Revelación de secretos
El Supremo cita a declarar como investigado al fiscal general e imputa a su mano derecha por la revelación de secretos del novio de Ayuso
Extiende la condición de imputado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, al que incluye en "una operación coordinada" del "Equipo Fortuny"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, atiende a los medios antes de presidir la Junta ordinaria de Fiscales Jefes Provinciales y de Área de Andalucía, Ceuta y Melilla / Alex Camara
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dado un fuerte impulso este lunes a su investigación contra el el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha citado para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa donde se le investiga por la presunta revelación de secretos relacionados con la imputación por delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, el intento del empresario para llegar a un acuerdo con el ministerio público para evitar un juicio por fraude a Hacienda. El auto considera que los indicios apuntalan la participación de García Ortiz en los hechos investigados, pero también las gestiones realizadas desde Moncloa para filtrar el correo en el que se proponía el pacto a un medio digital afín.
El instructor del caso también ha citado para el día 30 a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al tiempo que ha imputado al número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, al que llama para el 5 de febrero; el auto le sitúa "en el contexto de una operación coordinada, propia de una labor de equipo, como [...] acabó definiéndolo la propia Pilar [Rodríguez] cuando hablaba del 'equipo de Fortuny'". Las citaciones se producen después de recibir los últimos informes de la Guardia Civil sobre la ausencia de mensajes y cambio de terminal telefónico en los dispositivos incautados a García Ortiz y la declaración como testigo de la mano derecha de la presidenta madrileña, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, quién se ha pronunciado en redes sociales a última hora de la tarde.
En su auto, el magistrado argumenta que, tras la práctica de diligencias, considera apuntalada la presunta participación de García Ortiz y de Pilar Rodríguez en los hechos delictivos investigados, y en particular tras las conclusiones alcanzadas en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de cuya profesionalidad hace una encendida defensa. La asociación a la que perteneció el primero hasta que llegó a la Fiscalía General del Estado, la Unión Progresista de Fiscales, ha hecho público un comunicado en el que considera la resolución "un ataque sin precedentes a la institución" fiscal, en la que los presentantes del ministerio público están obligados a dar cuenta a sus superiores.
Y ahí incluyen los hechos atribuidos al teniente fiscal de la Secretaría Técnica para imputarle. Hurtado, en cambio, entiende que de manera coordinada con los otros dos investigados se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el artículo 417" del Código Penal.
El auto realiza un resumen de las actuaciones realizadas, en el que destaca que el informe de la UCO del pasado 21 de noviembre señala “la participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”. “Sin entrar en consideraciones al respecto –añade el instructor--, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.
Señala que “el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21.59 horas, en que Álvaro García Ortiz recibe en su gmail particular el correo en que Pilar Rodríguez Fernández le reenvía el del 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto, y los pasos que da antes para lograr hacerse con él, reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta, y las 23.51, en que se publica en la web de la cadena SER ese correo, o su intervención en la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14, es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.
“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe”, expone el auto.
El juez indica que es cierto que dos de los testigos (periodistas) que declararon el 9 de enero mantuvieron haber tenido conocimiento del correo de 2 de febrero con anterioridad a las 21.59 horas del 13 de marzo, pero añade que “se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido, mientras que los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21.59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado”.
Filtración
En lo que a la fiscal Pilar Rodríguez concierne, el instructor indica que “circunstancias como el ponerse a disposición de Álvaro García Ortiz, ser la persona que facilita a Diego Villafañe el expediente de Alberto González Amador, que acaba filtrándose el día 12 de marzo en elDiario.es, y prestarse a hacer llegar el correo de 2 de febrero entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto a la Fiscalía General del Estado, conocedora de la finalidad que se perseguía con ello, también son elementos suficientes para mantener su imputación”.
En cuanto a la imputación de Villafañe, instada por la acusación particular que ejerce González Amador, el juez indica que cabe presumir “que tiene un papel de relevancia, si se quiere menor, desde el momento que, como teniente fiscal de la Secretaria Técnica, por lo tanto, persona de confianza del fiscal general del Estado, está en contacto con la fiscal Pilar Rodríguez, a quien pide que le remita la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a Alberto González Amador que se filtraría en 'elDiario.es' el 12 de marzo”.
El auto destaca que los informes de la UCO han aportado “una información de peso" y que no se puede "ignorar, por cuanto que se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso, sino que, por el contrario, conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del ministerio fiscal en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias”.
El capítulo Lobato
Para el instructor no parece haber dudas del recorrido que siguió el mensaje en el que la defensa de González Amador asumía la comisión de dos delitos fiscales para alcanzar un pacto con la fiscalía y en el auto afirma que "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación" que lo publicó en su integridad el primero: El Plural.com.
“Llegado a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del grupo socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 en el pleno dicha Asamblea, quien, en una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en whatsApp que envía a las 08.44.19: 'Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía'". El auto también destaca el mensaje posterior de las 09.00 horas: 'Y Pilar quiere que yo saque el mail de fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser'".
Ante estas circunstancias, añade el auto, “desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio ElPlural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia".
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