TESTIMONIO

Una denuncia por abuso sexual reabre el caso del centro que ataba menores en Galapagar

  • Un joven que pasó por el centro Residencia Galapagar cuando era menor denuncia al dueño por recomendación de su psicóloga: "Nunca he tenido una vida normal"

  • Este centro estuvo en el punto de mira en 2010 tras descubrir el Defensor del Pueblo que medicaba "en exceso" a los jóvenes y los ataba a la cama

  • "Denuncio por todo: por los maltratos, el abuso psicológico, físico y la violación. Repercute al director porque él lo sabía", dice el joven

Foto de archivo de un centro de menores

Foto de archivo de un centro de menores / EPE

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Carlos (nombre ficticio) tiene treinta años y vive fuera de Madrid. El verano pasado, doce años después de salir del centro de menores Residencia Galapagar en Madrid, se armó de valor y acudió a la comisaría a denunciar los presuntos abusos que allí sufrió entre 2006 y 2009.

"Mi psicóloga actual me dijo que como no denunciara no iba a progresar en mi fobia social", relata en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "He estado todo este tiempo dándole vueltas al asunto. Nunca he tenido una vida normal: he vivido en la calle, en sitios de paso y he estado ingresado en centros psiquiátricos. Tengo mis movidas con el suicidio, insomnio, adicción al tabaco y estrés postraumático. No tengo amigos porque la gente no me gusta. Y no hay tratamiento que quite esto. Por eso mi meta es joderles la vida, igual que ellos me jodieron a mí la mía".

En el atestado, revisado por este diario, el joven explica que los educadores del centro "eran fuertes y provocaban a los menores para reducirles, agredirles y atarles a la cama" y que entre los castigos recibidos estaba "correr en calzoncillos sobre la nieve y recibiendo manguerazos de agua".

Carlos alude directamente a dos cuidadores del centro y al director del mismo, I.J.S.S. Denuncia que "en al menos cuatro ocasiones, entre los 14 y 15 años, sufrió agresiones sexuales por parte de los educadores mientras se encontraba atado a la cama" y que "estos episodios consistían en la introducción de dedos por el ano".

"Denuncio por todo: por los maltratos, el abuso psicológico, físico y la violación. Repercute al director porque él lo sabía. Un centro de menores es como radiopatio y todos se lo contamos. Lo que hizo fue mandar al cuidador a otro centro", dice.

El denunciado —actual presidente de la fundación FITA, dedicada a la salud mental, y que no ha respondido a varias solicitudes de información de este diario— está citado a declarar este miércoles en el juzgado de instrucción número 2 del municipio madrileño de Collado Villalba, informa el propio denunciante.

No será la primera vez que lo haga: en abril de 2010 tuvo que acudir tras varias denuncias similares de otros menores ingresados. El caso fue sobreseído y reabierto un año más tarde por considerar la Audiencia Provincial que faltaba una prueba fundamental para la investigación, el libro de incidencias del centro, que según explica Carlos no llegó a ser entregado.

Residencia Galapagar —que en antiguos documentos también aparece como Hogar Galapagar— fue un centro terapéutico de menores gestionado por la empresa Salud Mental Consulting que estuvo en el punto de mira hace más de una década, cuando el Defensor del Pueblo acudió a inspeccionarlo por sorpresa y descubrió una "situación alarmante": cuerdas de sujeción en las camas, "así como que los jóvenes estaban medicados en exceso".

Según indicaron entonces fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press, "había discrepancia entre lo que decía el equipo directivo y los menores. La dirección contaba que en los últimos veinte años solo se han usado las cuerdas en veinte ocasiones. Los chicos aseguraban que se emplean a diario para amarrarles incluso hasta 48 horas".

Este centro dependía de la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que al cierre de este artículo no había respondido a preguntas de este diario.

La inspección vino precedida de un exhaustivo informe del mismo organismo sobre los centros de menores en el que, entre otras muchas cosas, se ponía de relieve la privatización que había habido en toda España de la protección de menores.

