UN 74% MENOS

Almeida se carga al equipo de inspección de pisos turísticos y deja los controles en mínimos

El equipo ha pasado de 22 personas a la mitad en el último año, bajando el número de expedientes disciplinarios de 968 a 256

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almeida / efe

Analía Plaza

Analía Plaza

El Ayuntamiento de Madrid ha eliminado el servicio de inspección de viviendas turísticas que creó en 2018 para cazar a aquellas que operasen de forma ilegal. El equipo estaba formado por veintidós personas —diez arquitectos, cuatro jurídicos y ocho auxiliares administrativos— y funcionó hasta enero de 2022, según se desprende de la memoria de la Agencia de Actividades del año pasado a la que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En ese momento terminó el plan de empleo temporal bajo el que ejercían sus funciones, que se venía prorrogando desde 2019, y el organismo decidió prescindir de la mitad del personal. Las once personas que se quedaron —siete arquitectos, dos jurídicos y dos técnicos de gestión— pasaron a trabajar en la Agencia de forma general, sin dedicación exclusiva a las viviendas turísticas.

El efecto es considerable: los expedientes disciplinarios abiertos se han reducido un 74%, pasando de 968 en 2021 a 256 en 2022. De estos, en el año pasado se ordenó el cese de 150 viviendas con actividad turística ilegal, frente a los 557 ceses ordenados en 2021.

La Agencia de Actividades explica en su memoria, que no será pública hasta mayo pero cuyos datos ya ha enviado al Consejo Rector, que "se ha pasado de veintidós personas a once manteniendo el nivel de inspecciones gracias al esfuerzo del personal y a la eficacia de la reorganización realizada en el servicio". Argumentan también que en 2022 solo se recibieron 411 denuncias vecinales relativas a pisos turísticos, apenas "un 12% del total". En años anteriores, según las memorias, esta cifra era superior. En 2019, 2020 y 2021 la Agencia de Actividades reconoció que gran parte de las sugerencias que le llegaban tienen que ver con "la preocupación de la ciudadanía por las viviendas de uso turístico".

Preguntadas por esta cuestión, fuentes del departamento de Urbanismo señalan que el plan de empleo temporal terminó igual que terminan los programas de becarios de las empresas: con algunos de ellos sin renovar.

"Lo que se ha hecho es una reestructuración del personal y se ha unificado todo el servicio de inspección para que sea más eficaz. No se ha eliminado nada: un programa ha llegado a su fin", dicen. Insisten además en que las inspecciones son ahora "mucho más afinadas" porque porcentualmente se cesa más en relación a lo que se controla.

La Agencia también da este argumento en su memoria. "En 2022, el servicio [de Inspección y Disciplina, donde van ahora los pisos turísticos] ha contado con una media de 9 inspectores frente a los 15 del año anterior. Si bien parece haber un número menor de inspecciones frente a las realizadas en el mismo periodo del año anterior, la realidad es que se ha incrementado el número/ratio de inspecciones/técnico".

El número de inspecciones a viviendas turísticas no aparece desglosado en la última memoria. Al desaparecer el equipo dedicado en exclusiva a esta función, estos datos se han unificado junto a los de inspecciones de disciplina urbanística, que en 2022 fueron 1.315. Los datos de años anteriores pueden verse en el siguiente gráfico:

En cualquier caso, los números absolutos de ceses están ahí. En 2022 se cerraron casi cuatro veces menos pisos turísticos ilegales que en 2021. E indican que ni siquiera veintidós trabajadores eran suficientes, porque la oferta estimada de apartamentos turísticos en Madrid supera las 13.000 unidades —el INE da 15.763 y la web independiente InsideAirbnb, 13.251—, de los cuales solo 250 tienen la licencia municipal necesaria para ser legales.

Esta licencia se creó durante la legislatura de Manuela Carmena y obliga a los pisos turísticos a tener un acceso directo a la calle. Aunque PP y Ciudadanos prometieron cambiar la norma, sigue vigente tras no salir adelante la modificación de las normas urbanísticas con la que pretendían hacerlo. Como la mayoría de pisos turísticos no cumplen, sus propietarios no piden la licencia.

El propio departamento de Urbanismo reconoció hace pocos meses a este diario que hacía "todo" lo que podía, dentro de sus competencias y recursos, para acabar con las viviendas turísticas ilegales. Explicó que suele ser difícil confirmar que las viviendas están alquilándose, que los trámites para los ceses son complejos y que los propietarios casi siempre recurren.

Un problema que no cesa

Aunque la pandemia dio cierto respiro, la proliferación de viviendas turísticas en Madrid vuelve a estar sobre la mesa. En los barrios del centro ya hay más pisos turísticos que menores de 14 años. Y el coste de alquilar una vivienda en la capital sigue subiendo: cerró 2022 con un aumento del 11% respecto al año anterior.

Desde la oposición reclaman al gobierno municipal que se implique y haga cumplir su propia normativa. "La pasividad de Almeida ante las viviendas turísticas ilegales es total", dice Rita Maestre, portavoz de Más Madrid y candidata a la alcaldía. "Tiene el problema fuera de control en medio de una crisis del mercado de alquiler que está llevando los precios a máximos históricos y la tasa de emancipación juvenil a mínimos".

El alcalde reconoció el año pasado que los pisos turísticos suponen "competencia desleal" para los hoteles y que generan "molestias e incomodidades" a los vecinos, pero concluirá la legislatura con menos medios dedicados a perseguirlos de los que había cuando empezó.