VIVIENDAS TURÍSTICAS

Almeida se da un plazo de dos semanas para prohibir los pisos turísticos "dispersos" en el centro histórico de Madrid

El Ayuntamiento presentará en las próximas semanas la nueva regulación de los pisos turísticos, destinada a "regular de manera definitiva" esta actividad y "generar más vivienda en el centro de Madrid"

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Pleno de Cibeles de este martes 29 de octubre.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Pleno de Cibeles de este martes 29 de octubre. / Ayuntamiento de Madrid

Héctor González

Héctor González

Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado durante el Pleno municipal de este martes que en dos semanas presentará por fin la esperada nueva regulación de los pisos turísticos, una problemática que ha crecido sin control en los últimos años, especialmente en el centro de la ciudad, contribuyendo a la escalada de precios del alquiler y a las dificultades para acceder a una vivienda.

Según ha avanzado el regidor popular, el nuevo Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial persigue el objetivo de regular de manera definitiva las viviendas de uso turístico (VUT) y aumentar así las de de uso residencial disponibles para los madrileños. "Es la apuesta de este Gobierno por mejorar el acceso a la vivienda por parte de los madrileños y por dar una solución a las viviendas turísticas de uso ilegal", ha afirmado Almeida.

Según el mapa publicado por el propio Ayuntamiento en mayo, tan solo 1.008 de los pisos turísticos 13.502 que operan en la capital lo hacen con licencia. A la vista de estas cifras, que desde entonces no han hecho más que aumentar, pese a las fuertes sanciones impuestas por el Consistorio, con este Plan Especial el Gobierno de Almeida dará un paso adelante en la regulación normativa de un sector que ha proliferado sin límites en los últimos tiempos.

Tres líneas de actuación

Para ello, la normativa contará con varios ejes de actuación, articulados en torno a tres líneas primordiales. En primer lugar, como ya había adelantado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se prohibirán los pisos turísticos disperos en comunidades de vecinos del casco histórico de la capital, de manera que solo pueda haber inmuebles específicos destinados a esta actividad. "Somos partidarios de unificar y concentrar estas viviendas en edificios exclusivos de actividad terciaria como forma de evitar los problemas de convivencia entre los vecinos y los turistas", anticipó a mediados de septiembre Carabante.

Asimismo, tal y como ya había avanzado el propio Almeida en verano, se prohibirá la transformación de locales comerciales en VUT con el objetivo de "preservar" la identidad de los barrios y mantener el pequeño y mediano comercio. La idea es extender el veto actual más allá de los límites de la M30 para proteger también el comercio de proximidad de distritos periféricos como Usera, Puente de Vallecas o Carabanchel.

También se va a permitir por primera vez el cambio de uso dotacional privado a edificios residenciales, de manera que estos puedan destinarse a construir vivienda asequible o en régimen de coliving. De acuerdo con el recuento del Gobierno municipal, en el distrito Centro existen actualmente hasta 210 edificios que cumplen estas características y que podrían reconvertirse para incrementar la escueta oferta disponible. En la misma línea, el nuevo Plan Especial va a incluir también un aumento de la edificabilidad en edificios cuyo uso sea distinto al residencial para transformarlos en inmuebles residenciales.

Críticas del PSOE por "falta de claridad"

El anuncio de Almeida no ha tardado en despertar las reacciones de la oposición. Tras la intervención del alcalde, en la que ha desgranado las principales líneas de actuación de la nueva regulación, el concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo ha salido a criticar que las medidas propuestas despiertan dudas por su "falta de claridad".

En este sentido, el edil socialista ha cuestionado si su aprobación va a suponer modificar el plan actual o se trata de un nuevo plan especial, reprochando a Almeida que no han dejado claro el alcance legal de las medidas ni su compatibilidad con el actual marco normativo.

"De qué sirve esto si el 95% de las viviendas turísticas están abiertas ilegalmente", ha remarcado Giraldo, quien ha reiterado la necesidad de reforzar la inspección y control de la normativa en lugar de plantear cambios que podrían resultar inaplicables "sin un plan de choque de inspección, control y clausura".