El número dos de Ayuso llama "gorrón" a Pedro Sánchez

Si el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido subir el sueldo a los funcionarios, debe ser él quien ayude a las comunidades autónomas a pagar ese incremento. Este es el argumento que esgrime la Comunidad de Madrid para abrir un nuevo frente con el Gobierno de la nación en plena batalla por la política fiscal y el enfrentamiento por quién sube o baja impuestos.

El Gobierno ha anunciado que en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluirá una subida de las retribuciones públicas del 2,5% pero que podría incrementarse hasta el 3,5% en función de "variables vinculadas al IPC y al PIB nominal". Y tras la primera reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin esperar a informar de los acuerdos ni a las preguntas de los medios, su portavoz y vicepresidente, Enrique Ossorio, ha instado a Sánchez a aclarar cómo obtendrán las comunidades autónomas los fondos necesarios para hacer frente a esa subida: “Nos tendrá que decir cómo hacerlo”.

120 millones

En la región esta medida del Gobierno central supone un coste de 120 millones de euros, según ha aclarado Ossorio, y ha añadido que hacen este llamamiento al Ejecutivo porque esta cuantía no está contemplada en sus presupuestos y supone un gasto adicional que, a escasas semanas de finalizar el año, va a ser muy difícil que puedan afrontarlo. La solución, ha advertido, solo puede pasar por sacar esta cantidad de otras partidas. “Si el Estado no nos ayuda de alguna manera, tendremos que sacarlo del presupuesto que se está ejecutando (…). Tendremos que tomar las decisiones necesarias”.

Es decir, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha querido poner sobre la mesa que los anuncios de Sánchez pueden poner en peligro otras inversiones o servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Es cierto que las comunidades autónomas están obligadas a incrementar el salario de los funcionarios en función de lo que establecen los Presupuestos Generales del Estado, pero también que tiene margen para negociar con los sindicatos el sueldo real que vayan a percibir finalmente, ya que la decisión del Estado solo afecta a la retribución básica y el concepto de destino, de manera que Sol tiene margen para negociar los conceptos restantes de la nómina de los funcionarios.

Fondo de contingencia

A pesar de querer visibilizar que esta subida salarial puede suponer un problema para las cuentas de la Comunidad, Ossorio ha reconocido finalmente que el fondo de contingencia previsto en los presupuestos podría servir para hacer frente a este gasto adicional. Pero esto no evita que Sol marque un nuevo hito en la pelea permanente con Moncloa. El vicepresidente ha mostrado con claridad que al Gobierno de Ayuso no le hace ninguna gracia que Sánchez decida a qué tienen que dedicar sus recursos.

Lo que hace el presidente del Gobierno, ha dicho, es la práctica del “gorrón”. Ossorio ha echado así en cara a Sánchez que tome decisiones y se atribuya a sí mismo estas medidas que benefician a los ciudadanos pero que finalmente pagan las comunidades autónomas: “Si yo voy a El Corte Inglés y compro algo, lo pago con mi tarjeta. Ellos toman las decisiones y nosotros pagamos”.

Noticias relacionadas

Más Madrid tendrá control sobre la campaña de Sumar en Madrid y se asegura tres puestos de salida

El pueblo con el nombre más largo de España tiene 44 letras

En cualquier caso, para evitar que sus palabras pongan en contra a los funcionarios que reciben esa mejora salarial, desde Sol han querido dejar claro que la pelea no es con ellos. "No criticamos la medida de subir el 1,5% del sueldo de los empleados públicos ya para este ejercicio 2022, adicional al 2%, pero sí que las comunidades autónomas en el mes de octubre tengamos que hacer frente a esto", ha apuntado Ossorio.

Aunque la política fiscal de la Comunidad de Madrid es bajar impuestos hasta dejar prácticamente en cero los propios o bonificar otros como el de patrimonio y sucesiones y donaciones, cuentan con se incremente la recaudación de lo que reciben del Gobierno central, ya que el 50% de lo generado por el IVA, el IRPF y los impuestos especiales termina necesariamente en las arcas de la Comunidad porque así lo marca la ley. Y si el Gobierno central se frota las manos porque la inflación ha hecho crecer su caja, lo mismo le pasa al Gobierno de Ayuso.