'CASO PÚNICA'

La Fiscalía carga contra las decisiones del juez de Púnica: "Sin fundamento cambia de opinión respecto al pago de comisiones"

Las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá califican las resoluciones de García Castellón como "contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente como existentes y sólidos"

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre / Juan Manuel Prats

Tono Calleja Flórez

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 18 de abril en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un duro recurso contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de procesar a 21 excargos del PP de los Ayuntamientos de las localidades madrileñas de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Dos de los tres fiscales que han investigado el caso Púnica, en concreto María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, se quejan en su recurso de una variación injustificada del criterio del instructor en varios contratos bajo sospecha.

El primero en la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Movilidad Valdemoro, creada por las empresas Valoriza y Seys Medio Ambiente, de la gestión del servicio público de estacionamiento y retirada de vehículos en la localidad madrileña.

"De forma sorpresiva y sin fundamento en nuevas informaciones, el juzgador cambia de opinión respecto a los indicios de pago de comisiones", lamentan las fiscales, que de forma literal aseguran: "Es opinión de la Fiscalía que las referencias a estos hechos en el auto de incoación de procedimiento abreviado de 12 de abril de 2023 son contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente el magistrado como existentes y sólidos".

Por eso, las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, reclaman al juez García Castellón que tenga en cuenta y valore "correctamente" las evidencias del pago de comisiones para obtener la adjudicación de contratos municipales en Valdemoro, pues consideran que deber ser considerados como "indicios de la comisión de hechos de corrupción".

Pagos sin cobertura

En su recurso, las representantes del Ministerio Público van incluso más allá de las supuestas "contradicciones" del instructor con sus autos anteriores, y sostienen que en otros párrafos de la resolución aparecen pagos entre empresas del principal arrepentido de la trama, el empresario David Marjaliza, y la mencionada UTE Movilidad Valdemoro "por facturas sin ninguna cobertura ni prestación justificativa".

"En conclusión, es opinión de la Fiscalía que la supresión de las evidencias relativas al pago de dádivas para asegurar la adjudicación de este contrato no está fundamentada en ningún nuevo dato que justifique el cambio de criterio del magistrado instructor", prosiguen las fiscales, que concluyen que la supresión en el auto "de las evidencias relativas al pago de dádivas para asegurar la adjudicación de estos contratos no está fundamentada en ningún nuevo dato que justifique el cambio de criterio del magistrado".

María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá "no se explican las razones de no valorar lo que hasta ahora se valoraba como evidencias de pagos de comisiones", a la vez que destacan que el instructor obvia las evidencias recogidas en el atestado de Policía Judicial, en las entradas y registros, pero también la existencia de relaciones ficticias de facturas e ingresos injustificados entre la UTE Movilidad Valdemoro y las sociedades de David Marjaliza, quién ha admitido los hechos en ocho declaraciones en sede judicial.

"Evidencias sólidas"

"Se solicita del magistrado que se valoren los hechos de corrupción por las evidencias sólidas de haberse pagado dádivas por ilícitos de cohecho, por importes muy relevantes para asegurar la adjudicación irregular del contrato a la UTE Movilidad Valdemoro en concurso medial con ilícitos de prevaricación, falsificación y revelación de información reservada", concluyen las fiscales en su escrito en relación a Valdemoro.

El empresario David Marjaliza sale tras declarar en la Audiencia Nacional como imputado por el caso 'Púnica', a 14 de junio de 2022, en Madrid.

El empresario David Marjaliza sale tras declarar en la Audiencia Nacional como imputado por el caso 'Púnica', a 14 de junio de 2022, en Madrid. / GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

En relación a otros hechos también cometidos presuntamente en Valdemoro, en concreto en la adjudicación de unas obras para la construcción de una residencia de mayores, las fiscales también rechazan la decisión del juez García Castellón de considerar prescritos los hechos: "No se encuentran prescritos por no haber transcurrido el plazo de 10 años de las penas graves de prisión e inhabilitación que sancionan tan severos ilícitos", recuerda Anticorrupción.

En otra adjudicación, también en Valdemoro, vinculada a la empresa Open Sport Life Center SA, las fiscales piden al instructor que lleve a cabo "de forma eficiente" la pericial que ya acordó en enero de 2021, "dándole acceso al perito a la Pieza 5 y poniendo en su conocimiento los materiales descritos".

"Gratis et amore"

Esta diligencia es relevante, a juicio de María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, para determinar si estos hechos pueden ser calificados como un delito de malversación de caudales públicos "por los perjuicios y daño patrimonial inferido al erario municipal por la concesión de una licencia gratis et amore sobre 26.000 m2 de suelo público durante 75 años".

En el mismo sentido, las fiscales advierten de un posible error en el auto del juez, pues aseguran que varios varios investigados no aparecen en el auto final, por lo que deberían ser incluidos "por su presunta participación como cooperadores necesarios en los hechos de corrupción, cohecho, malversación, falsedad de documento mercantil, oficial y público, y prevaricación".

"Absolutamente desolador"

Por su parte, el PSOE ha apoyado el recurso de las fiscales, pues considera "absolutamente desolador [...] los constantes cambios de criterio del Juzgado Instructor", que en opinión de los socialistas "atentan contra la seguridad jurídica de las partes, sin que les conste ningún tipo de actividad instructora que pudiese contradecir lo ya recogido en otros autos y ratificado en la mayor parte de los casos por la propia Sala en apelación".

Además, la representación letrada del PSOE califica de "sorprendente" la decisión del juez de recurrir a la prescripción "para quitarse de en medio de tantos y tantos investigados y tantos y tantos hechos delictivos".