Anticorrupción abre diligencias por una denuncia de adjudicación irregular del Gobierno de Almeida

La Fiscalía anticorrupción ha abierto diligencias para investigar una adjudicación realizada por el Ayuntamiento de Madrid en la que están involucrados el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y dos miembros de su Gobierno, la portavoz del gobierno municipal y directora de campaña de Almeida, Inmaculada Sanz, y el delegado de Movilidad y portavoz de la campaña, Borja Carabante. La decisión de la Fiscalía se produce por una denuncia presentada por la adjudicación de un proyecto para el soterramiento de la A-5.

La denuncia fue presentada por la edil del grupo mixto, Marta Higueras, tras conocerse que el Ayuntamiento había adjudicado un contrato a la empresa en la que trabaja el hermano de Carabante, en la que la concejal entiende que hay delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. Ahora la Fiscalía tiene un año para realizar sus pesquisas.

Higueras presentó su escrito el pasado 30 enero, un día después de que eldiario.es publicara los hechos denunciados. Según el documento registrado, el 20 de agosto de 2020 en la mesa de contratación del Área de Medio Ambiente y Movilidad se adjudicó un contrato para la "redacción del proyecto de ejecución del Paseo verde del suroeste (soterramiento de la A-5 - Paseo de Extremadura)" por un valor estimado de 3.077.246,29 euros, un contrato que se modificó debido al relanzamiento de la Operación Campamento. La empresa adjudicataria fue la UTE Esteyco-Subterra Energía, en la que trabaja uno de los hermanos de Carabante. La denuncia continúa diciendo que solo un día después de la adjudicación esta fue anulada, y que casi una semana después, el alcalde, mediante decreto, aceptó la abstención de Carabante en esta adjudicación y acepta que sea sustituido por Inmaculada Sanz, quien poco después acepta las mismas condiciones de la adjudicación y esta se formaliza.

Por esta razón, Higueras presentó la denuncia contra Almeida y sus dos delegados de área, Carabante y Sanz, contra la empresa adjudicataria Subterra Energía, adjudicataria del contrato; Rafael Carabante, el hermano del concejal de Movilidad y Medio Ambiente; y María Dolores Ortiz Sánchez, directora general de Movilidad del Consistorio madrileño.

Fuentes de anticorrupción insisten en que "las pesquisas no se dirigen contra ningún responsable concreto porque son preliminares" y que de momento solo se abren diligencias para "proceder a revisar los expedientes" que han sido solicitados formalmente al Ayuntamiento tras la denuncia.

Fuentes municipales acusan a la edil Marta Higueras de haber actuado con "fines electoralistas" y defienden que la Fiscalía "se ha limitado a pedir información sobre el asunto", por lo que aseguran que es "falso" que se esté investigando a ninguna persona del equipo. Higueras forma parte del grupo mixto, cuya disolución ha sido ratificada este martes por la Justicia tras la denuncia presentada por Más Madrid.