Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Zaplana por el riesgo de fuga y su fortuna en el extranjero

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, tras su condena a diez años y cinco meses de cárcel por el caso Erial, según el escrito notificado hoy a las defensas. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha señalado una vista con las defensas y la Fiscalía Anticorrupción para el próximo 7 de noviembre y decidir sobre el ingreso en prisión del exministro de Trabajo.

El Ministerio Público alega para este ingreso en prisión el riesgo de fuga ante la pena tan elevada. Se trata, además de un criterio habitual en la Fiscalía. Las penas de más de siete años se solicita el ingreso en prisión. Y más, en este caso, si está relacionado con una condena relacionada con la corrupción.

Así lo justifica el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce en su escrito, notificado hoy a las partes. "Los delitos por los que resulta condenado [Zaplana] son todos ellos graves, asociados a la corrupción en el ejercicio de las más altas funciones públicas tanto en la Comunitat Valenciana como en el gobierno de la nación, lo que determina un evidente interés social en que la sentencia sea cumplida".

El Ministerio Público recuerda, además, que la sentencia del caso Erial ha acreditado la existencia de un patrimonio oculto en el extranjero con evidente posibilidad económica para aludir la acción de la justicia, así como entramados societarios complejos". Además de tener "acceso por sus relaciones y por su nivel económico a países, fiduciarios y entidades bancarias extranjeras que no son accesibles al ciudadano medio".

Los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, Isabel Sifres y Cristina Badenes (ponente) consideraron a Zaplana "criminalmente responsable" de los delitos de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales, por lo que también lo condenan a pagar varias multas que ascienden a 25 millones. 

A Zaplana, defendido por el abogado Daniel Campos Navas, lo acompañan en la condena su asesor fiscal Francisco Grau Jornet, representado por el abogado Bosco García de Viedma, al que los magistrados también consideran "criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales", por lo que ha sido condenado a cinco años de prisión. Los otros cinco acusados afrontan penas mucho más suaves ya que, a pesar de ser piezas claves en esta trama, reconocieron los hechos y accedieron a pagar multas por valor de cinco millones.