El PP de Ayuso aprovecha la debilidad de la ministra de Transportes y se vuelca en sus exigencias para los Cercanías de Madrid

5.080 millones. 6.200 millones. Un mínimo de 2.000 millones, hasta 1.000 millones. Lo que sucede con las Cercanías de Madrid parece una carrera por las cifras de inversión en la infraestructura ferroviaria y la compra de trenes. Pero mientras los políticos se pelean por la cifra que se pinta sobre el papel y unos exigen su ejecución inmediata u otros defienden la inversión ya comprometida, los madrileños se encuentran con múltiples incidencias que generan molestias o dificultan su actividad diaria. Este viernes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reunirá con el consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, David Pérez, para explicarse y exigirse mutuamente cuál es la situación real de las Cercanías. Y el PP ha visto en los últimos hechos que afectan al Ministerio una debilidad y una coincidencia en el tiempo que no piensan desperdiciar.

El Gobierno regional lleva meses solicitando esa reunión a través del consejero de Transportes e Infraestructuras, y ahora que la ha conseguido, se encuentra con que la ministra ha tenido que cesar a dos pesos pesados, a su secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, y al presidente de Renfe, Isaías Taboas, por la polémica en torno al tamaño de los trenes de la zona norte y al retraso de más de dos años que esto provoca en el servicio ferroviario. Unos días complicados para la ministra Sánchez, que ha decidido incluso compensar a cántabros y asturianos con la gratuidad del servicio de transporte hasta la entrega de los trenes, y por los que el PP ha decidido volcar sus esfuerzos en esta materia y calentar esa próxima reunión con una concentración este miércoles en la puerta del Ministerio, así como con el registro de una proposición no de ley en la Asamblea en la que se insta a exigir al Gobierno de la nación las inversiones previstas y "deliberadamente" no ejecutadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, según el portavoz del grupo popular Pedro Muñoz Abrines.

Es decir, que apuestan por mantener vivo el debate por la mala situación de las Cercanías en la Asamblea y obligar así a los partidos de la oposición a posicionarse sobre las actuaciones del Ministerio. Además, exigen que el Gobierno convoque la comisión de seguimiento del plan de cercanías, que sirve para que el Ejecutivo relate y comparta con las administraciones afectadas las actuaciones que se están llevando a cabo y para que esas administraciones fiscalicen el trabajo y planteen sus necesidades. Esta petición, en realidad, no es nueva, ya que desde la consejería de David Pérez la han solicitado en reiteradas ocasiones desde el inicio de la legislatura sin éxito alguno.

Disputa por la autoría de los planes

El último incidente en las Cercanías de Madrid se produjo hace una semana, momento en el que en el PP salieron en tromba a exigir las inversiones previstas en el plan que presentó el ministro del Partido Popular Iñigo de la Serna antes de que la moción de censura se llevara por delante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquel plan contemplaba inversiones por valor de 5.080 millones, a repartir prácticamente al 50% entre las obras de la infraestructura y la compra de nuevos trenes, pero fue presentado apenas dos meses antes de la moción de censura y, por tanto, su autor no pudo llevarlo a cabo.

El documento presentado en abril de 2018 incluía un detalle pormenorizado del plan de choque, dada la mala situación en la que se encontraba ya entonces la infraestructura y las repetidas incidencias, y las actuaciones, entre otros, de rehabilitación, accesibilidad y prolongación de las líneas que se ejecutarían en los siete años siguientes, así como la construcción de un eje transversal este-suroeste, desde el Corredor del Henares hasta las poblaciones del sur sin pasar por la estación de Atocha, con la finalidad de descongestionar el tráfico de la propia estación y del servicio ofrecido.

Siete meses después, el equipo del entonces ministro José Luis Ábalos, anunció que no eran suficientes aquellos 5.080 millones de euros y propuso un plan que alcanzaba los 6.200 millones de euros, que según el equipo actual del Ministerio se dividen "en 3.400 en actuaciones de Adif y 2.800 en actuaciones por parte de Renfe".

Ejecución de obras

En la reunión del próximo viernes, el consejero se va a encontrar, previsiblemente, con un resumen de lo que en el Ministerio defienden que han ejecutado hasta ahora, mientras en la Comunidad lamentan que se haya dejado la inversión en Madrid de lado para concentrarse en otros territorios como Cataluña o Valencia, algo que continuamente denuncian los populares madrileños. 

"En términos generales, de los 6.200 millones de euros del Plan, tenemos ejecutados o en marcha más de 2.600 millones de euros. Más del 40% del plan", sentencian desde el Ministerio de Sánchez. Pero en la Comunidad no confían demasiado en estas cifras.

En lo que respecta a Renfe, la información facilitada por el equipo ministerial asegura que de los 2.800 millones de inversión previstos, se han dedicado más de mil a la compra de trenes. En concreto, en 2019 se licitó la adquisición de 211 trenes y de estos una parte importante irá destinada a las cercanías de Madrid. A esto suman una ejecución de 450 millones en el propio material rodante, mejoras en las estaciones u otras instalaciones de mantenimiento.

Baile de cifras

Pero mientras la parte de compra de trenes no guarda mayor misterio, de lo que principalmente se quejan en la Comunidad es de las obras sobre la infraestructura, que dependen de Adif, y de la falta de información por parte del Ministerio. Desde el departamento de Sánchez, en cambio, apuntan que "la reprogramación de servicios ha sido coordinada con el Consorcio regional de Transportes de Madrid" y recuerdan que el PSOE presentó una proposición no de ley en la Asamblea el pasado 30 de enero en la que se pedía la colaboración del gobierno regional con el Ministerio para las "medidas relativas al plan alternativo de transporte", iniciativa que salió aprobada por unanimidad en la cámara autonómica.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se quejaba este martes de que la ministra no había respondido a la carta enviada para quejarse por las reiteradas incidencias en las cercanías de Madrid, para las que exigía los 5.000 millones del plan que presentó el PP. El consejero de Transportes e Infraestructuras, sin embargo, apuntaba este lunes que en esta próxima reunión exigiría a la ministra un "mínimo de 2.000 millones de euros" para un nuevo plan de choque y frente "a la desinversión sostenida en el tiempo desde que Gobierna el PSOE". Y así comienza un baile de cifras millonarias entre las distintas administraciones locales y estatal en el que parece más importante la cantidad que las actuaciones concretas y necesarias para la mejora del servicio.

En los datos facilitados por el Ministerio se puede leer que el plan tiene "activados" hasta 106 proyectos que dependen de Adif, y aseguran que el 86% "están bajo planificación, proyecto o ejecución", que suman "1.100 millones". Por planificado, en realidad, se entiende en la empresa pública justo eso, que está planificado sobre un papel y previstas las actuaciones necesarias pero que no han pasado, en todo caso, a la fase de la redacción de los proyectos. Entre las actuaciones ya finalizadas, el Ministerio incluye la puesta en servicio del túnel Chamartín-Recoletos-Atocha, la remodelación de vías en la estación de Chamartín y en el túnel de Recoletos, la mejora de la accesibilidad de Vicálvaro, la puesta en servicio de la conexión peatonal del túnel entre Sol y Gran Vía o la renovación integral del túnel de Getafe, obras todas ellas llevadas a cabo entre 2019 y 2021.