'PELOTAZO' DE LAS MASCARILLAS

El Ayuntamiento de Madrid pide para Alberto Luceño una fianza de 6,2 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de 5.567.725 euros y el juzgado ha otorgado al empresario un plazo de cinco días para que presente la cantidad relativa al embargo preventivo

El Ayuntamiento de Madrid pide para Alberto Luceño una fianza de 6,2 millones de euros
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El Ayuntamiento de Madrid ha remitido al juez que instruye el caso de las mascarillas una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en la que solicita que se imponga una fianza a Alberto Luceño, uno de los comisionistas, de 6.191.127 euros.

Debido a que los bienes embargados a Luceño hasta el momento no garantizan la cantidad que se solicita en la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de 5.567.725 euros de fianza, el juzgado ha otorgado al empresario un plazo de cinco días para que presente la cantidad relativa al embargo preventivo. Si no lo hicieran en esa fecha, se adoptarían nuevas medidas cautelares de carácter económico para que se aseguren las responsabilidades civiles.

El Consistorio ha solicitado además de manera subsidiaria que se le informe a través del Punto Neutro Judicial de la existencia de otras cuentas corrientes abiertas a nombre de Alberto Luceño y Takamaka Invest, S.L., así como de la existencia de otros bienes muebles e inmuebles de los que sean titulares él o su empresa, en el caso de que el comisionista no prestase la fianza requerida.

Cuando se conozca esa información, el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida solicita al juez que proceda "al embargo de los bienes encontrados, a efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pueda incurrir Alberto Luceño".

El juez Adolfo Carretero embargó el miércoles a Luceño un piso en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Ese embargo comporta, según informó Europa Press, la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar el inmueble que está a nombre de la mercantil Takamaka Invest S.L., una compañía de la que Luceño es el titular. Asimismo, se ha procedido al bloqueo de sus cuentas.

Anticorrupción ha fijado 6.784.714 euros de fianza para Luceño y su compañero Luis Medina y, de esta cantidad, reclama 1.216.989 euros al aristócrata y 5.567.725 al empresario, dado que es quien se llevó el mayor porcentaje de las comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Por el momento, sólo han podido asegurar bienes por valor de una cuarta parte del total,  1,5 millones de euros.

Como compensación por el material enviado al Ayuntamiento de Madrid, Alberto Luceño recibió "en concepto de comisiones" un total de 5.100.000 dólares -4,6 millones de euros-, "mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal", según recoge la Fiscalía en la querella que está siendo analizada por el Juzgado de Instrucción de Madrid número 47.

El Consistorio de Almeida ha mandado a su vez una segunda providencia en la que se opone a retirarse del procedimiento como acusación particular, como recurrió este lunes Luis Medina al juez, dado que fue la propia Fiscalía Anticorrupción la que solicitó expresamente que se hiciese "ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Madrid" dentro de las diligencias solicitadas al órgano judicial.

El Ministerio Fiscal manifestó "el perjuicio sufrido por el Ayuntamiento" por el "pago de un sobreprecio indebido" que, en principio, se identificaría con "el importe de las comisiones cobradas por los querellados". El Consistorio asegura en el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que la Fiscalía justifica dicho sobreprecio a través de los hechos en los que se basa la querella.

El Ayuntamiento destaca a su vez que "la cuestión nuclear de la estafa" de Luis Medina y Alberto Luceño no se centra en que los bienes no se hubieran entregado o en que la calidad de los mismos fuera inferior a la pactada, sino a que los querellados fijaron los precios de los mismos "ocultando al Ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los tests) correspondía a las comisiones que los mismos querellados iban a percibir".

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