En una providencia

El juez Peinado requiere a Moncloa una lista de sus asesores a una semana de la declaración de Begoña Gómez

El magistrado reclama a la Universidad Complutense de Madrid cualquier documento relacionado con el registro del software de la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno dirigió

La defensa de Begoña Gómez asegura que los datos bancarios de la causa no son correctos

La defensa de Begoña Gómez asegura que los datos bancarios de la causa no son correctos

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa seguida contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares, ha requerido a Presidencia del Gobierno un listado de los trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa, justo cuando falta apenas una semana para que la empresaria vuelva a comparecer ante el magistrado en calidad de investigada, según una providencia a la que ha tenido acceso este diario.

El requerimiento del magistrado obedece a la petición de las acusaciones populares tras conocerse que una asesora de Moncloa habría cruzado correos electrónicos relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que dirigía Gómez. En su escrito, la acción popular apuntaba directamente a los emails de María Cristina Álvarez Rodríguez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, dirigidos a una de las patrocinadoras del curso. Álvarez está citada a declarar como testigo ante el magistrado el próximo día 20, solo dos días después de que lo haga la propia Gómez.

Las acusaciones argumentaban que con sus correos "se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez", al proporcionarle "ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas". 

En la misma providencia, el magistrado, además, concede un plazo de 10 días al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, para que le remita copia de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral (de Propiedad Intelectual, programa informático, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, etc.) en relación con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. También da cinco días al exvicerrector de Relaciones Internacionales de la UCM Juan Carlos Doadrio para que aporte la documentación relativa a la cátedra que en su declaración en el juzgado dijo que aún conservaba.

En esta diligencia, solicitada por las acusaciones, se enmarca el escrito presentado por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno en la investigación relativa a la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra. En él solicitaba que se citara a varios testigos, todos ellos personal de la Universidad, para que aclararan cómo se gestionó la aplicación del sistema, y aportaba correos electrónicos con Álvarez Rodríguez, porque, a su juicio, ponían de manifiesto que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas que dio lugar a los contratos para la elaboración del software "fue porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente".

Por otra parte, el magistrado pospone su decisión sobre llamar a declarar a María José Sánchez Rosales hasta practicar todas las diligencias ordenadas, lo que sí descarta es pedir un nuevo informe a la UCO sobre los correos cruzados entre Begoña Gómez y María Cristina Álvarez Rodríguez. Las acusaciones habían solicitado que Sánchez Rosales declarara como testigo y luego consideraron más conveniente que lo hiciera como investigada para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Se basaban en el correo electrónico que remitió el 24 de abril de 2023, en el que decía: "Para que la oferta sea más limitada, he incluido criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor. […] Si conocéis personas de la UCM que puedan valorar estos criterios, sería perfecto". Las acusaciones lo interpretan como "un indicio claro de la voluntad previa de adjudicar a una entidad previamente seleccionada, pues en caso contrario no tendría sentido" la referencia al centro universitario.