La declaración de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa cierra la semana de testimonios clave en las causas contra el Gobierno

Cristina Álvarez, asesora en Moncloa y asistente personal en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no podrá actuar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado como hizo el pasado 29 de noviembre ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, guardando silencio. Ha sido citada como testigo y está obligada tanto a responder como a decir verdad en todas las cuestiones que le plantee el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a su jefa por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación debida e intrusismo.

Álvarez cierra con su declaración una semana especialmente complicada para el Gobierno de Pedro Sánchez, tras las declaraciones en el Tribunal Supremo de los principales integrantes de la presuntamente corrupta trama Koldo, Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre, que ha concluido con la reclamación de una autorización a las Cortes para pode ahondar en la investigación al exministro José Luis Ábalos. La asesora acude a los juzgados de Plaza de Castilla tan sólo dos días después de que lo hiciera la propia Gómez en calidad de imputada, cambiando su hasta ahora estrategia de defensa para negar que haya incurrido en ninguna irregularidad.

Peinado le citó al conocer que varios correos electrónicos mencionaban a Álvarez, pues varios miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense de Madrid le proporcionan información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.

En este caso, esta asesora de Moncloa aparece en copia con una cuenta de correo electrónico personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.

En otro correo trasladó a la aseguradora Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.

Comenzó Aldama

La semana comenzó el lunes 16 de diciembre con la comparecencia del comisionista y presunto cabecilla de la trama de corrupción de la Operación Delorme, Víctor de Aldama. Y ante el magistrado Leopoldo Puente no solo confirmó su declaración en la Audiencia Nacional, sino que en el Tribunal Supremo aseguró que de los entre 3,5 y 4 millones de euros que habría repartido en comisiones al exministro José Luis Ábalos y a su asesor en Transportes Koldo García, "una parte" fue directamente al Partido Socialista.

Aldama también aseguró que el alquiler con opción a compra de una vivienda en el Paseo de la Castellana, que no llegó a disfrutar el exministro de Transportes, en realidad era una mordida a cambio de adjudicación de obras. Tras escucharle durante tres horas, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le impuso comparecencias quincenales en el alto tribunal y prohibición de salir del país.

Al día siguiente, el martes 17 de diciembre, fue el turno de Koldo García. Este negó cualquier irregularidad, al mismo tiempo que defendió ante el magistrado Leopoldo Puente la actuación de su antiguo jefe y amigo José Luis Ábalos. Sin embargo, su versión no convenció al instructor, que apenas 24 horas después, reclamaba el suplicatorio al Congreso de los Diputados para investigar formalmente al exministro de Transportes en función de los indicios aportados por Víctor de Aldama.

Ante Peinado

A la misma hora, pero varios kilómetros del norte de la ciudad de Madrid, en los juzgados de Plaza de Castilla Begoña Gómez finalizaba su declaración como investigada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

En su comparecencia, en la que respondió únicamente las preguntas de su abogado, el exfiscal Antonio Camacho, trató de defenderse de cualquier responsabilidad por apropiarse del software de la Complutense, señalando la intervención de los funcionarios de la universidad.

Sin embargo, ese mismo miércoles se conocía que Peinado había encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que comprobara si las cuentas bancarias conocidas eran "todas las que le constan a la investigada o pudiera existir alguna más". También pidió al Instituto de Empresa que le informara de los pagos realizados a Begoña Gómez.

Precisamente, este cuerpo policial, la UCO, fue el autor del informe enviado al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de información confidencial del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si bien los agentes no han encontrado pruebas de que la filtración tuvo su origen en el fiscal general, estos sí han detectado que varios cargos del Gobierno de Pedro Sánchez conocían la existencia de los datos fiscales del empresario.

Este es el caso del entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, quienes "pretendían" que el ex secretario general del PSOE madrileño Juan Lobato utilizase en el pleno de la Asamblea de Madrid los datos que le había facilitado horas antes la también asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, cuando todavía no habían sido publicados en la prensa.