MADRID

La doble tragedia de las víctimas de la explosión de General Pardiñas: "No podemos estar 4 años pagando un hotel"

Guillermo Bekes, presidente de la asociación de afectados por la explosión.

Guillermo Bekes, presidente de la asociación de afectados por la explosión. / Alba Vigaray

  • El suceso, en el que fallecieron dos operarios el pasado 6 de mayo, sigue bajo investigación

  • Los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento no les ofrece soluciones habitacionales

  • Las víctimas se han ido a vivir a casas de familiares o pagan hoteles de su propio bolsillo

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6 de mayo de 2022, 13:34 de la tarde. El pintor Guillermo Bekes trabaja en su taller, ubicado en el sótano del 35 de la calle General Pardiñas, en pleno barrio de Salamanca (Madrid). Pinta una escena rural de su Argentina natal, cuando una repentina explosión se lo lleva todo por delante. Al estruendo le sigue un reguero de objetos volando por la estancia, como proyectiles sin control.

“Que no me alcanzase la metralla fue un milagro, pero hubo más milagros ese día. decidió esperar en el portal a que dos operarios, que trabajaban en ese momento en el edificio, desocuparan el ascensor. La mujer se esperó y los operarios murieron en la explosión. El marido de esta señora estaba en su casa recién duchado. Se sentó para anotar algo en el escritorio y eso hizo que la explosión le pasase por encima de la cabeza”, le cuenta ahora el artista argentino a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Guillermo Bekes es uno de los vecinos damnificados por la explosión de gas que destruyó parcialmente el inmueble que se llevó por delante la vida de dos trabajadores. También es portavoz de la asociación que las víctimas han constituido en ese edificio. Porque las desgracias nunca vienen solas. Y además de haber perdido casi todo lo que tenían, aseguran sentirse en una situación “de desamparo por parte de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid”.

Irse a 600 km de casa

Están a punto de cumplirse dos meses de aquella tragedia. Las causas continúan siendo investigadas por orden judicial. Los propietarios de las viviendas siguen sin saber qué va a ser de ellos. Viven en una situación provisional: en casas de familiares y conocidos, que a menudo se encuentran muy lejos de la capital. Una de las afectadas nos atiende por teléfono desde Tomelloso (Ciudad Real), “porque es el lugar en el que viven mis padres. No tengo otro sitio dónde ir y he tenido que pedir a mi empresa teletrabajar”, explica Sara a este diario.

Hay más casos similares. Otra vecina cuenta que se ha tenido que marchar a Menorca (más de 600 km de Madrid), que es donde residen sus familiares. Otra cuenta que sus padres “están viviendo en un hotel desde entonces. Se lo están pagando ellos de su propio bolsillo, porque la administración no nos ofrece soluciones”. Lo cuenta Ágata, la hija del matrimonio de pensionistas que salvó milagrosamente la vida por no compartir ascensor y por sentarse, respectivamente.

Fachada del edificio donde se produjo la explosión.

/ Alba Vigaray

Los vecinos de General Pardiñas 35 están en pie de guerra, porque sostienen que Madrid no les ofrece soluciones habitacionales. Recuerdan que hubo un gran interés político al principio, "por aquello de la foto. Que vino el alcalde y Begoña Villacís". Pero que con el tiempo se han olvidado de ellos. Y que cada vez encuentran más escollos desde Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

“El mismo día de la explosión, las autoridades y representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid acudieron de inmediato al siniestro y dijeron que iban a estar al lado de las personas afectadas. Pero nuestras peticiones de ser recibidos por estas autoridades no han sido atendidas”, cuenta Guillermo, que ahora imparte sus clases de pintura “en el Parque del Retiro, porque no tengo mi taller ni parece que vaya a poder recuperarlo en breve”.

4 años en la calle

Lamentan que los plazos que les plantean desde la administración son demasiado largos como para que la actual situación sea sostenible en el tiempo: “Nos dicen que, entre demolición, reconstrucción y todo el proceso, la cosa se puede ir a los 3 o 4 años. Uno puede estar en casa de unos familiares un mes, dos y hasta seis. Pero es impensable vivir así 3 o 4 años”, apunta Sara desde su improvisada nueva residencia en la provincia de Ciudad Real.

“Tras la explosión, se creó un gabinete especial constituido al efecto por representantes del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid. Hemos tenido dos reuniones con este gabinete hasta la fecha, en las que hemos planteado nuestras necesidades. En estos encuentros, de carácter informativo, no se ha permitido ningún diálogo entre autoridades y vecinos. En la última reunión incluso nos instaron a que todas nuestras peticiones las hiciéramos por escrito y las presentásemos por registro”, cuentan desde la asociación.

Las soluciones que les ofrecen han sido rechazada por los afectados: “A nuestras peticiones de una solución habitacional, se nos ofrece incluirnos en el protocolo de Servicios Sociales de atención a personas sin hogar. Convocan a cada propietario por separado a una reunión con los Servicios Sociales y solicitando los datos de su situación económica”, explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El estigma del barrio

Admiten los vecinos que no han asistido a esas reuniones individuales: “No hemos ido porque consideramos que el suceso que ha ocasionado nuestra situación actual ha perjudicado a todo el colectivo de vecinos sin excepción. Por ello requerimos por parte del Ayuntamiento una solución colectiva, no individual”.

Y es que las víctimas también indican el estigma que supone, en este caso, residir en el exclusivo barrio de Salamanca: “Creen que porque vivimos aquí somos todos ricos. En una reunión nos dijeron que no nos iban a facilitar viviendas porque igual alguno de nosotros tenía 10 pisos. Y en este edificio viven, por ejemplo, personas mayores que residen aquí porque heredaron el piso de sus padres. Hay pensionistas, obreros, personas algunas sin trabajo. Todas nos hemos quedado sin vivienda y teniendo que afrontar unos gastos extraordinarios durante varios años”.

