Madrid gastó 3 millones en restaurar este edificio protegido: ahora será un colegio privado de EEUU

Entre los años 2006 y 2009, la Comunidad de Madrid invirtió 3,3 millones de euros en rehabilitar el Instituto Homeopático y Hospital de San José, un edificio del siglo XIX situado en la glorieta de Quevedo (distrito de Chamberí) que llevaba décadas abandonado. El conjunto había sido declarado Bien de Interés Cultural en 1997, siendo Alberto Ruiz Gallardón presidente regional. Su sucesora, Esperanza Aguirre, aseguró en su reapertura que iba a ser "un museo vivo", visitable por los madrileños, y un lugar de divulgación sobre asuntos médicos. Las obras financiadas con dinero público contaron con el visto bueno del entonces desconocido José Luis Martínez-Almeida, que ocupaba el cargo de director de Patrimonio Histórico.

Trece años después, el instituto privado estadounidense Brewster Academy —que ofrece los cursos equivalentes a infantil, primaria, la ESO y el bachillerato españoles por entre 38.000 y 66.000 euros al año—  maniobra para abrir su sede allí. La idea, por lo que se desprende de la información disponible en su página web, es empezar las clases el próximo curso académico: en septiembre de 2023.

La empresa también tiene prevista la apertura de un segundo campus en La Moraleja en 2024, para el cual ha adquirido la iglesia de Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y sus terrenos, que llevaban años en venta. La localización del campus de Chamberí no era pública hasta ahora. Brewster, que ha remitido a este medio una nota de prensa sobre su aterrizaje en la capital, no la ha anunciado, solo ha incluido una imagen por ordenador del histórico edificio en su publicidad.

El problema podrían ser los tiempos. El Instituto Homeopático cuenta con una truculenta historia de herederos y títulos nobiliarios detrás que se suma a las cargas económicas por las obras que llevó a cabo la Comunidad. La empresa necesita una licencia para hacer nuevos trabajos —más rehabilitación, demolición y ampliación de algunas partes del conjunto— además de un cambio de uso urbanístico -de sanitario privado a educativo-, y del visto bueno de la Comisión de Patrimonio Histórico de Madrid. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la academia ya ha presentado todos estos documentos, si bien por el momento la Agencia de Actividades le ha denegado la licencia urbanística.

La marquesa propietaria

María José Fernández Rodríguez es una señora de Zaragoza. Su tío abuelo fue José Guillermo Fano García, a quien el primer marqués de Núñez —el médico homeópata zamorano José Núñez y Pernía— nombró sucesor del marquesado o segundo marqués de Núñez. Núñez y Pernía, fundador del edificio que nos ocupa y receptor del título nobiliario por parte de la reina Isabel II, murió supuestamente sin hijos.

Sin embargo, y según han explicado las diversas crónicas publicadas sobre el caso, el marqués tuvo en realidad cuatro hijos con una mujer llamada Julia Fano. Entre estos hijos estaba José Guillermo, que oficialmente solo era ahijado del marqués y murió sin descendencia.

Además de José Guillermo, el médico tuvo tres hijas: Carmen, Josefa y Margarita. Margarita murió sin hijos, pero Carmen y Josefa no. Fueron los nietos de estas señoras los que se enfrascaron en una guerra por el título y la consiguiente propiedad del edificio. Por un lado, Alfredo Román García Álix, que decía ser el auténtico heredero. Por otro, María José Fernández Rodríguez, en quien recayó el título de cuarta marquesa de Núñez (su padre, Jaime Fernández Fano, fue el tercer marqués de Núñez) y la propiedad.

En 2017, y después de décadas de exhumaciones para determinar al verdadero heredero, el Tribunal Supremo falló a favor de mantener el título de marquesa a María José Fernández Rodríguez. Dado que la zaragozana era favorable a vender el edificio una vez se resolviera el jaleo judicial, el PSOE de la Asamblea de Madrid impulsó varias iniciativas para protegerlo, sobre todo después que el Gobierno regional hubiera invertido 3,3 millones de euros públicos en la reforma.

Entre ellos, la inscripción de la declaración de Bien de Interés Cultural en el Registro de la Propiedad y la posibilidad de inscribir las cargas económicas por importe de las obras (los 3,3 millones). Se ejecutó la primera idea; la segunda, aún no.

Intento de alquiler con opción a compra

La inscripción del BIC en el Registro de la Propiedad resultó, de algún modo, un éxito. "De repente, un buen día, la señora marquesa intentó registrar un contrato de alquiler con opción a compra de la propiedad", cuenta Diego Cruz, diputado socialista de la Asamblea que lleva tiempo siguiendo el caso.

"Quería dárselo a una empresa constituida hace un año. Y no: antes de hacer eso, debe comunicarlo para ver si la Administración quiere ejercer su derecho de tanteo y retracto [derecho a comprarlo con preferencia]. Después descubrimos que intentó ampliar el uso del edificio a educativo. Y más tarde nos enteramos de que la empresa recién constituida solicitó licencia urbanística para la rehabilitación en la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, que se la denegó".

Este periódico ha podido revisar dicha denegación, que apunta a que las obras están sujetas a un "plan especial de protección" que debe autorizar la Comunidad de Madrid.

La empresa constituida hace un año —concretamente, en septiembre de 2021— se llama EG 3&5 y está a nombre de Francisco Chiclana Actis, hijo de una familia vinculada al negocio de la educación (su padre, Fernando Chiclana, impartía un máster de dirección de empresas en la UNED a través de su fundación, la Fundación Guadalquivir). En el proyecto de obra, donde se explica con todo detalle cómo quiere adaptarse el edificio para ser un instituto y se argumenta por qué ha de cambiarse su uso, se menciona que esta empresa es la propietaria del edificio y que ha llegado a un acuerdo con el instituto estadounidense.

EG 3&5 no ha respondido a diversas solicitudes de información de este diario. Sí lo ha hecho el estudio de arquitectos que firma el proyecto, que asegura que "las licencias van adelante, el proyecto ya tiene la aprobación de las Comisiones de Patrimonio, y el usuario final será la universidad americana".

En la Comisión de Cultura municipal del pasado martes, el director de Patrimonio Cultural anunció que el Ayuntamiento no ejercerá su derecho de tanteo y retracto por no tener muy claro el uso que podría dar a las instalaciones, además de porque la cuantía para adquirirlo es muy elevada.

Según explica Cruz, una vez sea público el informe de la comisión tendrá que pasar por información pública y por la Comunidad de Madrid y volver a la Agencia de Actividades. El diputado considera una mala noticia que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad vayan a intervenir para quedarse el edificio y convertirlo en algún tipo de dotación pública pero, sobre todo, no cree que todos los trámites y la obra vayan a estar terminados en apenas nueve meses. El instituto, mientras tanto, ofrece sesiones informativas a los padres interesados y tiene las inscripciones para el próximo curso abiertas.