MADRID

El plan para realojar al sector 6 de la Cañada Real indigna a los vecinos: quieren luz, no marcharse

  • Las 900 familias que viven en el Sector 6 llevan desde octubre de 2020 sin electricidad y reclaman poder conectarse a la red antes de que llegue el frío

  • Las instituciones apuestan por evacuar las zonas más deprimidas del asentamiento y reubicar a los residentes en otros lugares

La Cañada Real afectada por el temporal Filomena el pasado invierno, en enero de 2020.

La Cañada Real afectada por el temporal Filomena el pasado invierno, en enero de 2020. / José Luis Roca

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“Mi hija pequeña Hanaa duerme con dos pantalones de pijama, jersey de lana y  albornoz con capucha, la tapé con tres mantas”. Houda Akrikrez, presidenta de la Asociación Tabadol del sector 6 de la Cañada Real, publicaba esta denuncia a través de las redes sociales esta misma semana. El invierno ha llegado y con él se reanuda la pesadilla de varias familias de este asentamiento de la capital madrileña, que piden soluciones inmediatas a las instituciones para superar los próximos meses hasta la primavera. 

En las administraciones algo se mueve. Antes de que finalice 2021, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid firmarán previsiblemente su segundo convenio para el realojo de las familias de la Cañada Real, por el que cada una de estas instituciones tiene previsto invertir 17 millones de euros, es decir, un total de 34 millones, según revela el comisionado de la Comunidad para la Cañada Real, Markel Gorbea. Pero en esta barriada en la que el último censo oficial, realizado de 2017, dice que hay más de 7.000 personas, no todos quieren ser reubicados en otros emplazamientos y, sobre todo, muchos vecinos no creen que el realojo solucione su problema más urgente, especialmente en el Sector 6: sin suministro de electricidad desde octubre de 2020, lo urgente es recuperar la luz para afrontar el frío y evitar situaciones como las que se produjeron en lo más duro del invierno con el temporal Filomena.

Ante lo urgente, el frío, la solución es muy difícil, apuntan desde las distintas administraciones públicas que participan en la búsqueda de una solución para estas familias. Para el medio-largo plazo, ahora mismo existen dos vías de trabajo que conviven en paralelo y se cruzan constantemente “con buen entendimiento”, según distintas fuentes involucradas.

Por un lado, está el Grupo de Trabajo Interministerial que coordina la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, constituido en septiembre de este año y creado por el Gobierno de la nación como respuesta a un requerimiento de Naciones Unidas para dar una solución al problema de esta población. Por otro, hay un Comité Ejecutivo que coordina las acciones contempladas en el Pacto Regional de la Cañada Real firmado en 2017 entre la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno de la Comunidad y los tres municipios donde se asientan los 6 sectores que conforman la Cañada Real: Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada.

La actividad de vecinos e instituciones se ha reactivado en las últimas semanas pero sus reivindicaciones no coinciden. “El pacto no funciona, los vecinos no firmaron el realojo”, denuncia Ignacio Campoy, portavoz de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana, creada en octubre de este año precisamente para pedir soluciones a los problemas urgentes.

El también profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, donde dirige un Master sobre Derechos Fundamentales, asegura que la actividad institucional de estas últimas fechas “es un engaño” y critica que con las inversiones anunciadas esta última semana “se puede garantizar que la luz llegue a las familias” en lugar de estar aportando soluciones que los vecinos rechazan.

Se refiere a los 5 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 30 de noviembre, precisamente como consecuencia de lo acordado en el Grupo de Trabajo liderado por la delegada del Gobierno. Este dinero está destinado a los realojos del Sector 6, solución que también rechaza la presidenta de la Asociación Tabadol, que representa a los vecinos de este sector concreto, el más desfavorecido de todos y en el que están registradas unas 900 familias: 4.535 personas de las que 1.812 son niños. “Yo quiero seguir aquí, he crecido aquí y no pueden decidir por nosotros”, lamenta Akrikrez, una treintañera que se trasladó a este enclave con su familia cuando solo tenía 10 años. “Primero hay que solucionar el problema de la luz, y luego sentarse a hablar de otras soluciones. Pero con estas decisiones sobre los realojos desvían la atención de lo urgente, que es evitar hipotermias, neumonías y el frío de los bebés”, lamenta.

La respuesta inmediata

Gorbea, que preside el órgano regional encargado de dar cumplimiento al Pacto Regional de 2017, asegura que se está trabajando en dos vías. Para abordar el problema más inminente, todas las administraciones implicadas han hablado con fundaciones empresariales y organizaciones sin ánimo de lucro que pueden acercar una ayuda inmediata a los vecinos, y cree que en las próximas semanas podrán empezar a repartir materiales que ayuden a paliar los efectos del invierno, como leña para aquellas familias que utilicen este método para calentar sus casas, bombonas de butano o estufas catalíticas, entre otros.

Además, insiste, existe la “red social ofrecida por los ayuntamientos de los tres municipios implicados, a donde pueden acudir a solicitar alojamiento y ayuda las personas que lo soliciten” para superar los días de frío. Esta medida, sin embargo, es rechazada por los representantes vecinales, que como Akrikrez consideran que son insuficientes: “El año pasado nos ofrecieron un alberque de Cáritas con 40 camas para 900 familias”. Y añade: “Vivimos en el tercer mundo a solo 20 minutos del despacho de Ayuso”. La definición es muy similar a la que se escucha de fuentes que participan en el Grupo Interministerial, aunque sin meter por medio a la presidenta regional, y que lamentan las condiciones en las que viven estos vecinos: “La Cañada es el cuarto trastero, una indignidad y una bolsa de pobreza”.

