Almeida fía su bajada de impuestos a unos presupuestos que nadie quiere

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, van a cerrar el año, previsiblemente, con unos presupuestos muy voluntaristas pero inalcanzables. Uno y otro saben que las posibilidades de que el proyecto salga adelante son muy limitadas porque necesitan el apoyo de un tercero y, de momento, ningún grupo de la oposición quiere apoyarles.

Ayer presentaron las ordenanzas fiscales, que recogen la normativa aplicable a los impuestos y tasas municipales, y un borrador de los presupuestos, donde se incluye la previsión de ingresos y gastos que vienen condicionados por las ordenanzas. Entre ambos se apunta a la política económica y fiscal que el gobierno municipal querría poner en práctica el próximo año electoral, con un presupuesto de 5.703 millones de euros, un 2,9% más que el año anterior. Las líneas fundamentales, según explicaban ambos dirigentes son rebajar impuestos por un valor de 121 millones de euros, principalmente gracias a la reducción del IBI a su mínimo legal, y aumentar el gasto social un 7% hasta 1.130 millones de euros.

Sin nadie a quien llamar

La bajada de impuestos, tal y como apuntó el propio Almeida, hace que los grupos de la izquierda como Más Madrid o PSOE se descarten de manera natural. El Grupo Mixto se ha autodescartado también por el incumplimiento de lo pactado en los presupuestos vigentes y tampoco está claro que una negociación con ellos llegara a ningún puerto por los líos internos que tienen. Pero Vox, que es, según dijo el alcalde, el único grupo “con capacidad de confluencia para llegar a acuerdos”, se mantiene en sus trece y ni siquiera se sentara con Almeida para negociar.

“Ofrecemos diálogo para llegar a acuerdos a todos”, decía el alcalde consciente de que es una proposición vacua y que no llega a ninguno de los grupos municipales: “No descarto la prórroga, no invita a optimismo la postura de los grupos”.

“No vamos a ser tan sectarios como el Gobierno nacional, donde se llama a unos grupos pero no a otros. Somos conscientes de que estos no serán los presupuestos finales porque tendremos que negociar y ceder ante otros grupos”, apuntaba desde el inicio Villacís, reticente siempre a evidenciar que Vox es su único aliado posible en el Ayuntamiento.

La negativa de Vox

Pero en la formación que lidera Ortega Smith, que aseguran que tampoco han recibido ninguna llamada para sentarse a negociar, reiteran que no van a echarse atrás y que la condición que tienen para sentarse a hablar es que se modifique la ordenanza de movilidad que a partir del 1 de enero, insisten, prohíbe entrar en el centro de la ciudad a los vehículos sin etiqueta utilizados por los comerciantes y a los industriales, y que eso dejará a muchos trabajadores sin su medio de vida. Almeida, rechaza siquiera que esto sea cierto: “Si su pretensión es que los comerciantes sin etiqueta entren en Madrid, los que operan en la distribución logística de la ciudad pueden hacerlo. Por tanto, la premisa de la que parten no es realista. Primera línea desvanecida”. “El coste para los madrileños de que Ortega Smith pueda circular con su vehículo por la Gran Vía serán 120 millones de euros», ironizó en referencia a la rebaja que supondrá la rebaja de impuestos anunciada.

En un comunicado lanzado a última hora de la tarde, Vox arremetía por esta frase contra Almeida: "El alcalde no se puede esconder tras la infantil afirmación, impropia de su cargo, de que Javier Ortega Smith quiere circular con su coche por la Gran Vía". Y añadía que el gobierno municipal "asumiendo las políticas de restricción de libertades de la izquierda y traicionando su promesa electoral, mantiene las prohibiciones del ‘Madrid Central’ de Carmena e impone unas condiciones aún más restrictivas el próximo enero". En resumen, confirman su rechazo a sentarse con el alcalde.

