Fiscalía y la asistente de Begoña Gómez, contra la citación de Bolaños: "Aparte de la excursión al despacho del ministro, ¿Qué va a aportar?"

La Fiscalía de Madrid y la defensa de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, han recurrido en la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en la que ya se ha citado a declarar como testigo el próximo 16 de abril al titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En el escrito de Álvarez se cuestiona la necesidad de esta declaración, que obliga al titular del Juzgado de Instrucción número 41 desplazarse al despacho del ministro.

"Aparte de la excursión a su despacho, ¿qué va a aportar la declaración del ministro señor Bolaños sobre el nombramiento de mi patrocinada que no conste ya en el informe de Presidencia del Gobierno al que nos hemos referido?", señala el abogado José María de Pablo en su recurso, que ha presentado directamente en apelación ante la Audiencia de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico. 

En su escrito se califican de "extravagantes" los modos del juez Peinado y se tacha de "ridículo" pretender fundamentar la existencia de un delito de malversación en la transmisión de un recado personal --"Me dice Begoña que"-- como posdata de un correo electrónico cuyo contenido sí entra dentro de las funciones de Álvarez como asistente personal del presidente del Gobierno.

Se refiere el letrado al reconocimiento por parte de la trabajadora de Moncloa de la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

"Conocer mínimamente los hechos"

Por su parte, el escrito de la Fiscalía --que se ha presentado en reforma ante el propio instructor de la causa-- señala en su recuso que esta nueva deriva de la investigación de peinado supone de hecho "una nueva causa y práctica de diligencias", por lo que "se hace preciso conocer mínimamente los hechos que se van a investigar". Se trata de algo necesario para conocer la "utilidad, necesidad y pertinencia" de la citación que se realiza al ministro, algo que aseguran no poder hacer porque no se ha justificado "siquiera sea superficial o mínimamente".

En este punto, la Fiscalía califica de "chocante" el hecho de que se acuerde "la testifical de un ministro del Reino de España en estas condiciones" y se pregunta si los hechos que se pretende investigar se refieren al periodo en el que éste ostentaba el cargo de Secretario General de Presidencia o a alguno posterior, viéndose obligada esta parte a un "ejercicio de intuición". Por ello concluyen que solo Peinado "sabe qué extremos son presuntamente delictivos y sobre qué quiere preguntar y en qué medida el testigo puede contribuir a su esclarecimiento".

El representante del Ministerio Público llega a reprochar al juez Peinado la "constante oscuridad" con la que lleva la instrucción de este caso, que le parece que no es acorde con los principios constitucionales que deben regir un procedimiento penal. "Hasta las amplias funciones que le han sido atribuidas están sujetas a reglas, y deberían siempre velar por las garantías constitucionales, y tener una motivación acorde con la naturaleza de la resolución en cuestión", incide.

"Sorpresivos vaivenes"

Volviendo al escrito de la defensa de Álvarez se extiende a lo largo de 19 páginas en las que el abogado se queja ante la Audiencia Provincial de que la causa de Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez "viene sufriendo continuos y sorpresivos vaivenes" que están llevando a una instrucción "caótica", en la que se viene "modificando sin orden ni concierto" el objeto de las actuaciones. 

En la causa, que se abrió por delitos de corrupción y tráfico de influencias contra Gómez por diferentes actuaciones referidas al aval que se dio desde su cátedra para unas contrataciones públicas y por posible influencia en temas como el rescate de Air Europa, se han añadido después las pesquisas por el uso del software de dicha cátedra (apropiación indebida e intrusismo) y a ello se ha sumado la pieza separada por supuesta malversación de caudales públicos en la contratación de su asistente personal en Moncloa.

La Audiencia Provincial todavía tiene pendiente resolver sobre la imputación de ésta última solo 19 días después de que fuera llamada como testigo y sin que, según su defensa, "hubiera sucedido nada relevante" entre ambas fechas que justifique el cambio de situación procesal.

El LAJ tampoco sabe de qué se la imputa

En su escrito, la defensa de Álvarez también recuerda que al comienzo de su declaración como imputada el pasado 26 de febrero la trabajadora en Moncloa pidió al juez Peinado que se le informara de los hechos que se imputan a su cliente para atribuirle tráfico de influencias y corrupción en los negocios, porque los desconocía.

"El ilustrísimo señor magistrado instructor se negó a ofrecerle personalmente esta información y, en una dejación de funciones que nunca habíamos visto, delegó esa tarea en el letrado de la administración de justicia (LAJ), a cuyo despacho envío a mi mandante para recibir tal información", relata el abogado, para añadir que una vez en su despacho, el funcionario "confesó que él no podía informar (...) primero porque no es esa su función pero, sobre todo, porque el propio letrado también desconocía los hechos que se atribuían" a su cliente, agrega.

Añade que se desconoce en qué autoridad o funcionario pudo influir Álvarez, prevaliéndose de qué relación personal, para obtener un beneficio económico que se desconoce, y que tampoco se sabe para quien era dicho beneficio. "Esta información no se encuentra en la causa, no se nos proporciona, y nos encontramos en indefensión", argumenta ante la Audiencia Provincial.

Lo mismo ocurre, añade el abogado, con el delito de malversación para el que se ha abierto ahora una pieza separada. "Lamentablemente, una vez más, no sabemos en qué habría consistido el delito de malversación, quién lo habría cometido, ni en qué medida el contenido de esas tres diligencias de investigación tiene valor indiciario", añade el recurso.

Asistente necesaria

Agrega que "no es muy difícil entender que la esposa de un Presidente del Gobierno, aunque no tenga la condición de autoridad, precisa de una asistencia específica, especialmente por motivos de agenda, protocolo y seguridad", y que existen indicios de irregularidad ninguna en el nombramiento de Álvarez.

Por todo ello considera que debe anularse tanto la apertura de pieza separada sobre malversación, como la declaración testifical de Bolaños. De forma subsidiaria, de no atenderse esta primera petición solicita que se declare que el juez Peinado no es competente para investigar este nuevo delito, y que por ello se ordene la remisión de las actuaciones al decanato de los Juzgados de Madrid "para que sea turnado a quien por orden de reparto corresponda".