Temor a que la nueva Agencia de Contratación de Ayuso permita privatizar servicios sanitarios

La Ley Omnibus presentada el pasado 22 de diciembre por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso incluye en sus 215 páginas la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. El proyecto en sí, la creación de un ente de estas características, no es objeto de crítica, pero tanto la oposición como los sanitarios se han puesto en alerta por dos razones: que será tramitada de urgencia y, por tanto, apenas tendrán tiempo de presentar alegaciones, y que será un ente ajeno al control parlamentario. De fondo, la causa principal de su preocupación es que entienden que con esta Agencia se abre la puerta a incrementar las privatizaciones en el sistema de salud pública de Madrid.

"No es mala idea (la creación de la Agencia), el problema es que se plantea para contratar no solo bienes sino también servicios", es decir, "toda la cartera de servicios médicos que uno pueda imaginar, como una hospitalización, intervención quirúrgica, tratamiento por radioterapia, exploración ginecológica.... todo", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) y jefe de sección de Pediatría en el Hospital Niño Jesús hasta que se jubiló hace tres años.

Además, denuncia Sánchez Bayle, la norma incluye la posibilidad de "constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil" y esto, según la visión de la Asociación que preside, abre la puerta a que las empresas del sector privado tengan presencia en estas nuevas entidades, sin ningún tipo de matiz sobre cuál podría ser el limite de su participación, y a que desde la Consejería de Sanidad se pueda financiar con dinero público de forma "encubierta" a las compañías privadas. Esto, dice, deja la sanidad pública madrileña a un paso de la privatización.

Las prisas de la tramitación

La oposición ha cogido el guante de esta denuncia realizada por la ADSP y lo hace en la misma línea, no tanto criticando la creación de la Agencia sino la falta de tiempo y la letra pequeña del proyecto. Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, reconoce también que puede ser un buen proyecto, pero duda de las intenciones del Ejecutivo de Ayuso. "Incluso las buenas ideas corren el riesgo de acabar pervirtiéndose", apunta, y advierte de que los miedos están en "los antecedentes del Partido Popular", que les hace "temer que sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecionalidad".

"Ayuso ha omitido el trámite de consulta pública y reducido a la mitad el plazo para presentar alegaciones", critica la líder de la oposición, y en su formación añaden que un asunto como este debería ser "merecedor de una ley ex profeso" y que podría incluso ser una "oportunidad para acabar con la fragmentación de la contratación en los diferentes centros gestores".

El portavoz socialista, Juan Lobato, se limita a criticar la urgencia de la tramitación. "Es un disparate dar siete días y en Navidad para estudiar y alegar la reforma de más de 30 normas. Si este ejemplo de opacidad y falta de transparencia va a ser el camino a seguir de la Agencia de Contratación Sanitaria que quieren crear, el peligro de sobrecostes, contratos mal gestionados y despilfarro es enorme".

Sáchez Bayle insiste en que este proyecto "intenta favorecer la privatización de forma incontrolada y sin publicidad" porque aduce que con la redacción actual la Consejería "podría adjudicar directamente" cualquier contrato y no entiende que la Comunidad incluya aquí la posibilidad de acudir al mercado internacional cuando eso debería estar gestionado directamente por el Estado.

Sin embargo, respecto a las adjudicaciones, según el apartado que regula el régimen jurídico general de la creación de esta Agencia, "el régimen de contratación de la Agencia será el establecido para las administraciones públicas en la Ley de Contratos del Sector Público", de manera que toda adjudicación debería estar regida por los controles que establece esta norma nacional.

Lecciones aprendidas durante la pandemia

La Comunidad justifica la creación de la Agencia de Contratación en la experiencia vivida durante los primeros meses de la pandemia. Los contratos de emergencia que se produjeron en los primeros meses provocaron incluso la celebración de un pleno extraordinario en la Asamblea en el que la oposición pidió cuentas al consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, acerca de la falta de información sobre aquellos contratos y fue precisamente en ese contexto en el que el grupo socialista lanzó críticas expresas hacia las adjudicaciones que había obtenido la empresa en la que trabaja el hermano de la presidenta de la Comunidad.

El proyecto explica en su exposición de motivos que la creación de esta Agencia es necesaria porque la "pandemia ha demostrado y evidenciado la necesidad de que la

Comunidad de Madrid,

ante cualquier situación de catástrofe, crisis o emergencia se dote de un mecanismo jurídico ágil y seguro que le permita acudir a los mercados internacionales, en orden a la adquisición de aquellos medicamentos, productos, servicios o equipos sanitarios dirigidos a preservar la salud de las personas y asegurar la gestión de una reserva estratégica de bienes, servicios y suministros".

Asimismo, la nueva norma dice en su texto que "la forma jurídica y el régimen económico y presupuestario del nuevo organismo mantiene el rigor y el control de los fondos públicos, aportando mayor flexibilidad posible a los procesos de gestión para que este nuevo ente pueda actuar con la celeridad y flexibilidad propia de su cometido, con pleno sometimiento al principio de legalidad".