Pero si los astros se alinearan en las próximas semanas y el equipo municipal consiguiera sacar adelante los presupuestos en el último minuto, como le ha ocurrido en los dos últimos años, las cuentas presentadas ayer indican que estas son las líneas principales que Almeida y su equipo querrían seguir.

Rebajas fiscales

Darían cumplimiento a la promesa de terminar la legislatura con el IBI en el mínimo legal, el 0,4%, lo que supondría, según los datos facilitados por Hacienda, que los inmuebles con un valor catastral de 121.472,31 euros pasen a pagar de 619,5 a 485 euros al año. Hasta 2,2 millones de inmuebles se verían beneficiados, siendo las de 100.000 cerca de 1,5 millones. Además, se reducirán otros impuestos y tasas municipales, que tal y como reconoció el equipo de Hacienda, no suponen un ahorro económico relevante para el ciudadano pero sí una reducción de la burocracia administrativa.

¿Cómo van a compensar la reducción de ingresos prevista por esta reducción de impuestos? ¿Y cómo van a incrementar el gasto social con menos ingresos? El alcalde se empeñó en decir que todo se debe a “una gestión eficaz y eficiente”. Las explicaciones de su equipo son que gracias al incremento de la actividad económica, sin necesidad de subir ningún otro impuesto o tasa, estos subirán. Por ejemplo, por la construcción de nuevos edificios, posibles nuevos IBIs o, también, la contención de gasto.

La subida de ingresos previstos, de todos modos, aunque las cuantías son menores en comparación con la recaudación global de los impuestos directos u otras tasas, se concentra en la venta de patrimonio y la recepción de fondos europeos.

Gasto social

Se incrementa un 7% respecto al año anterior, es decir, 76 millones más. La Delegada de Hacienda y Economía, Engracia Hidalgo, hizo especial hincapié en las Tarjetas Familias. Pensando principalmente en la inflación y en lo que ha subido la cesta de la compra, se elevará el umbral de ingresos per cápita para los receptores de estas tarjetas, que pasará de 1.400 a 2.000. Además, se ha planteado esta partida con un crédito ampliable, ya que es impredecible en una coyuntura de incertidumbre económica como la actual conocer de antemano cuantas personas van a necesitarlo y la idea es que ninguno quede fuera por falta de presupuesto.

Además, en el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social se concentrarán las siguientes mejoras: un millón más (de 3,3 a 4,4) para que las becas infantiles alcancen a un mayor número de familias. Actualmente la reciben 1.694, pero el objetivo es que puedan llegar al doble, según la información facilitada por este departamento. Ahora mismo se reparten 100, 200 o 300 euros a las familias que no han podido acceder a un centro público por falta de plazas y que tienen rentas de entre 9.473 euros y 23.973 per cápita. Asimismo, se mejorarán los servicios de teleasistencia con un nuevo contrato que incluya nuevas prestaciones y que sirva, apuntan desde el área, para dar cobertura a las 115.000 personas que ahora mismo lo reciben y atraigan a más personas mayores de 65 años que aún no cuentan con esta ayuda. Niegan en este departamento que los incrementos previstos de presupuesto estén relacionados con la evolución de los contratos en vigor vinculados al IPC.

Prórroga previsible

¿Qué pasará si no se aprueban los presupuestos con las inversiones y gastos previstos? El año pasado el equipo municipal se esforzó en explicar la cantidad de proyectos que decaerían si no se aprobaran las cuentas y el desastre que eso supondría. Ahora desde la Consejería de Hacienda se apunta a la reducción de algunas inversiones en parques de bomberos, la base cero del Samur, algunos equipos de electromedicina, el sistema de vigilancia de Plaza Elíptica o los nuevos autobuses de la EMT o el contrato de limpieza interbloques que decaería. Pero lo cierto es si finalmente no se aprueban las ordenanzas no dejarán de ingresas lo anunciado por la bajada de impuestos y los presupuestos se han elaborado de tal forma que, aunque tendrían que ajustarse algunas cosas, podrán sacar adelante lo que ya está en marcha.