Los dueños particulares de los pisos turísticos se revuelven contra Almeida: "Democratizamos el turismo"

Las normativas para limitar los pisos turísticos tienen muchos defensores, pero esta mañana se han manifestado frente al Ayuntamiento de Madrid algunos detractores. Algo más de medio centenar de personas se han manifestado tras una pancarta que decía "Somos vecinos, no somos fondos buitre", lema que resume su parecer. Son propietarios particulares de viviendas de uso turístico y no están de acuerdo con las restricciones que ha puesto en marcha el consistorio. Se han presentado bajo la ventana del despacho del alcalde, José Luis Martínez Almeida, para exigir "una regulación justa".

“Somos gente normal alquilando a gente normal, no somos fondos buitre”, asegura Ana Pavón, portavoz de Madrid VUT, plataforma de pequeños propietarios de viviendas turísticas que ha convocado la concentración en la explanada de Cibeles. “Solo pedimos poder alquilar con seguridad y que se nos regule de forma justa, no que se nos prohíba”.

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De las 15.000 viviendas turísticas que se calcula que operan sin licencia en Madrid, unas 8.000 lo hacen con una declaración responsable del propietario. Reclaman poder seguir operando de esa forma porque, afirman, la licencia, implantada durante el mandato de Ahora Madrid, exige requisitos “imposibles de cumplir” como que el uso del suelo en que está la vivienda sea terciario hospedaje en lugar de residencial o tener una escalera de acceso independiente. 

Denuncian igualmente otras medidas adoptadas por el Ayuntamiento, como la suspensión de licencias nuevas y el endurecimiento de las multas. Hace unos meses el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, anunció que la primera sanción para un piso turístico ilegal era de 1.000 euros, la segunda de 2.000 euros y la tercera de 3.000, pero con el cambio de reglamento la primera sanción será de 30.000 euros, la segunda de 60.000 y la tercera de 100.000 euros.

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Desde VUT defienden, además, que con estas medidas no solo se pone en riesgo la continuidad de su actividad sino también unos 4.000 empleos entre personal de limpieza, encargados de entregar llaves u otras funciones como la monitorización del ruido. “Para nosotros los vecinos son superimportantes, porque tenemos que cuidar nuestro producto”, mantiene Pavón.

“No solo generamos riqueza”, prosigue. “Es que, además, defendemos el derecho de los propietarios a alquilar por temporadas porque pueden tener necesidades distintas y no les sea viable alquilar por años completos. Y democratizamos el turismo: hay gente que si nosotros dejamos de existir no va a venir a Madrid. Hay mucha clase media y muchas familias trabajadoras que necesitan la opción que nosotros ofrecemos”.

Uso en alza

Pese a los intentos de ponerle coto y al creciente descontento social sobre su expansión incontrolada, los Airbnb y los apartamentos turísticos han registrado un incremento de su uso este verano en la Comunidad de Madrid. La región sumó 226.164 pernoctaciones en este tipo de alojamientos el pasado mes de agosto, lo que supone un 16,3% más que en el mismo mes del año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, las viviendas turísticas madrileñas se han visto beneficiadas muy por encima de la media nacional, que registra un incremento interanual del 2%.

Durante la protesta, el presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás, ha expresado que “la convivencia es una excusa que está utilizando el Ayuntamiento para desviar una demanda legítima que existe por parte de familias, grupos y personas que visitan Madrid”, en declaraciones a Efe. Pero asegura que los pequeños propietarios tienen distintas medidas para "garantizar la convivencia", como el control de ruido, la implementación de vigilancia nocturna o la creación de un número de teléfono directo para los vecinos, que, según dice, permite resolver problemas sin necesidad de intervención policial.