El juez Pedraz indaga en el permiso del Ministerio de Ribera que permitió operar a la trama de hidrocarburos liderada por Aldama

El juez Santiago Pedraz, que investiga un presunto fraude de IVA de al menos 182 millones de euros a través del entramado empresarial para la compra-venta de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama --comisionista del caso Koldo-- y su socio Claudio Rivas, indaga en la obtención del permiso que los empresarios se vieron obligados a solicitar al Ministerio de Transición Ecológica para operar en este campo.

Así se desprende del sumario de la causa al que ha tenido acceso este diario, que incluye el informe de la Fiscalía Anticorrupción y el posterior auto del juez del caso que rechazó la querella del PP que, con base en informaciones periodísticas, solicitaba indagar si Aldama actuó de intermediario entre la empresa Villafuel y el Gobierno, a través del director de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto, para la obtención del citado permiso. También se apuntaba a la intervención en este asunto de Koldo García, asesor del que fuera Ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Esta querella, que también hablaba de una presunta financiación ilegal del PSOE a través de la entrega de bolsas de efectivo en Ferraz que podrían estar relacionadas con esta operación, fue rechazada de plano por entrar en contradicción con la investigación realizada hasta el momento. Entre otros aspectos, porque apuntaba a que Aldama había acudido a buscar contactos a Industria para la obtención del permiso, cuando éste es competencia del Ministerio de Teresa Ribera.

No obstante, en su informe con fecha del pasado 17 de octubre, el fiscal Luis Pastor agrega que la inadmisión de la querella "no ha de significar que se esté descartando la posibilidad de que se hayan podido cometer irregularidades de carácter penal en la obtención de la condición de operadora por parte de Villafuel SL, ya que eso es algo que deberá determinarse en el curso de esta instrucción". De hecho, el propio Pedraz da cuenta en sus autos de las sospechas que rodean a este asunto, pero sin concretar ninguna actuación concreta del Ministerio.

Unos días antes de la operación en la que se detuvo a Aldama y a varios de sus socios por este presunto fraude --el pasado mes de octubre--el titular del Juzgado de Instrucción número 5 afirmaba que Villafuel fue habilitada el 15 de septiembre de 2022 por el Ministerio para la Transición Ecológica para el ejercicio de la actividad como operador al por mayor de productos petrolíferos, "sin cumplir, aparentemente, con los requisitos financieros que la normativa exige".

Según el juez, en ese momento de la investigación los indicios señalaban a que a la hora de pedir el permiso Villafuel únicamente contaba con capital social suscrito por importe de 595.000 euros, y una ampliación de capital por importe de 580.000 euros, lo que resultaba insuficiente. Aludía también a un crédito bancario de 2.500.000, 00 euros con la entidad Abanca que la empresa obtuvo con posterioridad a la constitución como operador de hidrocarburos aproximadamente un año después.

Informe de la UCO

Los últimos informes de la UCO, con fecha del 10 de octubre, dan cuenta de estas tramitaciones, y señalan que Villafuel fue habilitada por el Ministerio en septiembre de 2022 para el ejercicio de la actividad como operador al por mayor de productos petrolíferos, "dando por cumplido los diferentes requisitos que la normativa exige", tras la subsanación documental remitida después de un rechazo inicial de la licencia.

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Casi un año antes, en diciembre de 2021, el permiso había sido rechazado al entender el Ministerio que los recursos propios aportados por la mercantil estaban destinados a la actividad de distribución al pormenor y, por tanto, no podían considerarse cumplidos los "requisitos de capacidad financiera" necesarios para ser operador al por mayor. A partir de ese momento los responsables de la empresa presentan alegaciones y documentación que "tienen por objeto concertar una reunión con los responsables del órgano administrativo para la consecución del título de operador", entre ellos con el subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles.

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El administrador de la empresa, Pedro Marín, logró un encuentro a tenor de lo que afirma otro de los documentos analizados, en el que señala que "conforme con la reunión mantenida por videoconferencia el pasado 2 de febrero con Don José Luis Cabo Sánchez, subdirector General de Hidrocarburos y con Doña Ana Belén Manzano", y siguiendo las recomendaciones para la subsanación de las deficiencias observadas, por parte de Villafuel se presentaba nueva documentación.

Actas sospechosas

Así, entregaron un acta de la Junta General Ordinaria de socios de la empresa advirtiendo de modificación sustancial en el resultado positivo para cubrir en parte las reservas voluntarias, siendo incrementado en 892.384,82 euros, o bien, en 1.269.107,45 euros, lo que determinaría la aportación del capital diferencial para cubrir las reservas estratégicas, "o bien, la justificación documental o ficticia para acreditar la capacidad financiera ante el Ministerio", según los investigadores.

De hecho, la UCO apunta a la presentación de dos actas diferentes, fechadas el 12 de marzo de 2021, "presentando cuantías dispares, lo que podría haber creado, en el órgano receptor de la información, dudas a la hora de verificar los citados fondos afectos a la actividad desarrollada por la mercantil", apuntan los agentes.