De 58 centros analizados, 55 estaban gestionados por entidades privadas y la Administración destinaba una media de 3.810 euros al mes por menor ingresado.

Salud Mental Consulting, fundada en 2007 y dirigida por S.S., fue absorbida en 2013 por la sociedad Consulting Asistencial Sociosanitario, que opera en toda España bajo el nombre ITA Salud Mental.

S.S. permaneció en esta empresa hasta al menos 2018, de acuerdo a los anuncios en el Registro Mercantil revisados por este diario. Actualmente, informan fuentes de la empresa, "ITA no tiene ninguna relación laboral con este señor".

Sobre el caso del centro de Galapagar, que ya no está abierto, prefieren no hacer declaraciones. "El tema está en manos de la justicia", dicen.

En Madrid, ITA mantiene centros en Las Rozas, Majadahonda, Alcalá de Henares y el barrio de Canillas. La Comunidad le adjudicó un contrato para acoger a 38 menores con trastornos de conducta de dos millones de euros para el año 2020. Está también presente en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía.

A los 18, a la calle

Carlos llegó al centro en cuestión con quince años, después de que Servicios Sociales le quitara la custodia a su madre por agredirle.

"Me preguntaron dónde quería ir y me llevaron al centro de acogida de San Blas. Pero tuve varios intentos de suicidio y me movieron a Galapagar. Ahí ya fue la muerte", relata. "Ellos te lo vendían como un centro de terapias de la hostia, pero lo único que hacíamos era ver la tele drogados. A mí me doblaron la medicación según entré y el día que me echaron me la quitaron de golpe".

El día que cumplió 18 años, Carlos salió del centro sin tener adonde ir. "Estuve un mes más solo que la una aprendiendo a sobrevivir, hasta que encontré trabajo y pude alquilar una habitación", relata.

Un compañero suyo de la época confirma a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que a los 18 los jóvenes van fuera y que, en su caso, pudo volver con su familia. Este compañero, que nunca ha denunciado los hechos, asegura que no sufrió abusos sexuales pero sí "abuso de autoridad" y "contenciones sin motivo".

El educador social Julio Rubio, que recientemente entrevistó a Carlos en su programa de Radio Enlace, explica que el negocio de ingresar a menores en centros terapéuticos es muy jugoso para las empresas porque al necesitar "una atención muy especializada, con psiquiatra, psicólogos, cuidadores y educadores", el precio que pagan las administraciones se dispara. En estos casos, son las comunidades autónomas las que mantienen la tutela del menor hasta que se hace mayor.

"El tema terapéutico da margen de maniobra para hacer barbaridades sin que se note. No es lo mismo meter al chaval en la celda de aislamiento, que está prohibido, a que lo metan en la habitación de reflexión. No es lo mismo atar de pies y manos a un chaval que darle diazepán porque lo ha recetado un psiquiatra", apunta.

Desde que en 2009 sacó su informe y puso el tema de relieve, el Defensor del Menor no ha vuelto a entrar en profundidad en este asunto. En dicho documento se detallaban las tarifas aplicadas por cada centro estudiado y el de Galapagar estaba en la parte media de la tabla: 152 euros al día por menor (4.560 euros al mes) y 55.546 euros al año.

En 2014 realizó otra inspección de seguimiento en el centro en la que sugirió instalar cámaras de videovigilancia para supervisar las medidas de contención y en la que terminó acordando con los responsables "la no realización de contenciones mecánicas". Además de eso, cada año incluye una serie de recomendaciones para este tipo de centros en su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Desde 2009, continúa Rubio, este es "un tema hermético. En nombre de la protección, al menor no se deja pasar a nadie. Y te permite gestionarlo así cobrando una pasta por cada menor".

En el caso de Carlos existía un problema de violencia familiar, pero "muchas veces es un tema de pobreza. En lugar de apoyar a la familia, te gastas 4.000 euros por menor o más si es un centro terapéutico, cuando podrías dárselo a la familia en forma de vivienda o comida".

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