Alcalá detecta legionela en el agua de la residencia de mayores Francisco de Vitoria

La Comunidad de Madrid ha asegurado que “es radicalmente falso que haya un brote de legionela en la Residencia Francisco de Vitoria”, al contrario de lo que ha anunciado este viernes el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en una rueda de prensa donde ha dicho haber recogido muestras con niveles graves de presencia de dicha bacteria.

En declaraciones difundidas a los medios, el Gobierno regional ha aclarado que el “supuesto brote” que denuncia el Ayuntamiento de Alcalá se basa en una visita realizada por los técnicos municipales el pasado 1 de marzo que, según la Comunidad, no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Dirección General de Salud Pública, encargada del control de las residencias públicas y único organismo competente para determinar que existe legionela.

En este sentido, añaden que en dicha inspección el Ayuntamiento no levantó acta de ningún tipo, ni dejó un informe de la toma de muestras realizadas, como es preceptivo, apunta el Gobierno madrileño.

La Dirección General de Salud Pública está realizando hoy mismo una toma de muestras de manera oficial y con todas las garantías para comprobar si se detecta la presencia de esta bacteria en el agua del centro.

Además añaden que “lo que supuestamente ha detectado la visita municipal son unos valores de presencia de la bacteria, pero en ningún caso se puede hablar de brote”, ya que detallan que este concepto implica que haya dos o más casos en las instalaciones, y no hay ningún caso diagnosticado, según indican.

“Los controles que realiza la Comunidad habitualmente permiten tomar todas las medidas para evitar problemas con esta bacteria, que se forma en ambientes húmedos y que no se transmite por el consumo de agua sino por la formación de aerosoles”, han zanjando. 

En declaraciones difundidas a los medios, el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, ha pedido a la Comunidad de Madrid “que se tomen en serio la situación de la Francisco de Vitoria”.

Para el regidor, la situación de esta residencia supone “hablar del futuro de 500 personas que han puesto su salud en manos de una administración pública que es el Gobierno regional, muchas de ellas en situación de dependencia”.