Ley de Infancia de Madrid: sanciones a profesores por no denunciar el acoso y control de acceso a la pornografía

La nueva Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid centra gran parte de su articulado en los derechos de los niños en el ámbito educativo y digital: blindará los derechos digitales de los menores, reforzará la educación en redes sociales desde los tres años y establece un nuevo marco normativo para hacer frente al acceso de contenidos inadecuados para los niños entre los muros de los centros educativos, como pueden ser la pornografía, la violencia u otros que generan especial preocupación por los desequilibrios emocionales que pueden provocar a los más pequeños y a los preadolescentes. Con todo eso están de acuerdo todos los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid.

La ley vigente es de 1995 y todas las formaciones de izquierda y derecha estaban de acuerdo en la necesidad de dar un revolcón a la norma y actualizarla, introduciendo especialmente derechos y obligaciones que sirvan para frenar los casos de acoso y bullying en los colegios. Con la nueva ley recién aprobada, se pondrán imponer hasta 30.000 euros de sanción "por incumplir el deber de comunicaciones de situaciones de violencia" a profesores o cuidadores de los menores. Y aquí llega la queja del profesorado.

Isabel Galvín, portavoz del área de Educación de CCOO, lamenta que "se haya optado por un modelo punitivo" que cree que está ya "denostado" por múltiples informes de organizaciones especializadas en esta materia. Por el contrario, incide en que es una "ley de coste cero, que no garantiza los recursos necesarios para la prevención". "Se mira al profesorado para sobrecargarlo más con cuestiones que no son propias de la labor docente, se necesitan equipos multidisciplinares y, en todo caso, más inversión en formación", apunta y añade que "no se reconoce la figura del coordinador de bienestar" y advierte de que los equipos directivos de los centros educativos están "desbordados" observando cómo se incrementan los problemas de salud mental o de bulling entre los jóvenes, sin medios suficientes para ponerles solución. "Esta ley es una oportunidad perdida", dice, siendo también muy crítica con la ley de Infancia estatal por no ser suficientemente taxativa como para obligar a las comunidades autónomas a garantizar estos recursos.

Críticas por falta de compromiso real

También el PSOE de Juan Lobato considera que es una oportunidad perdida. La Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, vela por el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías y busca hacer frente a los desafíos tecnológicos actuales. El artículo 25 del texto desarrolla este "uso responsable" y señala que el Gobierno regional "adoptará las medidas necesarias para desarrollar los derechos de los niños en relación con el entorno digital" o garantizará el aprendizaje del alumnado de las competencias y habilidades digitales básicas" desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Según la nueva ley, se formará a los estudiantes "en el manejo de las nuevas tecnologías y en los riesgos derivados de su uso inadecuado, con especial atención a las situaciones de violencia, noticias falsas o contenidos que puedan dañar su dignidad y desarrollo". Y para que el proceso sea completo, explican desde la Comunidad, se obligará también a los editores y publicadores de contenidos (como Youtube) que verifiquen la mayoría de edad de los usuarios con herramientas que vayan más allá de la actual petición de confirmación a la persona que entra en sus páginas. Pero en opinión de la portavoz de Educación del PSOE, Lorena Morales, "no hay un compromiso real, todo es fomentar e impulsar pero poco comprometer. Es una ley que es un poco brindis al sol que no marca ningún plazo".

En cualquier caso, su abstención en esta ley se debe principalmente a que el PP no ha recogido su enmienda sobre la "gratuidad del comedor escolar para familias que ingresen menos de 35.000 euros al año, monoparentales, numerosas y familias con algún miembro con discapacidad". "Queríamos sobre todo que garantizase el derecho a la alimentación como hacen otras leyes de infancia regionales", lamenta Morales, "decir que el pescado es muy saludable pero no garantizar los medios para que los niños coman pescado no vale para nada".

Sistemas de acogida

Desde Más Madrid reconocen también que era necesario actualizar una ley que tenía casi 30 años y no incluía nada sobre plataformas digitales y los problemas de acoso en los colegios, pero entienden que el régimen sancionador no está bien desarrollado. Además, reclaman mejoras en la parte de acogida y tutela de menores, que también se recoge en un capítulo de la ley. En esto está también de acuerdo el PSOE.

La Ley unifica procedimientos y declaraciones de idoneidad para el acogimiento y la adopción y sistematiza la transición entre estos sistemas para garantizar situaciones estables para los niños. Pero en Más Madrid denuncian que los niños de entre 0 y 3 años deben tener garantizada su acogida en una familia, "algo que no ocurre en demasiados casos" según fuentes de la formación, y que esta ley no recoge propuestas concretas y suficientes para evitarlo. La portavoz socialista, por su parte, critica que echa de menos "un catálogo de derechos para familias acogedoras, que la propia ley incluyó uno en su anteproyecto y ellos mismo se lo han cargado en su proyecto". Falta, insiste, una "apuesta real por el cambio de paradigma del sistema para que los niños y niñas en desamparo no crezcan en centros, porque eso no es infancia".