¿Se pueden reclamar gastos por unas oposiciones suspendidas a última hora?

Durante el fin de semana, las incidencias registradas antes de comenzar las pruebas en dos importantes procesos de oposición dejaron plantados a miles de aspirantes de toda España que habían acudido a las convocatorias afrontando los necesarios gastos de traslado, alojamiento en el lugar del examen y manutención. El pasado sábado fue la Guardia Civil la que anunció una suspensión de los exámenes de acceso al cuerpo tras haberse detectado un "error en el etiquetado de una de las cajas precintadas" que contenían los exámenes, mientras que un día después una filtración de las preguntas obligó a suspender la prueba para los centenares de opositores a un puesto de informador en RTVE. 

Ante este tipo de situaciones, ¿pueden los opositores reclamar una compensación por los gastos adelantados? Fuentes jurídicas consultadas por este responden afirmativamente, aunque adelantan que las administraciones convocantes suelen asumirlos, al menos en un primer momento, como ocurrió hace unos meses en Cataluña.

La Generalitat adelantó 1,2 millones de euros -90 euros por cabeza- para compensar a lo más de 13.000 afectados por el fiasco de las oposiciones a funcionario autonómico cuya organización encargó a la empresa Cegos. Posteriormente, inició un litigio para reclamar indemnizaciones millonarias a esta mercantil.

Estas son las preguntas filtradas que han provocado la suspensión de las oposiciones en RTVE

Fuentes jurídicas del ámbito contencioso-administrativo precisan que los opositores pueden reclamar contra un funcionamiento anormal de las administraciones públicas, que tienen obligación de que sus servicios funcionen con una garantía. 

Así puede ocurrir en los casos de las convocatorias de empleo convocadas tanto por la televisión pública como por el instituto armado, aunque luego tiene que demostrarse que ha existido algún error que les pueda ser atribuido a los convocantes y que haya implicado algún esfuerzo (económico) extraordinario por parte de los aspirantes. La competencia, en función de la cuantía, correspondería previsiblemente a la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes, aunque este extremo también podría ser sometido a análisis.

Anuncio de pagos sin concretar

En el caso de las pruebas en RTVE, fuentes sindicales manifiestan a esta redacción que se había solicitado a la empresa pagar los gastos en los que han incurrido los opositores. Una propuesta que los representantes del ente se comprometieron a "estudiar", sin concretarse más allá. Los sindicatos recomiendan tener preparadas sus facturas para poder aportarlas, si bien no se ha dado fecha alguna para este trámite. La asociación de consumidores FACUA también ha pedido a RTVE el pago de los gastos y ha pedido poner en marcha un protocolo "rápido y ágil" para efectuar estas reclamaciones. De momento, las pruebas se repetirán el fin de semana del 2 de noviembre.

Desde distintos sindicatos de RTVE, dan por hecho que la corporación tendrá que hacer frente a las reclamaciones económicas que le requieran los damnificados por la suspensión de urgencia de la prueba. Nadie duda que esta situación acabará finalmente en los tribunales y que será un juez quien decida cómo proceder. En paralelo, está la investigación policial que se abrirá tras la denuncia de RTVE ante la Policía Nacional por la filtración.

Aunque la empresa no ha facilitado el escrito de la denuncia a los sindicatos ni ha aportado más detalles sobre cómo se detectó esa filtración masiva -se filtraron 83 de las 100 preguntas-, es clave conocer quién fue el que levantó la voz de alarma. En la reunión de este lunes en la Comisión de Empleo, RTVE explicó que a uno de los cinco miembros designados por la casa había recibido un escrito informando de los hechos, aunque evitó dar más detalles. Las preguntas filtradas habían circulado en chats y grupos de mensajería instantánea, y esta información podría ser clave para trazar el origen de la filtración y dar con el responsable. Distintas fuentes sindicales aseguran que, en caso de identificarle, la corporación pública debería reclamarle esa cantidad.

El alcance de las consecuencias penales que pueda tener el culpable de las filtraciones está todavía por ver, aunque desde distintos sindicatos inciden en la gravedad de los hechos, apuntando a delitos como revelación de secretos y daños y perjuicios, con el agravante de que los gastos en que RTVE previsiblemente tendrá que incurrir saldrán de las arcas públicas, al ser un ente público.

Por otra parte, RTVE ha pedido este viernes a la Audiencia Nacional que se ejecute provisionalmente la sentencia por la que este tribunal anuló varios elementos de las bases de las oposiciones, para así poder continuar el proceso selectivo en marcha en beneficio de las personas que se han presentado, informa Efe.

Concretamente, Televisión Española propone la apertura de nuevos plazos para presentar las solicitudes para participar en todos los procesos selectivos de las oposiciones, cuyas bases exigieron como requisito específico un año de experiencia, y retrotraer la tramitación de esos procesos al inicio de la fase de admisión de solicitudes.