La jueza que investiga el presunto espionaje a Boye con Pegasus pide los contratos firmados con España

La jueza de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, ha requerido a las empresas israelíes Q Cyber Technologies LTD y NSO Group Technologies LTD -propietaria de Pegasus-, así como a la luxemburguesa Osy Technologies SARL "todos los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que se haya suscrito con el Gobierno de España, el Centro Nacional de Inteligencia -CNI- o cualquier otro organismo o empresa pública o privada española o que trabaje con entidades españolas, para el uso del software Pegasus" en España.

La magistrada, que archivó el caso en junio de 2023, cumple así con la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que le ordenó reabrir la investigación por el presunto espionaje con Pegasus que denunció haber sufrido el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.

En una providencia, a la que ha tenido acceso El Periódico, la magistrada también acuerda la declaración en calidad de testigos de Jhon Scott-Railton, William Marczak, Bahr Abdul Razzak, Siena Anstis, Gozde Bocu, Salvatore Solimano y Rono Deibert, todos ellos relacionados con el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que fue quien denunció el espionaje sufrido por más de 60 políticos independentistas y sus abogados.

A raíz de las conclusiones alcanzadas por el organismo especializado en denunciar abusos de la alta tecnología contra los derechos humanos, Boye presentó una querella por el supuesto espionaje sufrido por el software israelí. La magistrada la admitió a trámite en 2022 y reclamó al abogado los teléfonos móviles que habrían sido "objeto de ataque", a lo que Boye se negó por la sensibilidad de los datos que guarda en ellos y salvaguardar el derecho de defensa de sus clientes.

La querella se dirigía por delito de descubrimiento y revelación de secretos contra las empresas a las que la jueza pide los contratos firmados con España, tres de sus responsables y cuantas personas estén involucradas en la intromisión ilegítima que sufrió su teléfono, entre enero y mayo de 2020 y el 30 de octubre de ese mismo año de al menos 19 ataques con Pegasus, "a través de mensajes SMS que contenían un enlace 'malicioso' ('malware'), disfrazado de notificaciones de Twitter" relacionadas con supuestos tuits de organizaciones como la oenegé Human Right Watch o el diario 'The Guardian'.

En su escrito, de 109 páginas, Boye relataba "la innumerable cantidad de medidas adoptadas por diversos estamentos del Estado español, especialmente desde las altas instancias jurisdiccionales así como por parte de radicales sectores dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de reprimir el derecho a la participación política" de Puigdemont y los 'exconsellers' declarados en rebeldía, así como otros líderes independentistas catalanes hasta sumar al menos 65.

El abogado destacaba haber sido espiado "durante el tiempo en que ha estado llevando las defensas de otros muchos políticos catalanes, convirtiéndose en objetivo de campañas de desprestigio, infundadas acusaciones incluso penales", por lo que "existen sobrados elementos para iniciar una investigación con relación el espionaje practicado sobre su dispositivo móvil entre enero y mayo de 2020, así como también el 30 de octubre de 2020 sin que se descarte que durante todo el periodo analizado el sistema de espionaje haya estado activado, que es algo que deberá determinarse en el curso de la presente investigación".