La zona de la explosión en la calle General Pardiñas en Madrid.

/ José Luis Roca

Casas de familiares, hoteles pagados del bolsillo de las víctimas o circuito de personas sin hogar. Son las propuestas de la administración que las víctimas rechazan: “No son soluciones. Nosotros pedimos una vivienda similar a la que teníamos; en el mismo barrio para las personas más mayores y con más arraigo en la zona. También el lucro cesante por parte de los locales, la exoneración de los gastos ocasionados para mantener la seguridad del edificio y la agilización de todas las actuaciones, para poder volver cuanto antes a nuestras casas”.

Barcelona, Palencia

Los vecinos también rechazan que “los fondos destinados a solucionar nuestra situación provengan de la partida de Servicios Sociales. No queremos consumir esos recursos que tanta falta les hacen a muchas personas en Madrid en riesgo de exclusión y pobreza. Hemos sufrido una explosión de gas de efectos similares a los ocasionados por una bomba propia de una guerra o de un atentado, y por ello creemos que deberían emplearse los Fondos de Contingencia presupuestados para situaciones excepcionales como esta catástrofe”.

Además, inciden en tener en cuenta que “las arcas municipales podrán recuperar estos recursos económicos de quien resulte responsable de la explosión en el juicio que está en proceso”, porque el suceso se haya todavía en fase de investigación. Y que, cuando la misma concluya, “serán las aseguradoras las que abonarán los gastos derivados”.

Es lo que sucedió en sucesos similares, como los acaecidos en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Palencia o Logroño: “Hubo explosiones y, en esos casos, la administración se puso del lado de los vecinos. Les facilitó soluciones habitacionales dignas como las que nosotros reclamamos. Las arcas públicas acabaron recuperando ese dinero cuando acabó el proceso. Pero en Madrid y en el barrio de Salamanca no nos dan soluciones”.

Responde el Ayuntamiento

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, desde donde han confirmado que el edificio está seriamente dañado y que se está demoliendo parcialmente. Un proceso que concluirá a finales del mes de julio.

Respecto a las propuestas de los vecinos, responden que “desde Servicios Sociales han ofrecido a los vecinos ir caso a caso para ofrecerles las soluciones habitacionales más adecuadas según sus necesidades. Ellos las han rechazado, pidiendo una solución conjunta. Es decir, común para todos. Y que sean viviendas en el mismo barrio, algo que lamentablemente no puede darles Servicios Sociales porque no tiene competencias en materia de vivienda”.

"Los afectados quieren una solución conjunta. Por así decirlo, un edificio para todos los vecinos. Se les ha pagado un hotel durante dos semanas, y para seguir haciéndolo se les ha solicitado conocer su situación particular. Sin éxito. Además, se las ha ofrecido pisos en la Guindalera, toda zona del distrito y en Retiro. Pero como no era por su zona, no han aceptado", prosiguen fuentes consistoriales

Carteles reivindicativos en el edificio de General Pardiñas.

/ Alba Vigaray

Inciden en que sí que han brindado ayuda habitacional a algunas víctimas: “A una pareja mayor se le ofreció un apartamento municipal para mayores. A otras dos familias, plazas en el programa de atención a la emergencia residencial. La Junta Municipal del Distrito también les ofreció plazas en su programa de alojamiento alternativo. Pero ellos piden vivienda en su mismo barrio, algo que excede las competencias de servicios sociales, que lo que tiene son programas de alojamiento en pisos compartidos. Algo que los vecinos han rechazado”.

También han adelantado que las ayudas se darán o no en función de cada caso: “En una reunión se les comentó que los centros de Servicios Sociales, dentro de sus procedimientos habituales, valora situaciones de necesidad, vulnerabilidad o desprotección. Tras la valoración, si se determina que existe una situación vulnerable, se les ofrecen ayudas económicas para apoyar su situación personal. Servicios Sociales se ha volcado y lo sigue haciendo , ero pide conocer la casuística de cada familia para así valora que opción ofrecer a cada núcleo familiar. Pero no a todos lo mismo, porque la situación de unos es distinta a la de otros

Señalan su implicación en las cuestiones relacionadas con la ayuda psicológica a las víctimas, además de haber facilitado un espacio para almacenar enseres y muebles. Y concluyen que "ha sido un accidente particular; desde la Junta y el ayuntamiento se está haciendo todo lo que esta en su mano competencialmente e incluso más".

13:34

El reloj del pintor Guillermo Bekes, detenido a las 13:34, hora exacta del siniestro

/ EPE

No llega de momento el entendimiento. Vecinos y administración tienen diferentes conceptos de la idea de solución. De momento, el pintor Bekes ha organizado para el 6 de julio una exposición de pintura (Montesa 39, 20h) con los cuadros rescatados de su taller, que permanecieron 26 días bajo los escombros. Con la muestra, de nombre 'Rescatados', quieren visibilizar su situación, además de “darle las gracias a bomberos y fuerzas de seguridad que nos ayudaron y que salvaron vidas, como la del vecino que salió despedido por la ventana y fue a caer en un lugar donde nadie buscaba víctimas. Ese hombre sigue hospitalizado grave”, recuerda Bekes.

El pintor argentino aún conserva su reloj de pared que quedó parado a las 13:34, hora de la explosión. También el cuadro del jinete de Entre Ríos (Argentina) que estaba pintando en el momento de la tragedia, y que inexplicablemente salió intacto. Uno de los muchos milagros que se dieron aquella tarde del 6 de mayo. Ahora, cubierto el cupo de milagros, lo que esperan los vecinos es que lleguen las soluciones reales.  

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