Una multa de 100.000 euros por talar un árbol y 13 años de angustia: "Hasta ecologistas creen que fue una barbaridad"

Pocos días después de que se hiciera con una parcela en la urbanización Montencinar de El Escorial con los ahorros de su vida, José Velez se plantó allí con sus amigos e hicieron una merendola, rodeados de fresnos y encinas, a pocos metros del río Guadarrama. Durmieron al ras, como cuando críos, y por la mañana hicieron una cabañita de madera que todavía sigue en pie en la marcada pendiente. De siempre, fue su sueño. Vivir en el campo. De hecho, su finca sigue en su mayoría intacta, manteniendo su encanto natural, con las bellotas y los matorrales por aquí y por allá. “La casa la levantamos entre tres albañiles y yo; estaba todo el día con la paleta”, se le perfila en el rostro la sonrisa a José, farmacéutico de profesión, al recordarlo. Una sonrisa que le es esquiva los últimos años, después de que el Ayuntamiento le multara con 100.000 euros por talar un fresno de su finca sin permiso. 

“Lo he pasado mal, muy mal, mi familia me dice que ya no he vuelto a ser el mismo. Yo antes era una persona alegre y he acabado siendo un cenizo, un tío amargado. Pasé una depresión de tres pares de narices y de eso es complicado levantarte”, relata José, que habla pausado, cogiendo aire, sabedor de que la pelea nunca termina hasta que el árbitro no pite el final. Desde que la sanción le fue impuesta en 2010 por el Ayuntamiento de la localidad, entonces gobernado por el PP, José ha recurrido sin éxito administrativa y judicialmente. “He presentado como 40 reclamaciones y escritos, más de 600 páginas”, enumera. 

Cada noche, cuando se va a dormir, se acuerda de aquella mañana tras una tormenta que apareció inclinado sobre su casa un fresno de diez metros. Un amigo aparejador le dijo que podía suponer un riesgo si caía sobre la casa. A él, amante de la naturaleza, era al primero que no le gustaba talarlo. "Pero es que tenía las ramas secas, estaba enfermo”. Pidió maquinaria a un amigo y dio la casualidad de que frente a su finca, a la que se llega por un camino de tierra, pasaban dos policías municipales el día que lo estaba talando. Los agentes abrieron un parte del que derivó el inicio de un procedimiento de sanción de entre 100.000 y 500.000 euros por haber cortado el árbol sin licencia. 

Recurrió varias veces, argumentando con informes de expertos y del Seprona que había varios árboles enfermos en la finca y que el ejemplar talado también lo estaría. Incluso acudió al Tribunal Supremo, que, sin embargo, avaló la sentencia del juzgado contencioso administrativo que estimó que era una infracción muy grave prevista en la Ley de 2005 de Protección y Fomentado del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. La sanción más alta, pese a que el árbol, argumenta José, no estaba protegido. “Es que hasta ecologistas me han defendido diciendo que lo que han hecho es una barbaridad”. 

Durante años trató de ver al alcalde, Antonio Vicente Rubio, pero nunca le recibió, y ha pedido hasta en siete ocasiones por escrito que le enseñaran el expediente. “Lo han tenido escondido”. Nunca tuvo una explicación de por qué le tocó a él, que buscó mil maneras para tratar de que le condonasen la multa, ya fuera haciendo trabajos sociales o plantando mil árboles pagados de su bolsillo. En el Consistorio le dijeron que solo “aplicaban la ley”. En 2016 comenzó a pagar la multa, con mensualidades de 1.600 euros que secaron el grifo de los ahorros familiares. “Estaba desesperado. Es mucho dinero, tengo dos hijos... porque pude vender un terreno que heredé de mi padre, si no tendría que haberme ido de la casa porque no podía pagar las mensualidades”, explica José, que calcula que ya ha pagado más de 100.000 euros, aunque debe 40.000 más de intereses. 

Durante todo este tiempo, José reunió más de 120.000 firmas pidiendo revocar la multa y se ha reunido con todos los partidos políticos menos el PP: todos le han dado la razón. “No han tenido el valor de recibirme. Yo siempre he sido como un apestado, como en plan ‘no muevas esto, jódete’”. Ha puesto incluso de acuerdo a Vox y Podemos en que era un sinsentido. Durante los primeros meses de confinamiento, ya que él como farmacéutico sí que podía salir de casa, se ofreció a hacer test Covid a todos los vecinos que quisieran como forma de aplazar los pagos, y tener un poco de oxígeno, pero no lo consiguió. 

El pasado verano, sin embargo, se abrió el cielo después de que la vicealcaldesa, Tamara Ontoria, de Unidas El Escorial -gobierna el municipio junto al PSOE desde 2019-, tuviera acceso al expediente, después de que se lo hubieran negado en reiteradas ocasiones. Se dio cuenta de que el procedimiento sancionador había estado mal desarrollado, ya que, según la citada Ley del Arbolado, las infracciones muy graves no podían ser establecidas por la Junta de Gobierno, como había sido en este caso, sino por votación del Pleno municipal. 

“Han llegado a la conclusión de que era inválido, pero yo hasta que no lo vea… me siento en una deuda de gratitud enorme con ella”, señala José, cuya sanción será llevada a modo de revisión al pleno municipal de hoy para su previsible archivo. “Soy un manojo de nervios, la verdad, estoy dándole vueltas todo el rato. He estado todos estos años obsesionado, y todavía no canto victoria”, asegura José, que valora la cercanía de todos los grupos políticos, también del alcalde socialista, Cristian Martínez.

En conversación telefónica con este medio, la vicealcaldesa confirma que “mañana (por hoy)” se llevará a pleno la incoación del expediente para la revisión de oficio del mismo, del que derivará previsiblemente la anulación de la sanción. “Cuando estábamos en la oposición pedimos información muchas veces, pero nunca nos dijeron nada. Era algo superhermético”, recuerda la vicealcaldesa, que pidió ya la revisión del proceso en mayo de 2021. 

“Ahora será el pleno, el que es el competente, el que pida la revisión del procedimiento, pidiendo a la Secretaría un informe que nos diga si es el pleno el competente para hacer la revisión de oficio. Se va a solicitar también la paralización de los pagos”, dice Ontoria, que espera que la moción sea aprobada por “la mayoría” porque a su entender esa sanción fue puesta de forma irregular: “Fue resuelto por un órgano que no era competente”. Luego tiene que pasar por una comisión la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para poder hacer efectivas las devoluciones de las cuotas. “Es un tema que hay que tratar con mucha sensibilidad y espero que la respuesta de los 17 concejales sea positiva”, vaticina.  

Después de esta batalla sin fin, José planea que se irá al campo una semana, a Don Benito, a una casa de la familia a olvidarse esta dolorosa travesía, a arreglar coches antiguos, que es una de sus pasiones. “Mira, este es el dos caballos que estoy arreglando con mi hijo; yo entre martillazos, grasa y coches viejos estoy feliz”, muestra ufano una foto sobre un hobby que le ha permitido desconectar del infierno que ha pasado. “Ahora estoy más o menos tranquilo, pero sé que mañana me puede dar un patatus”, dice todavía con la mirada triste José, gacha, como si tuviera que ser él quien pidiera perdón. Hoy, cuando crucé al acabar el día el prado que tiene frente a la casa, al lado del río -”un sitio maravilloso”- y se siente a echar un pitillo, pensara que al final, y por mucho que cueste, se ha hecho justicia.