Diferencias por sectores

No toda la Cañada Real tiene las mismas condiciones y por eso la solución a los distintos sectores (hay 6) no es la misma. El Pacto Regional de 2017, firmado por todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, surgió con la intención de dar una solución diferenciada a cada uno de ellos, pero la falta de entendimiento político impidió avanzar. Ahora, en cambio, tanto la delegada de Gobierno como el comisionado de la Comunidad reconocen que hay “voluntad y compromiso” de todas las partes para continuar con el plan previsto. “Nadie quiere confrontar políticamente con este asunto”, indica la delegada del Gobierno, que reconoce que está encontrando una actitud positiva por parte de todos. Algo similar a lo que dice Gorbea.

La Cañada Real es un espacio que desde los años 60 y a lo largo de 15 kilómetros ha ido sumando asentamientos ilegales en el que conviven infraviviendas y chabolas con otras edificaciones prácticamente integradas en la ciudad. “Toda la Cañada está situada en suelo rústico no urbanizable del Parque Regional del Sureste”, explica Gorbea. Los sectores 1 y 2, situados entre Coslada y el sur de Madrid (Vicálvaro y Vallecas, aproximadamente) están formados por construcciones de viviendas que en el Pacto Regional se acordó que se mantendrían porque están muy consolidados. Es decir, la idea en estos dos barrios de la Cañada es mejorar en la medida de lo posible sus condiciones pero dejar que su población se quede donde está.

En los sectores 3, 4 y 5, la situación es diferente. No solo porque la consistencia de las viviendas varía de un lugar a otro sino porque se sitúan cerca de vías ferroviarias y viarias que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos allí asentados, apuntan desde las distintas instituciones públicas. Para estas áreas, explican desde el Comisionado, las comisiones técnicas analizan nuevos planes de urbanización y posibles soluciones, por tanto, en función de las conclusiones definitivas se irá viendo cuáles se desmantelan y cuáles no.

El Sector 6, en cambio, desaparecerá. “No podemos consolidar la pobreza”, afirman fuentes de la Delegación de Gobierno, donde consideran que los responsables públicos deben dar otra salida a los vecinos de este barrio en el que proliferan las infraviviendas y hay que desalojarlos y reubicarlos como se indica en el Pacto Regional.  

Consecuencias de la pandemia

La situación del Sector 6 se ha agravado como consecuencia de la crisis sanitaria de estos dos últimos años. La pandemia encerró a muchos vecinos de estos asentamientos en sus casas, como ocurrió en el resto de España, y esto provocó que muchos de ellos, además, tuvieran que buscarse la vida de otra manera. "Algunos trabajaban en mercadillos y comercializando chatarra", explican desde una de las administraciones implicadas en los realojos. Durante los primeros meses de la pandemia el pico de luz que se necesitó en esta barriada no fue un problema, pero el "desarrollo de conexiones ingentes" que se generó, unido a las necesidades de calentar sus viviendas, "hizo que la demanda se disparase", apuntan las mismas fuentes.

Cableado eléctrico situado en el Sector 6 de la Cañada Real.

/ EPE

"Muchas conexiones son ilegales", recuerdan y se ha llegado a picos de demanda "similares a las de polígonos industriales". Y continúan: "El problema no es que se haya cortado la luz a estos vecinos, es que el sistema se dispara ante esta demanda y no puede responder". Se funden los plomos, dicho de manera gráfica. Ante esta situación, apuntan desde el equipo del Comisionado, "pagan justos por pecadores", porque creen que si solo se tratara de consumo individual no existiría este problema.

Muchas de las familias que viven en la Cañada Real han vivido siempre con luz, con cortes puntuales pero que ellos mismos solucionan, ayudándose de las tres subestaciones eléctricas que hay en los alrededores. Por eso no entienden que desde el otoño pasado ya no puedan utilizar sus interruptores y calefactores y culpan a la compañía que suministra la electricidad hasta allí, Naturgy. "Si los cables no tienen propietario, porque no son de la empresa, ¿quién responde ante su mal estado?", se preguntan en el Comisionado. Así, es muy difícil que la luz vuelva al sector 6, concluyen.

Nuevos realojos

Para los realojos comprometidos en el Pacto Regional es necesaria una inversión económica clara. Desde la Delegación de Gobierno confirman que los 5 millones ya aprobados por el Gobierno y que irán a parar a los ayuntamientos afectados son solo el inicio, puesto que el Ejecutivo tiene en su planes poner sobre la mesa hasta 200 millones para todos los realojos previstos para los próximos tres años.

El primer convenio firmado en 2018 entre el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa, y el Gobierno regional tenía un presupuesto de 18 millones de euros, 9 cada uno, y sirvió para realojar a 130 personas, según explican en el Comisionado. Quedaron 13 familias pendientes pero el presupuesto era muy ajustado para completar el plan, por eso ahora van a firmar otro, que prevé una inversión de 34 millones, para reubicar hasta 173 familias más. Además, están trabajando en la reactivación del convenio con Rivas Vaciamadrid, que en los últimos años se ha quejado de la falta de eficacia e incumplimiento del Pacto. La presidenta de la Fundación Tabodal del Sector 6 es muy crítica con estos realojos y algunas familias han rechazado sus traslados porque no estaban de acuerdo con su nuevo destino, pero lo cierto es que de momento un tercio de estos vecinos del sector 6 han aceptado ser reubicados en los dos últimos años.

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