran los residuos en cada uno de los 131 barrios de la capital. El recibo medio vendrá a salir, aseguran en Cibeles, por 141 euros en el caso de los hogares y 310 euros en el de los locales comerciales.

La forma de determinar esa tasa ha sido, no obstante, duramente criticada desde la oposición. Entre otras razones por no contemplar reducciones ni bonificaciones para familias en situación de vulnerabilidad. Algo que cambiará cuando la redacción de la ordenanza fiscal pase por el trámite de enmiendas antes de que acabe este año para entrar en vigor en 2025.

El Grupo Municipal del Partido Popular ha registrado dos enmiendas a la redacción de la ordenanza de la tasa de basuras del gobierno municipal. Una es de carácter más técnico con objeto de simplificar la tramitación administrativa. La otra, en cambio, prevé la eliminación de la tasa para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid (RMI).

Familias numerosas

En su redacción original, la ordenanza solo contemplaba una reducción similar a la que se aplica en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas. Los descuentos en ese caso oscilan entre el 90% y el 10% de la cuota en función del valor catastral de la vivienda y de si se trata de una familia numerosa de categoría general (hasta cuatro hijos) o especial (cinco o más hijos). La nueva formulación del artículo 13 que proponen los populares añade, sin embargo, que "cuando el sujeto pasivo contribuyente sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta de Inserción de la Comunidad de Madrid tendrá derecho a una reducción del 100% en la cuota de la tasa, siempre que aparezca empadronado en el inmueble para el que pretende que se aplique la citada reducción".

La percepción de alguno de esos dos subsidios, entre 604,21 euros y 1.595,13 mensuales en el caso del IMV según el número de integrantes de la unidad de convivencia y las posibles circunstancias de monoparentalidad y discapacidad; entre 469,93 euros y 1.134  euros, en el de la RMI, es "criterio que se entiende suficiente para excluir del pago de la tasa", se lee en la justificación de la enmienda, que menciona también la propia norma 7/2022 que obliga a la implantación de la tasa. En su artículo 11.4, la ley de residuos menciona entre las particularidades a las que puede atender la tasa "la diferenciación o reducción para las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social".

Quejas de la oposición

En la propia justificación de la enmienda, firmada por la propia Hidalgo, ya se establece el impacto presupuestario que esta reducción, en la práctica una exención, tendrá en las arcas municipales: 2,7 millones de euros. Poco comparado con los 296 millones de ingresos que se prevén con la tasa, de los que hay que descontar los 40 millones de euros que recaudaba hasta este año el Ayuntamiento por la Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA) y que quedará derogada por ser incompatible con la que ahora entra en vigor. En definitiva, 256 millones de euros de ingresos netos. Almeida acompañó la presentación de la tasa de basura hace un par de meses de un anuncio en la rebaja del IBI por valor total de 31 millones de euros, unos 14 euros de media por recibo

La reducción para perceptores del IMV o la RMI no es, en cualquier caso, el único frente que la oposición había abierto en relación con la tasa de basuras. Más Madrid ha presentado seis enmiendas a la tasa de residuos orientadas a introducir mayores criterios de progresividad y a que se bonifique más la correcta separación de residuos, además de pedir que las viviendas de uso turístico paguen como actividad comercial, no residencial. El PSOE ha presentado otras siete enmiendas a la tasa en sentido parecido. Y en el otro extremo del arco ideológico, Vox ha manifestado también su descontento con esta tasa y, en general, con la política fiscal de Almeida, calificada por su portavoz, Javier Ortega Smith, el pasado lunes de "abusiva y aterradora".

La mayoría absoluta del PP en Cibeles, no obstante, garantiza que la tasa de basuras saldrá adelante tal y como está diseñada. Bueno, con la exención, ahora, para las familias que cobran el IMV o la RMI.